
Entrevistamos a Àlex Romaguera, periodista que publica habitualmente en las páginas de Gara y Público, y que viene de publicar en la editorial Txalaparta, ‘Víctimas S.A.’.
Por Angelo Nero | 2/12/2025
En estas páginas, en NR, hemos dicho en varias ocasiones que hay tres tipos de víctimas de la violencia política en el estado español. En primer lugar están las víctimas de los grupos armados que han luchado contra el estado, antes y después de la dictadura; en segundo lugar las víctimas de la represión franquista; y en tercer lugar, las víctimas de la violencia policial y de los grupos paramilitares de la extrema derecha, durante la Transición. ¿Crees que este es un análisis correcto? ¿Que los principios de Verdad, Justicia y Reparación no son iguales para todas las víctimas? Y si es así, ¿A qué es debido la exclusión de las víctimas de segundo y tercer orden en el reconocimiento del estado y de una parte de la sociedad española?
Realmente no hay una equidad, en el sentido de que no se tratan a todas las víctimas por igual, sino en función de quién es el victimario. Desde el estado español, la arquitectura que se ejerce desde la Transición, en política, ya se ha apuntado un marco legal que prioriza a las víctimas causadas por grupos insurgentes, y se olvida, y quedan arrinconadas, las víctimas causadas por las fuerzas policiales y por la extrema derecha, aunque alguna de estas si se han ido incorporando, poco a poco, con mucha demora y sin tener todas las prerrogativas satisfechas.
Hay una doble vara de medir, y eso obedece al modelo de Transición que se pactó, entre las élites políticas procedentes del franquismo, que derivó en la primera Ley de Solidaridad con las víctimas, que se aprobó en 1999, y es el resultado de un pacto entre el Partido Popular y la AVT, que participó en su redacción, donde ahí ya quedan excluidas de cualquier prerrogativa en materia de justicia y reparación las víctimas causadas por los cuerpos de seguridad y por los grupos de ultraderecha. Una ley que contraviene el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por las Naciones Unidas, y que España ratificó en 2001.
Este Convenio, que la normativa española vulnera, estipula que no solo se tiene que atender a las víctimas causadas por la violencia clandestina, que atentaba contra el orden establecido, también lo ampliaba a las víctimas de la violencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, por lo tanto la ley española de 1999 y, después, su segunda versión, la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, de 2011, ambas leyes solo consideran víctimas reales las causadas por los grupos insurreccionales, obviando lo que dicen las Naciones Unidas, respecto a las víctimas causadas por el propio estado y por las tramas ultras, en el marco de la guerra sucio o del terrorismo de estado.
En la Transición ya se prefigura esa categorización, y como dicen Jon-Mirena Landa y Carlos Martín Beristain esas leyes se pensaron únicamente para servir a las víctimas de ETA y del GRAPO, posteriormente a las de los atentados yihadistas del 2004, pero no para atender a las víctimas causadas por las estructuras del estado.
En ‘Víctimas S.A.’ haces una radiografía completa de las asociaciones que agrupan a las víctimas de primera, a aquellas que han sido amparadas por el estado, reconocidas y, en muchos casos, utilizadas con fines políticos, mayormente por la derecha, ¿qué te lleva a escribir este profundo estudio sobre este las víctimas de la violencia política generada por organizaciones armadas como ETA y los GRAPO?
En el estado español hay 34 asociaciones de víctimas, todas ellas o su mayoría, dependen de la AVT o están están capitaneadas por ella, que es la organización que en 1981 fundaron tres viudas de militares y que PP y PSOE, en el año 2000, a raíz del Pacto contra el Terrorismo, instauraron como la asociación de referencia, hasta el punto de otorgarle la presidencia de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que es el paraguas que agrupa a todas ellas.
Mi interés ha sido ver como esa asociación se convierte en el buque insignia del relato oficial que se quiere imponer, en el estado español, respecto a la Memoria y a la violencia acontecida durante el tardofranquismo hasta la actualidad, pero también durante la guerra civil y la dictadura. Para mí es muy significativo, porque, a través de esta entidad se instaura un discurso hegemónico según el cual hay unas víctimas, que son las cometidas por los grupos que luchaban contra la dictadura, en su momento, y después contra los Pactos de la Transición, y seguidamente se oculta se oculta todas las causadas por los aparatos del estado.
