Había nacido 33 años antes en el barrio vigués de Bouzas, había hecho su vida en Euskadi, y tenía una tienda de electrodomésticos en Pasaia, aunque su verdadera pasión era la música, y la música lo había llevado hasta allí
Por Angelo Nero
Era un 12 de junio de 1976, hace 46, cuando el grupo Alarma -no confundir con Alarma!!! el trío que lideraría Manolo Tena, en 1983- actuó en la discoteca Jai Alai de Eibar, en el IIII Certamen de la Canción Vasca, uno de tantos festivales que comenzaban a reflejar las inquietudes, musicales, pero también sociales y políticas, de una juventud que comenzaba a respirar, aunque no mucho después de la “longa noite de pedra” del franquismo. Alberto Soliño Mazachs, un joven que había nacido 33 años antes en el barrio vigués de Bouzas, había hecho su vida en Euskadi, y tenía una tienda de electrodomésticos en Pasaia, aunque su verdadera pasión era la música, y la música lo había llevado hasta allí, ya que era el batería de Alarma.
Eran las tres de la madrugada. Habían acabado la actuación y, tras la adrenalina del público y de los focos, tocaba recoger, y Alberto se afanaba en meter el bombo, las cajas y los platillos en el coche, haciendo un tetris con el resto de los instrumentos del grupo, y le indicó al cantante que trajera el órgano, aunque las puertas estaban muy próximas a otro vehículo y dificultaban la maniobra. En eso estaba cuando vio como el cantante del grupo se enzarzaba en una discusión con un alguien que, en medio de la disputa, esgrimía una pistola y le apuntaba al vientre. El hombre, visiblemente alterado, no quería mover su coche para que el cantante de Alarma pudiera acabar de cargar los instrumentos, se llamaba Luis Carpintero Taravilla, y era un guardia civil, aunque no estaba de servicio y, por lo tanto, vestía de paisano. Alberto intentó mediar en la discusión,»¿Qué pasa? ¡Hablando se entiende la gente!», le dijo, pero el agente disparó primeramente al suelo, luego le golpeó con la culata de su arma, fracturándole el cráneo, y después le disparó a bocajarro.
Su mujer, Maribel González, ante algunas informaciones que daban otra versión de los hechos, recordaba: «Nadie pudo echarse encima de él porque iba armado. Fue el mismo guardia civil quien metió a Alberto moribundo en su coche y lo dejó tirado delante del cuarto de socorro después de decir que le había matado», relata. Maribel quedaba viuda y con tres hijos, el mayor de cinco años, cuando se trasladó a Eibar para reconocer el cadáver: «Estaba, como encogido, en una caja. Al verlo lo levanté, le cogí la cabeza y los sesos se me quedaron en la mano. Mi hermana me decía: ¡Déjale, déjale!».
El gobierno civil de Guipúzcoa, presidido por el franquista Juan María de Araluce (que el 4 de octubre de ese año perdería la vida en un atentado de ETA), publicó al día siguiente una lacónica nota de prensa: «se produjo una discusión derivada, al parecer, por diferencias en cuanto al aparcamiento de un coche, en cuyo transcurso el guardia civil, Luis Carpintero Taravilla, que allí se encontraba, libre de servicio y vestido de paisano, hizo uso de la pistola que portaba, alcanzando a Alberto Solino Mazas, partícipe también de la aludida discusión, de 33 años de edad, nacido en Bouzas, Vigo (Pontevedra) y con domicilio en Pasajes». Añadiendo que el guardia civil había sido puesto en disposición de la autoridad judicial, pese a que, aunque en un primer momento fue suspendido de empleo y sueldo, no fue detenido, y al poco tuvo un permiso para trasladarse a Cuenca.
Las autoridades obligaron a que Maribel pusiera en su esquela: “muerto por accidente”, y al comentar que quería otro ataúd, unos guardias civiles le dijeron que «cuando matan a un policía lo meten en una caja de 7.000 pesetas». Maribel logró enterrar a su marido en otro ataúd en el cementerio de Altza, en Donostia.
El proceso judicial fue llevado a cabo sin avisar a la familia de la víctima, y en la sentencia se obligaba al estado a una indemnización de un millón de pesetas, aunque solo recibió una parte.
El guardia civil Luis Carpintero Taravilla fue suspendido de sus funciones en agosto de 1990, pero no por el asesinato del batería vigués, sino por pertenencia al ilegal Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC), “quedando a disposición de la Dirección General del Cuerpo, con la facultad de decidir sobre los nuevos destinos que se le adjudiquen.”
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