Federico Giordano
El año 2019 ha supuesto un cambio de paradigma en Latinoamérica con el inicio de un ciclo de movilizaciones sociales en diversos países, que ha llevado a la prensa y los ciudadanos del mundo entero a posar su mirada en la región sorprendidos por la postura combativa que millones de latinoamericanos han asumido, echándose a la calle en defensa de sus derechos y en contra de las políticas neoliberales.
Si el 2018 se cerraba con el agridulce sabor de las llegadas de, por un lado, Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México y, por otro lado, Jair Bolsonaro a la de Brasil, el 2019 trajo decenas de momentos de vital trascendencia para el devenir de la región.
Combatir la ideología de género y privatizar todo lo que sea posible
El año comenzaba con la asunción el 1 de enero del propio Jair Bolsonaro, quien aseguró que a partir de ese día la bandera del Brasil sólo sería roja “si es necesario que nuestra sangre la mantenga verde y amarilla”.
“Me presento ante la nación este día en que el pueblo empezó a liberarse del socialismo” afirmó el mandatario en su discurso de toma de posesión, en el que comprometió a combatir la “ideologización de niños” y la “desvirtuación de los Derechos Humanos” con una política educativa que «combatirá la ideología de género y restablecerá los valores éticos y morales».
Sin embargo, y a pesar de sus supuestas intenciones de restitución de la moral cristiana, no tardó mucho el Ejecutivo en mostrar cuáles eran sus verdaderas intenciones tras llegar al Palácio do Planalto: el 3 de enero el Ministro de Infraestructura Tarcísio Gomes de Freitas declaró que en el país, a partir de ese momento, “será privatizado todo lo que se pueda”.
Guaidó el autoproclamado
El 10 de enero Nicolás Maduro tomó posesión de su cargo como Presidente de Venezuela en medio del rechazo de diversos actores de la comunidad internacional, destacando la combatividad del llamado Grupo de Lima y del Secretario General de la OEA, Luis Almagro. El día 11 el mundo conoció a Juan Guaidó, presidente de la opositora Asamblea Nacional, quien se autoproclamó Presidente de Venezuela, siendo reconocido por más de 50 países (entre ellos Estados Unidos, España, Alemania o Francia), llevando la crisis venezolana a un nuevo nivel, con una creciente injerencia de actores internacionales que han utilizado a Venezuela como tablero para sus disputas geopolíticas.
Dicha crisis tuvo uno de sus puntos más álgidos en febrero con el envío por parte de Estados Unidos y otros países de una serie de contenedores con supuesta ayuda humanitaria, el cual fue rechazado por el gobierno venezolano, quien bloqueó el acceso de los mismos al país, calificando dicho intento como la antesala de una invasión estadounidense o de un golpe de Estado apoyado por la nación norteamericana.
Sin embargo, el momento más crítico se vivió el 30 de abril, con la puesta en marcha por parte de la oposición de la denominada Operación Libertad, un levantamiento cívico-militar contra el gobierno de Maduro, calificado por éste y por gran parte de la comunidad internacional como un intento de golpe de Estado, el cual no tuvo un final fructífero debido a la respuesta popular y del Gobierno, quienes resistieron y rechazaron el intento. Tras esta infructuosa tentativa la situación el país se relajó un poco, y, si bien los enfrentamientos entre oposición y Gobierno han continuado, la sensación generalizada es que Guaidó ha perdido gran parte del empuje inicial, así como muchos de sus apoyos, quienes le dieron la espalda tras ver el cariz antidemocrático del líder opositor, en particular a partir de los sucesos del 30 de abril.
Haití se levanta
El 7 de febrero dieron comienzo las protestas en Haití, tras desvelarse una trama de corruptelas en el seno del Gobierno del país caribeño, mediante la cual altos funcionarios hicieron un uso indebido de fondos provenientes del programa Petrocaribe, a través del cual Venezuela suministra petróleo a este país con precios reducidos. Este caso, sumado a la fuerte crisis económica que sufre el país, llevó a la ciudadanía a movilizarse y reclamar la renuncia del Presidente Jovenel Moïse.
Si bien las protestas no han cesado en todo el año, siendo especialmente fuertes en los meses de febrero y junio, a partir de septiembre el país ha vivido una brutal escalada de violencia y represión, alcanzando la cifra de al menos 76 muertos según la ONU y la CIDH, sin que ello supusiera aún la renuncia del Presidente Moïse.