Me interesa ver como esta asociación, lejos de atender a sus propios estatutos, que en el artículo 3 indican claramente que su misión es acompañar a las víctimas, se extralimita en sus funciones y, sobre todo a partir de 2004, empiezan a tener un lobby político al servicio de la derecha. Al no reconocer la victoria de Zapatero, a raíz de los atentados del 11-M, y con el apoyo del PP y más tarde de VOX, se incide en la ofensiva reaccionaria, que tiene lugar en el estado español desde 2005, de proyectar un discurso al servicio del nacionalcatolicismo, militarizado, absolutamente ofensivo y criminalizador de los movimientos soberanistas y de izquierdas. Para mi es el instrumento que el estado y la derecha ha utilizado para hacer del dolor un sitio político y espurio.

Llama mucho la atención que desde algunas de estas organizaciones, además de defender, lícitamente, los derechos de las víctimas, también se convoquen manifestaciones a favor de la unidad de España, o en contra de un determinado gobierno de coalición, o se pida el voto para una determinada opción política ¿están claros sus objetivos, o hay algunos que no están declarados en sus estatutos?
Para mí hay una perversión moral. La AVT, que en 2004 fue catalogada como una asociación de interés público, se ha arrogado el papel de representar a todas las víctimas, como si las víctimas tuvieran todas una opinión sobre todo lo que acontece a nivel del estado, en materia de derechos civiles y políticos, pero también como si las víctimas que representan fueran las únicas que han ocurrido en el estado español, obviando que hay numerosas víctimas causadas por los aparatos policiales, que no han tenido la atención que se merecen.
Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Unión Europea, exige al estado que también se reconozcan, y por tanto, la AVT encarna esa mirada estigmatizante, univoca, respecto a la memoria, de tal modo que hoy en día está respaldando la ley de la Concordia, que es la iniciativa que PP y VOX están haciendo en las comunidades autónomas de derogar la ley de Memoria Democrática de 2002, para equiparar las víctimas del franquismo con las que supuestamente causo la República en los pocos años que existió.
Para mí era muy importante constatar como en el estado español hay ese déficit democrático y, en nombre de las víctimas, está operando una organización que se arroga toda la representación que se inhibe de la pluralidad ideológica del colectivo, que niega la existencia de otras víctimas, más allá de las reconocidas en la asociación que ellos han promovido y, por tanto, era documentar como desde el 81, en su nacimiento, hasta el día de hoy, se ha ido articulando como una pieza clave dentro del engranaje de la amalgama de grupos que actualmente están protagonizando esa ofensiva reaccionaria.
También señalas en el libro los vínculos entre las grandes empresas del estado español y estas asociaciones de víctimas, ¿hasta dónde llegan estos vínculos y qué beneficio saca el gran capital de esta relación?
Es muy importante, porque siempre hablamos de que el estado español no ha hecho un ejercicio de justicia transaccional, sino que han mantenido las estructuras jurídicas y económicas de la dictadura, no hay que olvidar a las grandes compañías que se enriquecieron con el franquismo y que hoy continúan operando con toda normalidad, y monopolizando el mercado. En este sentido la AVT recibe subvenciones o ayudas de un grupo importante, que a cambio de ofrecer sus servicios pone dinero y también la AVT las promueve. Son Iberdrola, Repsol, incluso equipos del fútbol como el Real Madrid, toda una serie de empresas que muchas provienen de la época franquista y se han perpetuado.
Ese supuesto gesto filantrópico les permite lavar su imagen, ofrecer a las víctimas un gesto de ayuda, parapetarse en su dolor para presentarse a la sociedad como empresas que están por ayudar a las personas afectadas por atentados. Pero todo es una relación de conveniencia. En la AVT con el sponsor de estas compañías puede dinamizar sus encuentros de mindfulness, hacer cursos, parques temáticos, generar comunidad, en definitiva, y ampliar su influencia social, y estas empresas a través de ofrecer servicios y brindar apoyo a la AVT se lava un poco la cara, para obtener más clientela.
De hecho, en 2001 cuando se crea la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que deriva del Pacto por las Libertades, ya hay una presidencia en la que está la AVT, y luego una junta con personas con cargos públicos del estado y asociaciones de referencia, y después hay toda una lista de empresas que van a formar parte de la Fundación. Esas compañías también están muy implicadas orgánicamente en todo lo que ese discurso, y acompañan a la AVT a la hora de hacer encuentros, como cuando el Corte Inglés organiza una carrera popular de recuerdo a las víctimas, y está alimentado ese discurso maniqueo y univoco en relación a la víctimas de la violencia producida en el estado.
Hay cosas tan curiosas como cuando fue el atentado que cometió ETA en los almacenes Hipercor, de Barcelona, el Corte Inglés llamó a medios para que no citaran el hecho de que el Hipercor depende del Corte Inglés. También se ha procurado cuando les ha convenido a estas compañías dar una imagen impoluta, y sensible a las víctimas, ocultando todo aquello que le incomodara.
