Pobreza energética y posibles soluciones

Por Roberto Santos @nenedenadie | Ilustraciones de ElKoko @Elkokoparrilla

Estamos a menos de un mes para que llegue el invierno oficialmente y el frío ya se ha empezado a hacer notar en nuestro país. Un frío que para muchos es un autentico reto porque no saben como podrán enfrentarlo, porque desconocen como proteger a sus hijos o sus abuelos del invierno.

Seguro que ya habéis adivinado que os voy a hablar de la pobreza energética, un debate que para muchos ha aparecido recientemente, pese a que otros llevamos años denunciándolo, por la muerte de una anciana en un incendio provocado por las velas que usaba para alumbrarse porque vivía sin luz.

Yo hoy no os voy a hablar de la muerte de la Señora Rosa, pero si de las causas de la pobreza energética, de los beneficios de las eléctricas y de la inacción de un Gobierno que lleva 5 años, que se dice pronto, ignorando este problema y haciendo políticas que lo agravaron aún más.

Aumento de factura energética

Partamos de la base de que solo en 2014 un 11% de los hogares españoles se declaró incapaz de hacer frente a la factura de la luz y gas en los meses de invierno para tener sus casas a una temperatura óptima. Según datos deL informe de la ACA y que señala directamente al elevado costo de la factura energética en nuestro país.

Entre 2012 y 2014 la pobreza energética creció un 22%, dato significativo que nos deja claro que el problema aumenta con rapidez.

Si nos vamos más atrás podremos ver que desde principios de la crisis, haya por 2008, hasta hoy el recibo de la luz no ha dejado de subir, es más según cálculos de FACUA, solamente en los últimos 6 meses se ha encarecido un 24%. Y si nos fijamos en la anterior legislatura, entre 2012 y 2015 el recibo aumento un 16,2%.

Lo mismo pasa con el gas desde 2008 hasta 2015, paso de costar 5,57 céntimos el kWh a 9,14 céntimos de euro.

Con estos datos no es de extrañar que según Eurostat, España sea el quinto país con la luz más cara para los consumidores domésticos.

Precariedad y aumento de las diferencias sociales.

España es el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, tan solo por detrás de Chipre y superando hasta en catorce veces a Grecia, según el informe «Una economía al servicio del 1 %» de Oxfam Intermon.

Más de 13,3 millones de españoles, un 28,6% de la población, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social y, de ellos, unos tres millones y medio permanecen en una situación severa con unos ingresos que no superan los 4.500 euros al año, unos 330 euros al mes. Sin embargo, la cifra es casi cuatro puntos más alta que en 2009, cuando se manejaban datos de 11.546.214 españoles en riesgo de pobreza y exclusión, según el informe ‘El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2009-2015’, del que ya os hable en otro artículo.

Tampoco podemos perder de vista que se ha incrementado la tasa de trabajadores pobres, del 11,7% en 2013 al 14,8% el año pasado, lo que se debe a la mala calidad del empleo. Hablando en plata, a la precariedad que el Gobierno quiere vendernos como la panacea, como la envidia de Europa y como una maravilla que debemos abrazar, aunque para poder vivir tengamos que tener 3 empleos precarios y a los abuelos en casa aportando con la pensión.

Aunque en el último año ha disminuido la pobreza relativa, la media en España ha aumentado un 0,7%, situándose en el 7,6.

Con estos datos, ¿de verdad a alguien le sorprende que exista pobreza energética en España?

Oligopolio energético

En nuestro país el sistema energético esta dominado por un pequeño número de empresas que explotan una necesidad básica en régimen de Oligopolio, y que además marcan fuertemente las decisiones políticas a su favor.

Partamos de la base de que sus clientes somos todos y cuando digo todos, realmente quiero decir todos: hogares, empresas e industrías del país. Es decir somos un mercado cautivo para ellos, en castellano que todo el mundo pueda entender, un auténtico chollo para ellos.

