La ley del aborto, como no podía ser menos, contó y sigue contando con francos enemigos que trataron de torpedearla desde antes de su promulgación
Por José Antonio Bosch / Asesor Jurídico de ACAI
La Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de interrupción de embarazo, fue ampliamente celebrada por todos/as aquellos/as que defendíamos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; por todas aquellas personas que considerábamos que no era, jurídicamente soportable, que el aborto en España estuviese regulado en el Código Penal y solamente despenalizado en algunos supuestos. Fue una norma aplaudida en foros internacionales que supo colocar en el centro de la misma a la mujer, adaptando nuestra normativa a las recomendaciones y acuerdos de diversas convenciones internacionales e incluso resoluciones del Parlamento Europeo.
La ley del aborto, como no podía ser menos, contó y sigue contando con francos enemigos que trataron de torpedearla desde antes de su promulgación. Así, desde el recurso de inconstitucionalidad que formularon contra la norma parlamentarios del Partido Popular (pendiente de resolución al día de hoy) hasta los acosos a las mujeres en la puertas de acceso a las clínicas de interrupción de embarazo que desde entonces hasta hoy se siguen produciendo, pasando por la indebida aplicación de la Ley en algunas Comunidades Autónomas o por los intentos de derogación (recuérdese la dimisión de Gallardón) son algunos ejemplos de los “torpedos” que a lo largo de los años de su vigencia se le han ido lanzando, pero es lo cierto, que la ley seguía, sigue, manteniendo el rumbo.
Hay que señalar que los ataques a la norma, o bien venían de partidos situados a la derecha del arco parlamentario o de organizaciones fundamentalistas correas de transmisión de esos partidos o baluartes de ideas retrógradas y reaccionarias que siempre vieron un grave peligro en el respeto y protección a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
En la actualidad, por iniciativa del Gobierno de España, el Congreso ha acometido su reforma. Así, tras dos intentos anteriores fallidos, uno de iniciativa del Ministerio de Sanidad vía Decreto, otro, iniciativa de los Ministerios de Sanidad e Igualdad, vía nueva ley, ha llegado al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en la actualidad en período de debate.
Por supuesto que la Ley es mejorable. Todo es mejorable, pero quizás antes de acometer su mejora hubiese sido deseable haber profundizado en el cumplimiento de la Ley pues, al día de la fecha, doce años después de su entrada en vigor, más de la mitad de la norma sigue sin ser implementada, entre otros aspectos, todo lo relativo a la formación de los profesionales de la salud, a las medidas en el ámbito educativo, a la estrategia de salud sexual y reproductiva…
A nadie sorprende que las mismas fuerzas, organizaciones y partidos que estuvieron contra la despenalización del aborto primero, contra el reconocimiento del derecho a la maternidad responsable y el derecho al aborto después, se hayan posicionado abiertamente contra la reforma de la Ley e incluso clamen por la derogación de la misma, pero lo que si sorprende, lo que si llama poderosamente la atención, es que desde la izquierda, desde organizaciones impulsoras del pleno y eficaz reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer se impulse una reforma normativa que, si no termina de remediarlo el Legislador, recortará a la mujer derechos ya conquistados.
Así, abandonando antiguos paternalismos, la vigente Ley del aborto, como reconocimiento claro del derecho a la información clínica de la paciente, obligaba a que con carácter previo a la intervención para la interrupción del embarazo se informara a la mujer de forma veraz, comprensible y adecuada a sus necesidades, sobre la finalidad y naturaleza de la intervención médica así como sobre las diferentes alternativas o propuestas médicas para esa interrupción, con indicación de los riesgos y consecuencias de cada alternativa a fin de ayudarle a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad, decisión que una vez adoptada debe respetar el/a médico/a que intervenga.
La vigente normativa garantiza que, una vez informada la mujer sobre los diferentes métodos para interrumpir su embarazo, sus riesgos y consecuencias, decida libremente cual escoge y todo ello financiado por la sanidad pública. Si el proyecto de reforma ve la luz con el texto propuesto, el Legislativo va a degradar el derecho de la mujer a decidir el método convirtiéndolo en una posibilidad para algunas mujeres, exactamente para aquellas que puedan pagarlo.
El asunto es muy sencillo: para abortar hay dos métodos, uno farmacológico y otro instrumental y, hasta el presente, era la mujer la que decidía cual prefería. No voy a comentar las ventajes e inconvenientes de uno u otro, simplemente quiero dejar constancia de la coexistencia de ambos métodos y del actual derecho de la mujer a decidir mediante cual interrumpe su embarazo.
Pues bien, por razones variopintas, algunas colmadas de buenismos y otras cargadas de las millonarias cantidades de dinero que mueven los laboratorios farmacéuticos, la reforma hoy en debate, si no se modifica el texto a lo largo de la tramitación parlamentaria, va a poner fin a este derecho de elección del método, va a limitar de manera grave la autonomía de la voluntad de la mujer y va a consagrar en la práctica una nueva discriminación entre las que tengan los recursos económicos suficientes como para escoger el método, y las que por falta de recursos o de información, carentes de toda capacidad de decisión, se les imponga el aborto farmacológico. En resumen, la modificación de la Ley va a provocar la pérdida de calidad de la prestación y la vulneración permanente, en la práctica, de la autonomía sanitaria de la mujer.
Soy consciente de que la reforma que se está debatiendo contempla muchas más áreas, algunas muy positivas, pero la limitación que impone este espacio me ha llevado a centrarme en un concreto aspecto, en la pérdida de derechos adquiridos, en el retroceso de derechos conquistados tras años de luchas de miles de mujeres y cientos de hombres por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que en esta ocasión, paradójicamente, viene de la mano de los “nuestros”. Todavía están a tiempo de evitar el retroceso.
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