Régimen Penitenciario de Dispersión: otra vulneración de los Derechos Humanos

Por Rafael Silva Martínez 

“Las solicitudes de los Parlamentos vasco y navarro, de la práctica totalidad de representantes políticos del País Vasco Norte; las recomendaciones internacionales de las Naciones Unidas; del Consejo de Europa; las condenas por alejamiento de presos en Estados europeos por parte del TEDH, no han hecho variar esa cruel política de alejamiento y dispersión que afecta a los reos y a sus familias. Las medidas aplicadas a los presos y presas de (y del todo es) ETA han sido siempre extremas y realizadas desde una aplicación excepcional o arbitraria de la legislación ordinaria, pero si antes solo eran comprensibles desde un punto de vista del derecho penal/penitenciario del enemigo, ahora en este nuevo tiempo, es evidente que solo se entienden desde la vendetta”
(Jon Iñarritu)

“Para visitar a mi hijo preso en Algeciras, yo, mi nuera y mi nieta de tres años nos vemos obligados a realizar 2 200 Km. entre ida y vuelta, en un autobús que sale de Bilbao el viernes a las 18:30h y regresa el domingo a las 9 de la mañana. Autobús en el que viajamos los familiares y amigos y amigas de los presos y presas encarceladas en Sevilla, Puerto de Santa María y Algeciras. Es solo un pequeño ejemplo de la situación de los presos vascos y sus familiares”
(Jon Fano, padre de Unai Fano)

Como resulta que a cualquier país donde se vote cada x años se le tiende a llamar “democrático”, como si la democracia consistiera sólo en eso, aquí estamos en este Estado Español, donde no sólo se continúa practicando la tortura, sino donde además existe una gran cantidad de presos y presas políticas, la mayoría vascos y vascas, que sufren (ellos/as y sus familias) una constante vulneración a los derechos humanos más básicos y elementales. Pero centremos el tema. Tras el cese definitivo de la violencia armada de ETA en 2011 (algo que el PP jamás pensó que ocurriera, de hecho aún lo continúa poniendo en duda), lo lógico hubiera sido, como ha ocurrido en casos anteriores para otros países, desactivar la legislación penitenciaria que se aplicaba a los presos etarras, y comenzar una paulatina normalización de dicha legislación, encaminada a contribuir a un escenario de paz. Pues en vez de eso, a día de hoy, la situación de los presos y presas enfermas, el alejamiento con respecto a las cárceles de su comunidad, y las medidas de excepción puestas en marcha, vislumbran un escenario absolutamente anormal, despótico e incomprensible. La única conclusión que se nos ocurre es que el Estado está aplicando, a través del perverso régimen penitenciario, una estrategia de clara venganza hacia dicho colectivo.

El Gobierno del PP continúa haciendo caso omiso a los preceptos legales, que instan a evitar el desarraigo social de los penados, desoye constantemente las recomendaciones de instituciones y organismos internacionales, que aconsejan una política penitenciaria más acorde con el respeto a los derechos humanos, y sigue instalado en el relato de la rendición, y en la imposición de unas condiciones que, en el contexto actual, resultan claramente absurdas. Bajo el mantra de la “disolución” de ETA (disolución que ya es un hecho de facto), de la entrega de las armas (entrega que ha sido más de una vez boicoteada), de la manifestación del arrepentimiento y de la petición de perdón a las víctimas, lo que se esconde es una imposición por la fuerza del relato del Partido Popular, y de las asociaciones de víctimas más reaccionarias. Se trata de preceptos y condiciones que no se contemplan en ninguna ley, mientras lo que sí se contempla es la reorganización y el acercamiento de presos a las cárceles de su comunidad, o más próximas a ella, para que las visitas de sus familiares y amigos no representen un calvario, que es exactamente lo que lleva ocurriendo durante años. Detrás de todo ello lo que se esconde es una clara discriminación hacia los presos y presas políticas vascas, con respecto a otros tipos de penados. Podemos poner muchos ejemplos al respecto. El rasero siempre ha sido diferente. A los condenados por el terrorismo de Estado, como los GAL, o por intentonas golpistas, como los Guardias Civiles del 23F, o por los asesinos del crimen de los abogados de Atocha (del cual se acaban de cumplir 40 años), o a los condenados por torturas, se les indultó y/o cumplieron penas mínimas.

