Por Marta Herrera
El colectivo Hirak Madrid ha denunciado públicamente que el pasado 21 de mayo de 2018 llegó a las costas de Motril una patera con 11 jóvenes originarios de la zona del Rif. Tras ponerlos a disposición judicial, devolvieron a 4 de ellos a Marruecos, y a otros 7 los trasladaron al CIE de Madrid. Desde el 24 de mayo se encuentran privados de libertad a la espera de una respuesta a sus solicitudes de asilo.
A día 12 de julio sólo cinco de ellas han sido admitidas a trámite. Sin embargo, aún quedan dos personas encerradas en el CIE a las cuales se les ha inadmitido a trámite la solicitud de protección internacional. Debido a esto, el 9 de junio iniciaron una huelga de hambre indefinida para hacer llegar sus demandas y poder evitar el retorno forzoso, así como las consecuencias en las vidas de las personas que son perseguidas en el Rif. Según el comunicado de Hirak “cada día son más los activistas detenidos por el gobierno marroquí. El miedo y la persecución empujan a los rifeños a cruzar el Mediterráneo escapando de la represión del Majzen, las torturas y violaciones de derechos humanos”.
Los hechos que provocan esta huelga de hambre son un ejemplo más de las deficiencias en el procedimiento de solicitud de protección internacional que se suceden en el CIE de Aluche (y todos los demás) y que ongs como SOS Racismo llevan tiempo denunciando.
No se trata de un problema de asilo, si no del sufrimiento que provoca la política migratoria del Estado español, que encierra en CIE a personas que huyen de graves conflictos en sus países de origen.
Pero no se trata únicamente de un problema de asilo, si no también del sufrimiento que provoca la política migratoria del Estado español, que encierra en Centros de Internamiento de Extranjeros, con el objetivo de expulsarlas, a personas que huyen de graves conflictos en sus países de origen.
Cabe recordar que privar a una persona de libertad es una condena que sólo puede imponerse por cometer delitos, es decir, tras un juicio o como medida preventiva. No tener regulada la situación de residencia (mal llamado “ser inmigrante sin papeles”) es una infracción administrativa, que no un delito, y por tanto nunca se puede castigar con el encierro en ningún tipo de centro. Europa lleva años pidiendo el cierre de estos centros a países como Inglaterra y España, pero la solución sigue sin llegar.
Mientras que el político de turno se beneficia de la publicidad positiva de “acoger” a los refugiados, la realidad es que en cuanto recuperan unas condiciones mínimas de salud son trasladados a estos centros. Se trata de cárceles encubiertas donde no se cumplen las condiciones sanitarias a las que obligan sus reglamentos y desde donde se procede a deportar a todo aquel que no obtiene asilo. Así se deporta continuamente en plazos inferiores a dos meses (máximo tiempo permitido de estancia en el CIE) a países en conflicto, donde hay represión, torturas y vulneraciones de derechos humanos y se separa a estos emigrantes de sus familias.
Acoger 629 migrantes carece de sentido cuando la política migratoria española se basa en el cierre de fronteras y en la expulsión.
Esta huelga de hambre vuelve a poner en evidencia una política migratoria deficitaria que ha llevado a la muerte a varios migrantes en los CIE o en durante el traslado de los mismos a los vuelos que los llevan de regreso (lectura recomendada de acceso gratuito “Paremos los vuelos”).
Por lo tanto, acoger a estos 629 migrantes carece de sentido cuando la política migratoria española se basa en el cierre de fronteras -que tantas muertes provoca en el Mediterráneo-, y en la expulsión -que arranca a muchísimas personas de sus redes cotidianas o deporta a personas que acaban de arriesgar su vida en una peligrosa travesía-.
Ya se ha advertido de la llegada de un verano cargado de más migrantes que se jugarán las vidas en el Mediterráneo en un amago por escapar de las pesadillas que son sus países, pero de nada servirá alegrarnos por su rescate si lo que les espera es un CIE y tener que acudir a una huelga de hambre para luchar por su asilo. España sigue vulnerando los derechos humanos de los solicitantes de protección internacional (en este caso concreto con los de origen rifeño, marroquí) y no existe ningún proyecto de ley o de reforma de esta política. Llegar a España sólo es el comienzo de una nueva pesadilla, la del primer mundo. Bienvenidos.
Bien por salvarles la vida pero ahora que los paises que provoca éxodos en Africa como Francia Bélgica e Italia que son quienes mas se quejan, sean quienes les mantengan
Y si no los metemos en los pisos del hº de aznar que está comprando a la banca por que ni m.rajoy ni $anchez les piden pagar con ellos la deuda….