‘7.291’ no solo documenta un drama humano; plantea una acusación implícita: la gestión de Ayuso durante la pandemia tiene visos de criminalidad.
Por Javier Guijarro | 14/03/2025
El documental 7.291, dirigido por Juanjo Castro, se ha convertido en una pieza clave para entender uno de los episodios más oscuros de la pandemia de COVID-19 en España: las miles de muertes en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. Con un título que remite a la cifra oficial de ancianos fallecidos en estos centros entre marzo y abril de 2020 sin recibir atención hospitalaria, la pieza audiovisual pone el foco en la gestión de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, y en las decisiones políticas que, según familiares, expertos y testimonios recogidos, condenaron a miles de personas a una muerte evitable.
Una tragedia en números: 7.291 vidas abandonadas
El número 7.291 no es solo una estadística; representa a hombres y mujeres que murieron en las residencias madrileñas durante los primeros meses de la pandemia, muchos de ellos solos, sin acceso a cuidados médicos adecuados y, en numerosos casos, sin que sus familias pudieran despedirse. El documental de Castro, construido con testimonios de familiares, trabajadores de residencias, periodistas y ex cargos públicos como Alberto Reyero —antiguo consejero de Políticas Sociales—, desnuda las decisiones que llevaron a esta catástrofe. Entre ellas destaca la aprobación, el 18 de marzo de 2020, de los denominados ‘protocolos de la vergüenza’, documentos oficiales que prohibían el traslado a hospitales de ancianos con ciertos niveles de dependencia o deterioro cognitivo.
Estos protocolos, impulsados por la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria bajo el mando de Carlos Mur, establecieron criterios de exclusión que, en la práctica, se aplicaron de forma masiva. Como relata Lidia Sánchez, directora de una residencia, entre el 13 y el 31 de marzo no pudo derivar a ningún residente al hospital porque los servicios de geriatría los rechazaban sistemáticamente. ‘¿Hubo personas que, de haber sido derivadas, no habrían muerto? Sin lugar a dudas’, afirma en el documental. Esta política, defendida por Ayuso y su equipo como una medida técnica y no vinculante, se tradujo en un abandono institucional que duplicó la tasa de mortalidad en residencias madrileñas respecto a otras regiones densamente pobladas como Cataluña.
La decisión de dejarlos morir
El núcleo del documental señala directamente a Isabel Díaz Ayuso como responsable última de una gestión que priorizó la imagen política sobre la vida de los más vulnerables. Mientras la presidenta presumía de medidas como el hospital de campaña de IFEMA —que Juanjo Castro califica como ‘una campaña de marketing’ ineficaz para las residencias—, los centros de mayores quedaron desatendidos. Testimonios de trabajadoras reflejan el caos: ancianos con miedo, personal sin equipos de protección adecuados y una falta absoluta de medicalización en las residencias, a pesar de que esta fue una promesa inicial del Gobierno regional.
Alberto Reyero, quien dimitió en 2020 por discrepancias con Ayuso, aporta un relato desde dentro. En el documental y en su libro Morirán de forma indigna, asegura que los protocolos no solo eran poco éticos, sino posiblemente ilegales, y que la cifra de fallecidos pudo ser menor si se hubieran destinado recursos suficientes. Sin embargo, Ayuso optó por una estrategia de negación y confrontación, reuniendo a consejeros del PP para tomar decisiones sin consultar a Reyero, responsable directo del área social. Este abandono deliberado se ve agravado por la negativa de Ayuso y su entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a participar en el documental, dejando que sus palabras —extraídas de comparecencias públicas— hablen por sí solas, cargadas de justificaciones y desdén.
Una gestión criminal que exige justicia
7.291 no solo documenta un drama humano; plantea una acusación implícita: la gestión de Ayuso durante la pandemia tiene visos de criminalidad. La decisión de no medicalizar las residencias, de no derivar a los ancianos a hospitales y de desoír las advertencias de expertos y familiares no puede reducirse a un error administrativo. Fue una elección política que privilegió la austeridad y la propaganda sobre el derecho a la vida, pisoteando principios básicos como la igualdad en el acceso a la sanidad. En palabras de Castro, ‘como ciudadanos en una sociedad democrática, tenemos que responsabilizar a los políticos de sus actos y decisiones’.
La justicia española ya ha dado pasos tímidos en esta dirección. Algunas causas contra Ayuso y ex consejeros por las muertes en residencias han sido impulsadas, aunque el blindaje judicial y político del PP ha frenado avances significativos. Sin embargo, el documental refuerza la necesidad de un juicio que vaya más allá de lo penal: un juicio político y moral. Ayuso no puede escudarse en la pandemia como un evento imprevisible ni en elecciones posteriores como absolución. Las 7.291 muertes son una deuda que persigue su legado, y su insistencia en negar responsabilidades —como cuando afirmó en 2024 que ‘no se iban a salvar en ningún sitio’— solo agrava la indignación.
Un grito por la memoria y la dignidad
El trabajo de Juanjo Castro, financiado de su propio bolsillo y respaldado por asociaciones como Marea de Residencias, no busca imponer una narrativa, sino ofrecer datos y testimonios para que el espectador saque conclusiones. Los relatos de familiares, como el de una hija que denuncia cómo su madre fue llevada al sótano a morir o el de otra que asegura que a su padre ‘lo mataron’ con paliativos prematuros, son el corazón de 7.291.
Estas voces claman por justicia y por un cambio estructural en el sistema de cuidados, mientras señalan a Ayuso como la figura que, con su soberbia e inhumanidad, permitió que la tragedia se consumara.
Emitido en RTVE el 13 de marzo de 2025, tras su paso por cines y festivales, 7.291 ha desatado una tormenta política. El Gobierno de Ayuso ha intentado contrarrestarlo con cartas y vídeos, tachándolo de ‘sesgado’, pero la evidencia es abrumadora. Isabel Díaz Ayuso debe ser juzgada, no solo en los tribunales, sino en el tribunal de la memoria colectiva. Su gestión durante la pandemia no fue un fallo; fue una decisión consciente de abandonar a los más débiles. Y por eso, como reza el lema de las familias, ‘no se iban a morir igual’.
Podéis ver el documental completo de forma gratuita en RTVE Play.
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