Los casos más sangrantes lo protagonizan las presas con hijos o hijas. Hasta los 3 años pueden tenerlos/as con ellas en las cárceles, pero a partir de esa edad los separan y se multiplican las dificultades para estos menores

No hablemos ya de los torturadores y altos cargos franquistas todavía vivos, que están absolutamente blindados por el Gobierno del PP, que ejecutan una férrea protección frente a cualquier intento de procesamiento, como estamos viendo con las solicitudes que la jueza María Servini de Cubría envía al Gobierno español con relación a la querella presentada en Argentina contra los crímenes del franquismo. Está claro que las medidas que el Gobierno aplica con los presos y presas vascas responden a una excepcionalidad sólo aplicable a ellos, lo cual redunda en una clara injusticia, en una cruel discriminación, y en una nueva vulneración de los derechos humanos. Una excepcionalidad basada en el interés por poner palos en las ruedas a cualquier intento de avanzar en el proceso de paz, y en la normalización del conflicto vasco, tal como lo exige la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, en diversas manifestaciones masivas celebradas recientemente (la última de ellas en Bilbo, el pasado día 12 de enero). Al Gobierno y al PP sólo le importa la lógica de los vencedores y vencidos, la cruel escenificación de la “derrota” de ETA, y para ello, no dudan en imponer injustos condicionantes, y en obstaculizar todo lo que pueden cualquier atisbo de avance en el proceso de paz.

Un proceso de paz que el mismo pueblo vasco ha manifestado en multitud de ocasiones, y al que infinidad de colectivos de la sociedad civil se han unido de diferentes formas. Por ejemplo, un total de 225 juristas, que han reclamado la derogación de la Ley Orgánica 7/2003, por entender que supone una anomalía jurídica. Esta política penitenciaria de dispersión fue iniciada hace más de 25 años, y hoy día subsisten casi 400 presos repartidos por cárceles dispersas por todo el territorio del Estado Español. Las cifras concretas de número de presos y situación de las cárceles las ofrece un sobrecogedor artículo del padre del preso vasco Unai Fano, que relata la tremenda situación a la que se ven sometidos cada vez que quieren visitar a su hijo. Hasta en Portugal y en Suiza existen cárceles que alojan a presos vascos. Los riesgos de visitar a estas personas por parte de sus familiares y amigos conllevan elevado coste económico, cansancio físico y riesgo de accidentes, a los que hay que unir la imposibilidad de ser visitados por un amplio número de padres y madres de avanzada edad, así como por personas con discapacidad. En la actualidad hay 10 presos gravemente enfermos, alguno de ellos en situación terminal, a los que tanto el Estado Español como el Francés les niegan siquiera la libertad atenuada para ser debidamente atendidos. Ninguna democracia que se precie debería consentir tanta crueldad.

