El aparato del Estado cargó sus armas, y las usó: murieron manifestantes obreros por pedir aumento de salarios o mejoras en sus trabajos, se decretaron estados de excepción, hubo cientos de detenidos, los torturadores eran reputados héroes del Régimen; y los fusilamientos volvieron a escena.
Por Soledad Bengoechea | 14/09/2025
No sucedió al alba, pero sí a primeras horas de la mañana del 27 de septiembre de 1975, dos meses antes de la muerte de Franco y ante el clamor y la repulsa internacional. Era el día en que se ejecutaba la sentencia que condenaba a “la noche más larga” a cinco jóvenes por delitos de terrorismo. Dos de ellos pertenecían a ETA (Euskadi Ta Askatasuna («País Vasco y Libertad» y tres al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). El hecho de que fueran fusilados y no sometidos a garrote vil fue circunstancial; el régimen, en su afán por llevar a cabo las condenas a muerte en los últimos días de un Franco agonizante, no disponía de suficientes verdugos para ello.
Hace ya medio siglo, aquel sábado por la tarde del 27 de septiembre de 1975 oí por radio la noticia ya esperada y temida: por la mañana se habían llevado a cabo los últimos crímenes legales de la dictadura franquista que supusieron la puntilla de un régimen y de un caudillo, Francisco Franco, ya en la agonía.
Lo cuento aquí porque creo que es necesario rescatar la memoria de aquel tiempo para entenderlo. Y para que ahora que las extremas derechas van ganando adeptos entre la juventud, esta conozca lo que era vivir en una dictadura. Los últimos años del dictador no fueron una agonía blanda. Fueron una época de terror y feroz represión. El aparato del Estado cargó sus armas, y las usó: murieron manifestantes obreros por pedir aumento de salarios o mejoras en sus trabajos, se decretaron estados de excepción, hubo cientos de detenidos, los torturadores eran reputados héroes del Régimen; y los fusilamientos volvieron a escena. Luchar contra la dictadura franquista era, en muchas ocasiones, mirar de cara a la muerte. Ningún derecho ni garantía democrática protegían a los que se enfrentaban a ella.
Al igual que algunos países, a finales de los setenta España contaba con diversos grupos llamados por el régimen franquista terroristas activos. El FRAP, por un lado, y ETA por otro, eran dos de los destacados; y causaron víctimas y quebraderos de cabeza a las autoridades.
Para el franquismo la represión era la respuesta lógica. Ante una situación de amenaza que se consideraba evidente por parte sobre todo de ETA (en el caso del FRAP no era exactamente así), las autoridades necesitaban enviar un mensaje a la población: aún somos fuertes, aún tenemos la situación controlada. Cualquier acto violento contra las fuerzas del orden, cualquier forma de ataque sería castigado del modo más duro posible.
El clima internacional era delicado: cuando muriera el dictador, que durante décadas había servido de freno al comunismo en el contexto de la Guerra Fría y de aliado incómodo, pero necesario, para los gobiernos occidentales, la dictadura podía venirse abajo. Los propios procuradores en cortes franquistas eran conscientes de que mantener intacta la dictadura sería una tarea complicada. Tanto los grupos opositores como gran parte de la población anhelaban un cambio democrático. Pero aún con Franco en la cama enfermo, los mandatarios se resistían a aceptar su destino.
La muerte de Franco auguraba tiempos inciertos para el régimen y los últimos fusilamientos del franquismo se explican precisamente en un contexto de debilidad; el último arrebato de furia del Movimiento. Pero pronto el régimen desapareció (aunque gran parte de sus protagonistas pervivirían dentro de la democracia).
Se cumple ahora el medio siglo de los cinco últimos fusilamientos de la dictadura franquista. El consejo de ministros del generalísimo Francisco Franco en pleno ratificó las sentencias de muerte. Dos meses antes de morir, Franco no tuvo piedad. El franquismo, ya moribundo, escribió otra de las páginas negras de su larga historia.
Las cinco condenas a muerte fueron dictadas por consejos sumarísimos militares. Juicios que fueron considerados por la comunidad internacional como irregulares y carentes de garantías procesales.
Semanas antes habían comenzado las movilizaciones contra los procesos, solo comparables a las suscitadas por el Juicio de Burgos de cinco años antes (consejo de guerra que juzgó a dieciséis personas acusadas, entre otros delitos, de pertenecer a ETA). La solidaridad internacional y las peticiones de clemencia no se hicieron esperar, incluso hasta la misma noche del viernes 26 al sábado 27 de septiembre. Pero Franco hizo caso omiso a las tres súplicas del papa Pablo VI. Al parecer había dejado la orden de que no se le despertara “llamase quien llamase”.
