Derechos | El Estado de Bienestar y las Políticas Sociales en el contexto de hipercrisis en el que vivimos

Por Mª José Aguilar Idáñez

Nuestro estado del bienestar ha sido muy tardío, demasiado familista (y por ello machista) y siempre ha sufrido de raquitismo. Ya mucho antes de que sucediera esta estafa llamada crisis hubo expertos que lo calificaron como “estado del malestar” (Cotarelo). Lo que esta mal-llamada “crisis” ha venido a evidenciar es que, como ya advirtió hace décadas Ramesh Mishra, el modelo institucional de política social pendía de un hilo y sólo era capaz de crecer en circunstancias favorables. Favorables políticamente: cuando la existencia del telón de acero aconsejaba tener un modelo de derechos sociales a este lado del muro de Berlín en contraposición al modelo social del otro lado del muro. Favorables económicamente: cuando el crecimiento económico-financiero basado en la especulación y las burbujas de todo tipo permitía repartir algo del pastel, porque era más grande.

Ninguna política social ha abordado la crisis de los cuidados, y eso constituye, a mi juicio, uno de los errores y debilidades más relevantes de nuestro “estado de bienestar”

Y también favorables ideológica y culturalmente, ya que la lucha contra la exigencia de derechos y su conquista fue la gran batalla ideológica que Reagan y Thatcher ganaron a escala mundial: el individualismo y el miedo a perder lo poco que se tiene ha modificado sustancialmente el posicionamiento de la gente frente a la pérdida de derechos (nos ha dejado en estado shock, que diría Naomi Klein); y frente a ello hay que rearmarse y actuar sabiendo que los derechos no se conquistan para siempre, sino que hay que reconquistarlos cada día y pelearlos cada día.

El estado de bienestar surgió en la Alemania de Bismark, no lo olvidemos, para evitar el avance del movimiento obrero y del socialismo. Pero una vez unificado a escala planetaria el sistema económico -que por primera vez tiene capacidad de acción como una unidad- lo que justificaba el estado de bienestar se diluye y los servicios sociales públicos son la segunda oleada de bienes públicos a privatizar, una vez ya vendidos al mejor postor los bienes públicos industriales. El papel que, si no lo remediamos pronto, tendrán de nuevo las políticas sociales (y especialmente la política de servicios sociales) será residual y absolutamente subsidiario, en el sentido que Richard Titmuss definió este modelo de política social.

En el caso de las políticas de servicios sociales en particular, nuestro país siempre ha tenido grandes debilidades comparado con otros de nuestro entorno. Sin duda una de las más relevantes ha sido el no reconocimiento constitucional de los servicios sociales como derecho fundamental (y por tanto susceptible de ser exigido ante la justicia), quedando relegado a una simple competencia de creación y gestión de los gobiernos autónomos. Si a ello se añade que nunca ha existido un compromiso estatal serio y garantizado en materia de financiación de los servicios sociales públicos, que los ha dejado siempre dependiendo en la práctica del marco de financiación autonómico, no es de extrañar el panorama actual. Si, además, a ello añadimos la constante y sistemática privatización-externalización de buena parte de los servicios sociales de responsabilidad pública que han sido transferidos (sin el debido control técnico ni financiero), generalmente en precario, hacia el mal llamado tercer sector (un ONGismo a la española que en realidad encubre redes clientelares en no pocas ocasiones, en lugar de organizaciones civiles que luchen por los derechos de las personas), pues nos encontramos frente a la paradoja de que las entidades sociales que debieran luchar por los derechos de determinadas personas y colectivos, en realidad se dedican a prestarles ciertos servicios en precario: y en esa tesitura, lo que se abandona es la defensa y reivindicación de los derechos, en lugar de abandonar la subvención asociada a la prestación de servicios.

El papel que tendrán de nuevo las políticas sociales será residual y absolutamente subsidiario si no lo remediamos pronto

Por otra parte, ninguna política social ha abordado la crisis de los cuidados, y eso constituye, a mi juicio, uno de los errores y debilidades más relevantes de nuestro “estado de bienestar”. Merece la pena revisar las críticas que a este modelo de estado y su gestión en diversos países europeos se han formulado desde el pensamiento feminista, el pensamiento ecologista y el pensamiento antirracista. Las críticas que desde estos tres enfoques de pensamiento se hacen al modo en que se han implementado las políticas sociales son totalmente ciertas: 1) han perpetuado los roles tradicionalmente asignados a las mujeres en materia de cuidados y no ha permitido modificar la división sexual del trabajo ni repartir la tarea de cuidados; 2) no han servido para generar instituciones amables, humanas y que pongan en el centro a las personas; se han creado instituciones prestadoras de servicios que no permiten la participación ni la autogestión/autonomía de las personas que atienden, los servicios han terminado convirtiendo a los sujetos en objetos, donde la centralidad pivota en la institución y sus profesionales; 3) las políticas sociales, más allá de las declaraciones de buenas intenciones, han funcionado como el resto de las políticas frente a las minorías: discriminando y concentrando la violencia institucional hacia ciertos grupos de personas (generalmente a través de formas de violencia discreta, y en esas formas de violencia los expertos y profesionales hemos sido –y somos- los brazos ejecutores).

Tenemos aún varias “asignaturas pendientes” para que los servicios sociales no sean las “políticas para pobres”, pues ya sabemos que este tipo de políticas se terminan transformando en “pobres políticas”:

  • convertir el derecho a los servicios sociales en un derecho subjetivo (y por tanto justiciable);
  • ser capaces de diseñar servicios sociales basados en el conocimiento y la evidencia científica (que es el reto principal en este momento en España);
  • solventar errores de gestión cometidos en el pasado;
  • aumentar la financiación hasta acercarnos a la media europea, pero sobre todo gestionar mejor esos recursos; y
  • apostar de una vez por todas (con los recursos que merece) por el sistema de atención primaria, que no solo es más normalizador e integrador, sino más eficaz en las respuestas y, sobre todo, mucho más humano.

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