Las visitas normales permitidas son de 40 minutos de duración, y se realizan a través de un locutorio blindado con un cristal que no permite el contacto físico con el preso o presa. Y tanto las celdas como los locutorios están intervenidos (se graba todo lo que se habla), limitando de esta forma gravemente el derecho a la intimidad y a la libertad de poder comunicarse con plenitud. Por otra parte, los cacheos y la toma de huellas tanto a la entrada como a la salida someten a los visitantes a una situación inaceptable. Y por si fuera poco, tampoco está permitido dejar ningún tipo de alimento al preso/a, que pueda paliar las penurias alimenticias que padecen. A todo ello hemos de unir los traslados de unas prisiones a otras, la incomunicación y los aislamientos, que buscan denigrar aún más la dignidad de estos presos y presas. Aún así, los casos más sangrantes lo protagonizan las presas con hijos o hijas. Hasta los 3 años pueden tenerlos/as con ellas en las cárceles, pero a partir de esa edad los separan, y se multiplican las dificultades para estos menores, que sufren las consecuencias del rencor de esta absurda e inhumana política. Las mujeres en esta situación son víctimas por triple partida, pues se atenta contra los derechos como ciudadana, como mujer y como madre encarcelada. Y la guinda del pastel se lleva a cabo cuando estas personas cumplen sus condenas, y salen por fin a la calle. Entonces llegan las inhabilitaciones, las multas y la denegación de subsidios. Mientras a cualquier otro preso o presa común se le reconoce un subsidio de inserción de 426 euros mensuales durante 18 meses, a los presos vascos se les niega este derecho, a pesar de que el Tribunal Constitucional declaró en su momento la inconstitucionalidad y nulidad de tal denegación.

Existe una gran cantidad de presos y presas políticas, la mayoría vascos y vascas, que sufren (ellos/as y sus familias) una constante vulneración a los derechos humanos más básicos y elementales

Como nos señala el senador de EH Bildu Jon Iñarritu en este artículo, ya en el Pacto de Ajuria Enea de 1988 se recoge por todos los partidos firmantes la aplicación de la medida de excarcelación de los presos de ETA cuando se produjera el fin de su actividad armada. Aquéllos que no tuvieran delitos de sangre serían indultados, y aquéllos que hubieran participado en atentados mortales serían enviados al exilio durante unos años. Como vemos, nada de lo allí especificado se está cumpliendo. Pero no sólo eso, sino que además se ejercen otras crueles medidas con respecto a los presos vascos, tales, como la no computación de las penas cumplidas en cárceles francesas (desoyendo la Decisión Marco Europea sobre el cómputo de penas cumplidas en otros Estados), y la no consideración de la situación de los presos y presas con enfermedades graves e incurables, por razones humanitarias. La política de alejamiento afecta al 95% de los presos etarras, contraviniendo la reiterada jurisprudencia del TEDH, y de la propia Constitución Española, esa con la que tanto se llenan la boca. La situación de excepcionalidad que viven los presos vascos en el Estado Español debe clamar a la conciencia de todo demócrata. Porque en todos los países donde han tenido lugar conflictos armados, y posteriormente se ha alcanzado un cese definitivo de la violencia, se ha dado cierto nivel de consenso entre las Instituciones, la sociedad civil y terceros actores de la comunidad internacional, a modo de mediadores para garantizar el proceso. Acaba de suceder por ejemplo en Colombia, proceso que recogimos en este artículo. 

Han transcurrido ya cinco años desde que las únicas violencias políticas organizadas visibles son las de los Estados o sus distintas Administraciones. Unos Estados que no desean la paz, que en vez de contribuir a ella, sabotean continuamente todo intento de reconciliación, de justicia y de pacificación del conflicto. Tribunales de excepción, leyes anti-terroristas, incomunicación, dispersión…todo ello debe desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico. Para cualquier buen observador que se precie, será fácil deducir que para el Partido Popular y para un buen sector de nuestra sociedad, se echan de menos los años de la lucha armada de ETA, para seguir legitimando su régimen represor, para seguir contando con el enemigo interno, y para seguir, como efecto colateral, justificando su visión única y excluyente de una España que no se dan cuenta que pertenece al pasado. Ellos añoran la situación anterior, porque quisieran poder seguir utilizando la violencia terrorista como arma arrojadiza y argumento “de Estado” en beneficio político. La política penitenciaria del Estado Español es vergonzante, violenta y revanchista, impropia de todo país democrático que asegure respetar los Derechos Humanos. Cualquier Estado que no evolucione desde sus altas esferas de poder a tenor de la propia evolución de sus condicionantes económicos, políticos y sociales, estará condenado al fracaso.

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