Como acto de desagravio ante la marea de críticas internas, por un lado, y de afirmación franquista, por otro, Franco convocó un acto en la Plaza de Oriente de Madrid. Ésta, llena de uniformes falangistas, de brazos en alto, de banderas rojigualdas aguiluchadas, de pancartas y gritos de exaltación patriótica, estaba presidida, desde el balcón, por Franco y el entonces príncipe de Asturias, el que después sería el rey Juan Carlos I. No consta que nunca haya pedido perdón por esa presencia, o que haya explicado los motivos que le llevaron a ella. Pero allí estaba.
Veamos quienes fueron las víctimas: El militante de ETA político-militar, Jon Paredes Manot, Txiqui (Zalamea de la Serena, 20 de febrero de 1954), fue fusilado hacia las ocho y media de la mañana, junto al cementerio del Norte o de Collserola (Barcelona), por un pelotón de seis miembros de la guardia civil; todos voluntarios del servicio de información. Paredes juzgado por un atraco en la sucursal del Banco de Santander de la calle Caspe de Barcelona el 6 de junio, atraco en el que, a causa del tiroteo, murió un cabo primero de la Policía Armada. Txiqui murió cantando el Eusko Gudariak. De lejos, presenciaron la escena, Mikel, hermano de Txiqui, y sus abogados defensores Magda Oranich y Marc Palmés.
Otro militante de ETA político-militar, Angel Otaegui Etxeberría (Nuarbe, Azpeitia, Guipúzcoa, enero de 1942), fue fusilado en la prisión de Burgos, a las nueve menos veinte de la mañana, solo y sin testigos. Se le había acusado de delito de terrorismo con resultado de muerte de un cabo del Servicio de Información de la Guardia Civil, en Azpeitia (Guipúzcoa), el 3 de abril de 1974.
Por otra parte, a las ocho menos cuarto de la mañana, los militantes del FRAP Ramón García Sanz (Zaragoza, 1948), José Luis Sánchez Bravo (Vigo, 1954) y José Humberto Baena (Vigo, 1950) fueron ejecutados. García Sanz había sido acusado y condenado por el atentado que costó la vida a un teniente de la Guardia Civil el 16 de agosto de 1975; Sánchez Bravo lo fue por planear el asesinato de un teniente de la guardia civil el 11 de agosto de 1975; por último, sobre Humberto, hay que señalar que su proceso fue, una vez más, una pantomima. Humberto, civil, fue juzgado por un tribunal militar bajo el Código de Justicia Militar. Los tres fueron trasladados a un campo de tiro militar en Hoyo de Manzanares. Les esperaba un pelotón de fusilamiento compuesto por guardias civiles y policías nacionales. Todos sus miembros eran voluntarios. Todo ocurrió entre las 9:10 h y 10:15 h de la mañana.
Aquel 27 de septiembre, en el mundo entero, especialmente en Europa, miles de antifascistas se lanzaron a la calle para protestar por ellos. La embajada española en Lisboa fue saqueada y quemada; y la de Viena sufrió serios daños. En Bruselas, Londres, Roma, París y otros lugares hubo manifestaciones incluso violentas. Y las de Suecia y Holanda fueron encabezadas por los respectivos jefes de gobierno. El primer ministro sueco, Olof Palme, paseó una hucha simbólica pidiendo dinero para la oposición a Franco. El presidente de Méjico exigió la suspensión de los derechos de España como miembro de la ONU y la ruptura de relaciones con ella. Diecisiete países retiraron sus embajadores. Parecía una vuelta al año 45, cuando España fue sometida al aislamiento internacional.
La pena de muerte no sería abolida hasta el año 1978 por el artículo 15 de la nueva Constitución.
El libro Mañana cuando me maten, del escritor y periodista Carlos Fonseca, narra aquellos sucesos mediante el testimonio de los protagonistas, de sus familiares y amigos, de los abogados y compañeros de militancia, y lo acompaña de documentación inédita que arroja luz sobre los detalles que rodearon a los hechos de aquel septiembre de 1975.
Para acabar este pequeño recuerdo, recurramos a Luis Eduardo Aute y a Rosa León. Aute había escrito la canción Al alba antes de los fusilamientos. La canción “salió desde el dolor” dijo el cantautor, que finalmente encontró las palabras adecuadas para hacer un alegato contra la pena de muerte y lo más importante, engañar a la censura inteligentemente; si bien Aute siempre aclaró que “era una canción de amor que salió de otra manera”. Pero cuando Rosa León cantaba Al alba en sus conciertos, la dedicaba (con valentía) a los condenados a muerte, presentándola como “los últimos pensamientos o la última carta que podía haber escrito cualquiera de los fusilados”. Y así ha quedado en la «cultura popular resistente».
Este artículo se publicó originalmente en LoQueSomos
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