Andalucía | Carmen Molina, coportavoz de EQUO Andalucía Verdes, insiste en que el parque de vivienda público no responde a la demanda real

Javier F. Ferrero

La coportavoz de EQUO Andalucía Verdes y parlamentaria andaluza, Carmen Molina, ha afirmado durante su comparecencia tras la intervención del consejero de Fomento y Vivienda en el Parlamento andaluz, que la falta de financiación, un parque público inestable, envejecido e insuficiente, y la ausencia de medidas específicas para colectivos especialmente vulnerables, son las principales carencias que presenta la política pública de vivienda del Gobierno andaluz.

Molina ha indicado que “la política de vivienda no se entienda como una política pública de carácter social, sino como algo eminentemente económico”, y ha criticado el nuevo Plan estatal de Vivienda 2018-2021 porque es un plan “ficticio, sin financiación. Resulta indignante que, en una situación de emergencia habitacional, el Estado apruebe un Plan de Vivienda que destina el 0,03 del PIB a posibilitar el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada; y todavía resulta más indignante si recordamos que ha sido la falta de control público del mercado inmobiliario y financiero el que ha provocado la crisis más grave que ha sufrido este país”..

La parlamentaria andaluza ha sentenciado que este nuevo plan “sigue sin apostar por la creación de un parque público de alquiler. No se contemplan nuevas formas de promoción de alojamientos, por ejemplo, sobre suelo dotacional; ni se garantiza que en las operaciones de promoción el suelo siempre se quede en manos públicas”. Asimismo,  ha insistido en que “no existe oferta suficiente de viviendas en alquiler a un precio razonable que responda a la demanda real. Es decir, no hay oferta de vivienda asequible, y por ello los recursos públicos deberían dirigirse a la producción de un parque estable y suficiente de vivienda pública en alquiler”.

La política de vivienda andaluza actual no garantiza además alternativa habitacional en los desahucios de familias en riesgo de exclusión social; no dirige las ayudas de rehabilitación a los grupos sociales más vulnerables, sino a cualquier persona propietaria; y carece de medidas de control sobre las viviendas que disfrutan de subvenciones públicas.

La oferta de vivienda protegida de titularidad pública en Andalucía es menor que en otras comunidades, concentrada en las capitales de provincia, de una antigüedad considerable, con regímenes de calificación posiblemente vencidos, y menguando por la venta sostenida de la misma”, ha abundado la parlamentaria, que ha concluido señalando que “el Gobierno ha aprobado un plan sin recursos, que confía de nuevo en el mercado libre de vivienda como fórmula de acceso a este bien de primera necesidad, sin regular adecuadamente el uso de las viviendas subvencionadas con dinero público, apostar por un parque de alquiler público, ofrecer respuesta ante los desahucios, o presentar medida alguna con perspectiva de género”.

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