Por otra parte, ¿existe algún tipo de conexión entre la AVT, por señalar a la más representativa, con otro tipo de grupos de presión Hazte Oír, DENAES o es simplemente una coincidencia en el relato que se intenta imponer en la sociedad?
A partir, sobre todo, del atentado del 11-M en Madrid de los yihadistas, que coincide con la entrada de Francisco Javier Alcaráz como presidente de la AVT, donde, con el apoyo del PP, urde lo que se llama la Rebelión Cívica, donde no solo deslegitima la entrada de Zapatero al gobierno, sino que a través de doce movilizaciones, empieza a extender un discurso contra la izquierda y a articularse y coaligarse con otros grupos conservadores. Aquí hay, por ejemplo, como la AVT participa en 2009 con Hazte Oír en varias campañas, y dentro del Foro de Familia se opone a la Ley de Matrimonios Homosexuales, y posteriormente a la Ley del Aborto. Por un lado empieza a inclinarse hacia el modelo social que promueve con las fuerzas reaccionarias del estado, después también se observa, en relación con los grupos que se oponen a la consulta en Cataluña del 9N del 2014, y posteriormente del referéndum del 1 de octubre de 2017.
En ese sentido la AVT se instala o asume perfectamente el discurso por la unidad de España, hasta el punto, con el apoyo de la Conferencia Episcopal Española, de asumir ese discurso según el cual la unidad de España es un valor atemporal y sagrado. Cualquier movimiento que plantee el derecho a decidir, incurriendo en un agravio moral, atenta contra los valores éticos y contra las ideas patrias que cabe defender, y en ese sentido hay una conexión directa con los grupos ultracatólicos, con el nacionalcatolicismo, y con la extrema derecha y las plataformas españolistas como Sociedad Civil Catalana o Libres e Iguales, que son las dos plataformas que en Cataluña se manifestaron contra el procés, o contra el derecho a decidir del pueblo catalán.
Del mismo modo que para exhibir su defensa acérrima de la unidad de España, hace todo un discurso otorgando a las fuerzas policiales, la misión de defender la unidad del estado, y por eso ha llegado a convenios con grupos, asociaciones y sindicatos policiales, y en las propias movilizaciones de la AVT ha incorporado toda la cultura y todos los rituales castrenses. Hasta el punto de honrar la bandera española, cosa que en sus inicios no había hecho. Ahora, incluso, en algunas movilizaciones de la AVT suena el canto a la muerte de los legionarios.
Por lo tanto hay una iconografía, un discurso, que nos retrotrae a los principios del Movimiento, que son Dios, Patria y Familia. Es el triangulo que la AVT ha ido incorporando para atacar a la izquierda y para criminalizarla, para arremeter contra cualquier proyecto social basado en el laicismo, la verdad, la justicia social y los derechos de los pueblos. Es un instrumento político al servicio de una idea muy decimonónica del estado.
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Después del 11-M (atentados yihadistas cometidos en Madrid el 11 de marzo de 2004) el PSOE y resto de la izquierda comenzaron a polarizar y crispar a la sociedad española. Lo hicieron con la ayuda de algunos medios de comunicación y con periodistas como Casimiro García Abadillo y Federico Jiménez Losantos, los cuales desarrollaron y difundieron lo que se conoce como «las teorías de la conspiración del 11M». Así continuaron durante 10 años.
Zaplana y Acebes jalearon a estos periodistas con más de 300 preguntas parlamentarias durante esa legislatura (2004-2008). Esas «teorías» fueron la causa principal por las que el PP, liderado por Rajoy, perdiera las elecciones generales de 2008. Recuerden: Zapatero a Gabilondo en una entrevista «a nosotros nos interesa la tensión».
El PP, en lugar de dedicar su esfuerzo a neutralizar las políticas sectarias del PSOE de Zapatero, se dedicó a intentar lavar su error de adjudicar la autoría a la banda terrorista ETA.
Una de esas políticas sectarias fue, en connivencia con el PNV y Herri Batasuna (ETA), negociar con los terroristas de ETA, no sólo el abandono de las armas, sino también la progresiva incorporación de miembros de la banda ETA a las instituciones (empezando por los Ayuntamientos), el perdón de los terroristas aligerando el cumplimiento de las penas y, lo más importante, ir cambiando el relato introduciendo nueva terminología.
Ya, desde el 2004, se veía venir lo sucedido; sin embargo el PP seguía dándole vueltas al11-M.