Nuestra labor debe adaptarse a las necesidades, requerimientos y circunstancias de cada una de las demandas de aborto. En definitiva, dejemos que sea la libre elección de la mujer la que tenga siempre la última palabra.
Por ACAI.
En octubre de este año, la Administración Sanitaria Catalana presentaba un nuevo protocolo para abordar la asistencia de aborto provocado. Dicho protocolo pone el foco fundamentalmente en la técnica farmacológica buscando consolidar la IVE con fármacos hasta la semana catorce de gestación (indicando ingreso hospitalario desde la semana 10 a la 14), y ello pese a que la Organización Mundial de la Salud señala que en esas semanas serán preferibles las técnicas instrumentales en un esfuerzo por garantizar no solo la seguridad sanitaria sino el bienestar emocional de la mujer.
¿Se está renunciando con esta decisión a formar al personal médico en los métodos instrumentales? Lamentablemente las medidas aprobadas en Cataluña podrían entenderse como una renuncia y una claudicación ante los intereses profesionales, ante la objeción de conciencia profesional y ante la falta de implicación con la prestación sanitaria de IVE; desconsiderando con ello las preferencias de las mujeres (más del 85% de ellas prefieren las técnicas instrumentales 1).
ACAI hace pública una investigación que da conocer las motivaciones que llevan a las mujeres a elegir entre las dos técnicas de IVE, instrumental o farmacológica, utilizadas en las nueve primeras semanas de gestación. | ACAI Tu asociación de clínicas (acaive.com)
Las y los profesionales que durante más de treinta y cinco años nos hemos dedicado a la asistencia de la salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto voluntario como parte de nuestra práctica cotidiana, consideramos que esta decisión supone un retroceso para las mujeres, poniendo además en evidencia, una vez más, el contexto histórico y estigmatizador en el que se ha producido.
El marco legal del aborto en España nos ha hecho transitar desde la norma de supuestos de 1985, a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que consagra la voluntariedad de la mujer frente a su IVE y finalmente a la actual reforma legislativa que busca acercar la prestación sanitaria de aborto provocado a la Sanidad Pública, entre otros aspectos.
Pese a esos más de treinta y cinco años de recorrido legislativo y su consiguiente traslación social, la asistencia al aborto continúa siendo la más ideologizada de las asistencias sanitarias. Para luchar contra esta circunstancia es imprescindible establecer un modelo asistencial cuyos profesionales estén claramente posicionados en la defensa de los derechos de las mujeres. Profesionales que respeten, posibiliten y protejan sus decisiones con seguridad y calidad asistencial. Un modelo dispuesto y preparado para continuar erradicando prejuicios y estigmas, con resiliencia para soportar beligerancias externas e internas.
Estos equipos multidisciplinares tienen que abordar la demanda de IVE bajo una concepción integral, psico-social y médica, con conocimientos en las prácticas clínicas más avanzadas. Equipos que cuenten con una formación técnica específica que posibilite la oferta de los dos métodos IVE: farmacológico e instrumental, así como, capacidad para tratar de la manera más adecuada el dolor derivado del proceso.
Como médicas y médicos especialistas en IVE, durante todas estas décadas hemos creado y procurado mantener ese modelo asistencial tomando como base a los equipos humanos que desde su compromiso trabajan en nuestros centros acreditados. Lamentablemente, observamos con gran preocupación que esos equipos no se han formado en el ámbito público, que ese modelo asistencial no se ha construido, que esa formación no se ha garantizado, siendo muchas más las tareas pendientes, los deberes no realizados que los logros en la Sanidad Pública, desde la aprobación de la Ley de 2010 hasta el día de hoy.
Podría decirse, en consecuencia, que lejos de blindar los avances alcanzados en seguridad, eficacia, calidad asistencial y acompañamiento en los centros acreditados y dar traslado de ellos como una correa de transmisión al ámbito público, nos situamos en una cuerda floja a punto de romperse, tal y como pone de manifiesto la decisión de la administración sanitaria catalana, al apostar por garantizar la accesibilidad a la práctica sanitaria de aborto solo en base al método farmacológico, renunciando a todos esos pasos necesarios que hemos explicitado.
En coherencia con esa apuesta, las partidas presupuestarias y las proyecciones formativas promocionan el método farmacológico, al tiempo que se promueve un discurso público que lo presenta como una técnica que empodera a la mujer, cuando el verdadero empoderamiento debería basarse en la libertad de elección de técnica y no en la imposición. Conforme a este discurso, se banaliza el sangrado, el dolor y los efectos secundarios de la técnica farmacológica que se presentan como “naturales”, lo que nos lleva a preguntarnos ¿desde cuándo el sufrimiento y la incertidumbre frente al proceso son sinónimos de poder?
Resulta paradójico que esta situación que probablemente contagiará al resto de administraciones sanitarias, esté teniendo lugar en Cataluña que contó con una de las asociaciones de planificación familiar más comprometidas con los derechos sexuales y reproductivos, defensora de un aborto voluntario, seguro y de calidad. Una comunidad que promovió de la mano del Departament de Salut iniciativas como el “Protocol per a l’atenció i l’accompanyament en cas d’embaràs no desitjat” (año 2009), fruto del esfuerzo realizado por todos/as los/as profesionales vinculados/as a esta prestación.
Son precisamente los principios rectores de ese protocolo fruto del esfuerzo colectivo: respeto a la dignidad, la confidencialidad, derecho a una información completa, adecuada y consideración de la autonomía de la mujer; los que parecen estar siendo relegados.
Hoy Cataluña cuenta con una de las mayores redes de acceso público al aborto de Europa, sin embargo, ese acceso favorece un único método: el aborto farmacológico. Un acceso mermado por una información incompleta, no veraz y parcial en relación a la técnica instrumental. Lo que explicaría que hoy en Cataluña un 50% de las usuarias asistidas hasta la nueve semana interrumpan su gestación mediante fármacos.
La decisión de la administración catalana redunda en la situación descrita y nos lleva, desde nuestro compromiso con las mujeres, a preguntarnos: ¿dónde quedará la seguridad sanitaria, ¿la eficacia?, ¿qué atención se le prestará a la tolerabilidad y sobre todo a las vivencias de las mujeres?, ¿con qué parámetros se evaluarán los condicionantes psico afectivos y emocionales?, ¿el miedo al dolor?, ¿la necesidad de acompañamiento y la imperiosa necesidad de no vivenciar el proceso? Continuamente hemos insistido, lo hacemos una vez más, en la idea de que nuestra actuación asistencial no puede agregar huellas traumáticas al proceso de aborto provocado. Nuestra labor debe adaptarse a las necesidades, requerimientos y circunstancias de cada una de las demandas de aborto. En definitiva, dejemos que sea la libre elección de la mujer la que tenga siempre la última palabra.
Raquel Novo, Vocal de ACAI en Cataluña y Francisca García, Presidenta de ACAI.
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