Puerto Rico a la calle
El 13 de julio se iniciaron una serie de protestas en Puerto Rico contra el gobernador de la isla, Ricardo Roselló, a raíz de la filtración de unas conversaciones de un grupo de Telegram donde el gobernador se burlaba de las víctimas del huracán María que azotó a la isla en el 2017. Estas revelaciones, sumadas a la crisis económica que atraviesa el país, y a las diversas denuncias de corrupción que pendían sobre el gobierno de Roselló, llevó a la ciudadanía a salir a la calle, sucediéndose las movilizaciones, que acabaron con la renuncia del gobernador el 2 de agosto.
El Amazonas en llamas
En agosto la selva amazónica pasó a cubrir todas las portadas y telediarios del mundo debido a los graves incendios acontecidos en la zona, en donde se incendiaron cerca de 170.000 hectáreas en todo el año. Esta situación, sumada al desmantelamiento, por parte del gobierno de Bolsonaro, de las políticas medioambientales precedentes, y al potenciamiento de las políticas de deforestación llevadas a cabo por el ejecutivo brasileño, llevaron a una fuerte reacción y condena por parte de la comunidad internacional, llamándose incluso al boicot de productos brasileños. La respuesta del gobierno carioca se centró en acusar a ONGs de ser los causantes de los incendios, a la vez que rechazaba cualquier tipo de ayuda internacional por calificarla de injerencista.
La vuelta del kirchnerismo
El 11 de agosto, en medio de la mayor grave crisis económica que sufría el país desde el 2001, se celebraron en Argentina elecciones primarias para definir quiénes serían los candidatos a la Presidencia del país en las presidenciales del 27 de octubre. El resultado dio como vencedor al opositor Frente de Todos, que obtuvo el 47,79% de los votos frente al 31,8% del partido oficialista, siendo electos Alberto Fernández y Mauricio Macri como principales candidatos presidenciales.
Los resultados de las primarias y la reacción del Presidente Macri llevaron a un agravamiento de la ya más que frágil situación económica del país, incrementándose drásticamente el precio del dólar y la inflación en los días posteriores a las primarias. Sin embargo, la respuesta de los mercados internacionales no fue suficiente para amedrentar a un pueblo argentino cansado y empobrecido por las políticas liberales de Cambiemos, y en las presidenciales de octubre el Frente de Todos volvió a vencer, con el 48,24% de los votos.
El 10 de diciembre Alberto Fernández asumió como Presidente, con Cristina Fernández de Kirchner como Vicepresidenta, volviendo así el kirchnerismo al poder en medio de una ola de ilusión y empuje social. Sin embargo, el margen de maniobra del nuevo ejecutivo es muy reducido debido a las deudas asumidas por el gobierno de Cambiemos con el FMI, y a la crisis económica que sufre el país, con un 2019 que ha dejado una subida del dólar de entorno a un 70% (lo cual, lógicamente, implica una depreciación del peso argentino de igual magnitud) y una inflación del 54% (frente al 5% que había proyectado el ejecutivo de Macri), por lo cual el futuro de la nación rioplatense es todavía incierto.
Ecuador en pie
El 1 de octubre el Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció un paquete de medidas económicas, entre ellas la eliminación del subsidio a la gasolina, con las que el Ejecutivo buscaba liberalizar y estimular la economía ecuatoriana. Dicho paquete contó desde el primer momento con el rechazo mayoritario de las organizaciones sociales y sindicales, entre las que destaca la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), quienes llamaron a la movilización. La respuesta del Gobierno fue la declaración el 2 de octubre del estado de excepción.
Entre los días 2 y 13, diversas manifestaciones se sucedieron, con graves enfrentamientos entre los cuadros opositores y las fuerzas gubernamentales, las cuales emplearon ferozmente la violencia para reprimir a los manifestantes. La fuerza de las calles fue tal que el día 7 de octubre el Gobierno tuvo que trasladar su sede a la ciudad de Guayaquil dada la gran presencia de fuerzas opositoras en Quito.
El día 13 de octubre el ejecutivo de Moreno pactó con la CONAIE la derogación del decreto 833 que ponía fin a los subsidios a la gasolina, dándose así zanjado el ciclo de protestas, si bien la situación continúa a ser tensa. El saldo de manifestantes asesinados es al menos de once personas, y el de heridos supera los 1300.
