Más de 40 ciudades se sumarán a esta jornada estatal, coordinada por el Sindicat de Llogateres, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y decenas de organizaciones sociales.
Por Ricardo Guerrero | 1/04/2025
En un contexto de crisis habitacional que parece no tener fin, el próximo 5 de abril se llevará a cabo una jornada de protestas en varias ciudades españolas para exigir una regulación de precios en la vivienda. Esta nueva protesta llega en un momento crítico, cuando los precios de alquiler y compra no dejan de crecer, convirtiendo el acceso a un hogar en un lujo inalcanzable para la clase trabajadora. La movilización, que se enmarca en una jornada de protestas a nivel estatal bajo el lema ‘Acabemos con el negocio de la vivienda’, busca visibilizar la indignación social ante un problema estructural que se agrava día a día y exigir soluciones contundentes que pongan fin a la especulación inmobiliaria.
Un panorama desolador para la clase trabajadora
Las grandes ciudades viven una escalada de precios en el mercado de la vivienda que está expulsando a miles de personas de sus barrios y hogares. Este encarecimiento no es un fenómeno aislado, sino el resultado de años de políticas que han priorizado el lucro privado sobre el derecho a la vivienda. La clase trabajadora, principal sostén de la economía, se encuentra atrapada en una paradoja cruel: quienes hacen funcionar la ciudad son los mismos que ya no pueden permitirse vivir en ella.
La situación se ve agravada por la inacción del gobierno, que, a pesar de promesas y medidas anunciadas, no ha logrado frenar la voracidad del mercado inmobiliario. Los bonos de alquiler o las regulaciones tímidas han sido insuficientes para revertir una tendencia que beneficia a unos pocos mientras empobrece a la mayoría. A esto se suma el papel de los grandes tenedores de vivienda —fondos de inversión, bancos y empresas especuladoras— que acaparan miles de propiedades, las mantienen vacías o las destinan a usos lucrativos como el alquiler turístico, dejando a la población sin opciones asequibles. En un país donde el 60% de las compras de pisos se realizan al contado, según datos recientes, queda claro que la vivienda se ha convertido en un activo financiero en lugar de un derecho humano.
5 de abril: un grito contra la especulación
La manifestación del 5 de abril no es solo una protesta más, sino un paso firme en la organización de un movimiento que busca transformar el modelo de vivienda actual. Ese día, más de 40 ciudades españolas se sumarán a esta jornada estatal, coordinada por el Sindicat de Llogateres, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y decenas de organizaciones sociales. En Madrid, la marcha comenzará a las 12:00 horas en Atocha, recorriendo Paseo del Prado, Cibeles y Gran Vía hasta Plaza de España. En Galicia, se han confirmado protestas en Santiago de Compostela (12:00, Plaza del Toural), Vigo (19:00, Plaza de España), A Coruña (12:00) y Ourense (18:30, desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo). Gijón (12:30, Plaza del Humedal), Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Bilbao, Zaragoza y muchas otras ciudades también alzarán la voz, con horarios y recorridos que se están ultimando a través de plataformas como acabemosconelnegocio.es.
El Sindicat de Llogateres, junto a sus homólogos estatales, reclama medidas como una bajada del 50% en los precios de los alquileres, contratos indefinidos para acabar con la precariedad habitacional, la recuperación de viviendas vacías y turísticas para uso residencial, y el fin de la compra especulativa. Además, exigen la disolución de la Sareb —el llamado ‘banco malo’— y la creación de un parque público de vivienda que priorice a las personas sobre el beneficio. Esta movilización se perfila como la primera gran protesta simultánea en España por la vivienda, buscando un ‘golpe de efecto’ que trascienda lo local.
Esta convocatoria llega tras movilizaciones históricas, como la de noviembre de 2024 en Barcelona, donde más de 170.000 personas, según los organizadores, tomaron las calles para denunciar la misma crisis. La persistencia de estas protestas refleja un consenso creciente: la vivienda debe dejar de ser un negocio y volver a ser un derecho garantizado.
Ante este panorama, es más necesario que nunca tomar medidas estructurales que vayan a la raíz del problema. La expropiación de propiedades en manos de grandes tenedores —que acumulan viviendas mientras miles duermen en la calle— se presenta como una herramienta imprescindible para recuperar el control sobre un bien esencial. Estas viviendas, junto con las gestionadas por la Sareb, deberían integrarse en un gran parque público de vivienda con precios regulados y asequibles, diseñado para satisfacer las necesidades de la población y no los intereses de los especuladores.
El 5 de abril, las calles de Barcelona, Madrid, Vigo, Gijón y decenas de ciudades más serán testigo de la lucha de una clase trabajadora que se niega a seguir siendo asfixiada por un sistema que antepone el beneficio de unos pocos al bienestar de todos.
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