#RenunciaPiñera
El 18 de octubre comenzó el ciclo de manifestaciones en Chile, surgido, en un principio, por el alza por parte del Gobierno de Piñeira del precio del metro de Santiago. En el contexto de un país con una economía regida desde la dictadura de Pinochet por los principios del neoliberalismo, y el cual se presenta internacionalmente como una especie de paraíso dentro del contexto continental, pero que cuenta con un alto índice de desigualdad y un bajísimo índice de movilidad social, dicha medida fue suficiente para prender la mecha de las protestas en una población cansada de hacer frente a los altísimos y crecientes costes de vida, y que ve cada vez más reducidas sus expectativas de ascenso social.
El Gobierno de Piñera respondió con una brutal represión y violencia, apoyado en los Cuerpos de Carabineros, con la constante violación de Derechos Humanos recogida en decenas de casos de torturas, violaciones y asesinatos denunciados por diversas organizaciones internacionales, entre ellas Human Rights Watch. A esto hay que sumar la declaración de estado de excepción y toque de queda en diversas zonas del país, entre ellas Santiago y Valparaíso, núcleos de la movilización social, lo cual, en lugar de mitigar la fuerza de la oposición cívica al Gobierno, llevó a un incremento del apoyo ciudadano a las protestas.
Las manifestaciones se fueron sucediendo y las escenas de violencia y represión policial se fueron convirtiendo en cotidianas, aumentando a la vez la presión internacional sobre el Gobierno chileno, lo cual llevó a Piñera a ceder y proponer el 11 de noviembre una Asamblea Constituyente que diese forma a una nueva carta magna. Si bien dicha iniciativa contó con el apoyo de ciertos partidos opositores, en particular de la coalición Nueva Mayoría, plataforma liderada por la ex Presidenta Michelle Bachelet, la misma generó el rechazo mayoritario de la ciudadanía movilizada, quienes vieron en la propuesta un intento de Piñera de limpiarse las manos y blindarse, por lo que continuaron exigiendo la renuncia del Presidente y la convocatoria de un Congreso Constituyente una vez el mandatario estuviera fuera del poder.
En las semanas posteriores las movilizaciones se siguieron sucediendo, y a día de hoy no se vislumbra una salida inmediata al conflicto, con una ciudadanía desarmada pero digna que no abandona las protestas y la lucha en las calles. Se ha convocado un plebiscito para el día 26 de abril del 2020 para decidir si se redacta una nueva Constitución, pero los enfrentamientos y las violaciones de derechos humanos no han cesado. Según fuentes gubernamentales al menos 26 personas han fallecido en el marco de las protestas, cifras cuestionadas por diversas organizaciones sociales y por la propia ciudadanía, quienes acusan al Gobierno de ocultar la verdad y manipular los números. Según el informe anual publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, el total de denuncias por violencia sexual asciende a 207, y las denuncias de torturas se cifran en 392. En cuanto a los heridos, el INDH cifró en 3.557 el total de personas heridas desde el inicio de las protestas, de las cuales 359 han sufrido heridas oculares causadas por disparos de los Carabineros. Muchos de estos heridos han perdido parcial o totalmente la vista, convirtiéndose en uno de los símbolos de la resistencia ciudadana.
Golpe de Estado en Bolivia
El 20 de octubre se celebró la primera ronda de las elecciones presidenciales en Bolivia. Fallos técnicos en el recuento de votos llevaron a la oposición a calificar las elecciones de fraudulentas y a no reconocer la reelección de Evo Morales sin necesidad de segunda vuelta, lo cual llevó a movilizaciones desde la propia noche electoral, instigadas por el líder y candidato opositor Carlos Mesa.
Las manifestaciones se sucedieron y la situación pasó a cobrar importancia en el contexto regional e internacional, con diversos actores posicionándose a un y otro lado. En este sentido, la deplorable actuación de la OEA y, en particular, de su Secretario General, Luis Almagro, quien, en lugar de ejercer un papel de mediación tal y como corresponde a su cargo, se posicionó desde un comienzo claramente en contra de Evo Morales sin necesidad de pruebas que certificaran el supuesto fraude, dio alas a una oposición envalentonada por el apoyo internacional y organizada en torno a una alianza entre fuerzas evangelistas y terratenientes, este último sector representado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, liderado por la lúgubre figura de Fernando Camacho.
En este contexto, y a pesar de la oferta de Evo Morales de una repetición electoral que pudiera zanjar la crisis política, la presión de la oposición fue en aumento, con violentas persecuciones a líderes sociales incluídas, lo cual acabó llevando a que el 10 de noviembre el General de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, exigiese a Morales su renuncia, la cual tuvo lugar el mismo día. El golpe de Estado se acabó consumando el día 12 de noviembre con la proclamación, en una sesión sin quórum dada la no participación de los diputados del MAS, de la opositora Jeanine Áñez como Presidenta, y con el exilio el 13 de noviembre de Evo Morales y el ex Presidente Álvaro García Linera a México.
Diversos informes han corroborado que no hubo ningún fraude en el proceso electoral, entre ellos el Center for Economic and Policy Research, pero nada de ello ha sido suficiente para frenar el golpe de Estado instigado por las élites. A la posteridad quedarán las imágenes de Áñez recibiendo la banda presidencial por parte de un militar, su sonrisa mientras posaba con la Biblia en el balcón del Palacio Quemado arropada por los militares, la entrada de Camacho al Palacio con una biblia, o la quema wiphalas por parte de opositores, confirmando así el carácter racista y religioso del golpe.
Actualmente Morales y Álvarez Linera residen en la Argentina, y sobre el ex mandatario pende una orden de captura por parte del Estado boliviano, la cual probablemente no se hará efectiva ya que posee el estatus de refugiado político. El Gobierno de facto boliviano ha asegurado que convocará elecciones para el próximo año, elecciones a las cuales Evo Morales no podrá acudir como candidato.
Lula Libre
En medio de la convulsa situación continental la izquierda latinoamericana, y mundial, tuvo la oportunidad de saborear una gran victoria el 8 de noviembre cuando, tras 580 días de prisión, el ex Presidente brasileño Lula da Silva fue finalmente liberado. Al salir, arropado por miles de seguidores que, igual que millones de ciudadanos cariocas, llevaban desde su encarcelamiento clamando por su libertad, el ex mandatario aseguró “estar con muchas ganas de volver”.
“Tengo un objetivo en la idea de construir una integración latinoamericana muy fuerte. Aún continúo con el sueño de construir nuestra gran Latinoamérica”, dijo a sus simpatizantes, abriendo así las puertas para una posible candidatura futura, y encendiendo una luz de esperanza para la izquierda continental.
Colombia se mueve
El último ciclo de movilizaciones importantes vivido en Latinoamérica está teniendo lugar en Colombia. El mismo comenzó el 21 de noviembre con la convocatoria por parte de diversos actores sociales de un paro nacional motivado por el descontento con diferentes medidas políticas, económicas y sociales que el gobierno de Iván Duque ha llevado adelante desde su asunción en 2018, por los crecientes atentados hacia líderes sociales y campesinos, y por el no respeto de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto con las FARC firmado en el año 2016. Las protestas tuvieron su pico a finales de noviembre, pero las mismas continúan hasta hoy, saldándose al menos con tres muertos y más de 500 heridos.
Otros acontecimientos relevantes
Cabe destacar otros sucesos políticos acontecidos en el año los cuales, si bien no han tenido tanta repercusión internacional, son clave para entender el futuro de la región. Entre ellos sobresale la crisis política que atraviesa Perú desde el 2017, la cual se profundizó en septiembre de este año cuando el Presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso, acción de dudosa constitucionalidad la cual ha sido denunciada por el ex Presidente del Congreso y que está actualmente siendo juzgada por el Tribunal Constitucional. El 1 de octubre Vizcarra convocó elecciones presidenciales para el 26 de enero del 2020.
En el plano de las movilizaciones sociales cabe hacer mención a la crisis política iniciada en enero en Guatemala a raíz de la decisión del presidente Jimmy Morales de echar a los investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como al ciclo de protestas ocurrido en octubre en Honduras en el cual se exigió la renuncia del Presidente Juan Orlando Hernández como consecuencia del juicio por narcotráfico contra el hermano del mandatario, Tony Hernández, llevado a cabo en Estados Unidos.
En el plano electoral también habría que hablar de dos hitos importantes, y de diferente sabor para la izquierda latinoamericana: por un lado, la derrota del Frente Amplio en
Uruguay en las elecciones presidenciales y la llegada de una coalición de derechas, encabezada por Luis Lacalle Pou, al poder del país rioplatense tras quince años de gobierno frenteamplista; por otro lado, la llegada a la alcaldía de Bogotá de la izquierdista Claudia López, primera mujer en llegar a la alcaldía de la capital colombiana y quien, a mayores, es lesbiana, lo cual ha supuesto un gran triunfo para la izquierda de un país que lleva años gobernado por la derecha.
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