Los privilegios de este oligopolio son evidentes y se fundamentan además en la connivencia con el poder político. El paso de Juán Manuel Soría por el Ministerio de Industria es un claro ejemplo de ello. Además si atendemos a la multitud de puertas giratorias que han llevado a muchos de nuestros políticos a preciosos sillones en sus consejos, seguramente podamos entender mejor que en pleno 2016 sigamos hablando de oligopolio.

Durante el primer Gobierno de José María Aznar en 1996 tuvo lugar la liberalización del sector eléctrico y de las telecomunicaciones, entre otros. En 2004 tuvo lugar el primer decreto de estímulo a las energías renovables.

En este periodo de tiempo, la inmensa cantidad de relaciones superpuestas han garantizado los beneficios de las empresas de producción eléctrica convencional, la llamada «producción de régimen general», favoreciendo las inversiones en ciclo combinado y en detrimento del apoyo y los estímulos a las energías renovables.

Lo peor es que nos sobran los ejemplos: los costes de transición a la competencia, el reconocimiento sin evaluación de los costes de producción alegados, el sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, la renuncia a reclamar la parte correspondiente a las concesiones hidráulicas, los pagos por capacidad, los incentivos por interrumpibilidad, la prolongación de los plazos de explotación nuclear, etc. La lista de abusos es interminable pero se resume rápidamente en una máxima que se cumple desde el principio: su coste recae siempre sobre los consumidores, que difícilmente pueden defenderse en este galimatías, intencionadamente oscuro y complicado.

¿Qué pagamos realmente los consumidores?

Las facturas de la electricidad en nuestro país incluyen 2 conceptos: por un lado está la cantidad de energía consumida al precio fijado por kilowatio, y por otro, una serie de costes a mayores (que no han hecho más que aumentar y aumentar en los último años) cargados por las compañías eléctricas y en cuyo origen tienen que ver las decisiones tomadas por el gobierno. Son los llamados “peajes de acceso”, que incrementan la factura en concepto de los gastos de transporte y distribución de la electricidad + una serie de primas (subvenciones) para fomentar el uso de energías renovables + una tarifa para grandes empresas industriales + el pago del “déficit de tarifa” + la “moratoria nuclear” + extras peninsulares para llevar la electricidad a las islas, Ceuta y Melilla. A esto además debemos sumar los impuestos, entre ellos el 21% de IVA, porque la electricidad en España se grava como un artículo de lujo y no de primera necesidad. Curioso, ¿no?, ¿acaso no lo es?

Los peajes de acceso, los fija anualmente el Ministerio. Da igual con qué compañía estés porque tienes que pagarlos de todas maneras. Según la CNMC es el 41,14% de la factura. Este dinero lo recaudan las eléctricas y luego se lo dan al organismo regulador para que lo distribuya.

De estos peajes me voy a detener en el déficit de tarifa, que se origina en la enorme deuda acumulada en años por la diferencia entre el coste real que a las compañías eléctricas les cuesta producir la energía, y el precio de venta de la luz fijado de forma contenida por el gobierno de turno para evitar subir las tarifas directamente, y perder así votos de los ciudadanos. ¿Alguien ha hablado de populismo? Ojo, que en esos años Podemos ni existía, por si alguno tiene la intención de señalar el populismo en la dirección equivocada.

Este déficit tarifario provocó durante 14 años que España embalsara una deuda eléctrica que llegó hasta los 27.000 millones y que a 31 de diciembre del pasado año aún ascendía a 25.056,5 millones, según un estudio de técnicos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) divulgado por el Club de la Energía. Allí se pronostica que a la deuda eléctrica «le queda una vida remanente de 13 años, durante los cuales los consumidores verán incluido en sus recibos un concepto de coste asociado a su financiación, debiendo devolver el principal más los intereses». Ahí es nada.

En el caso de las petroleras, al igual que ha pasado en múltiples ocasiones con las eléctricas, La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha denunciado en varias ocasiones que estas compañías han pactado precios, y de hecho han sido sancionadas por el Tribunal Superior de Defensa de la Competencia en reiteradas ocasiones, eso si, las sanciones han sido ridículas y en absoluto disuasorias o ejemplares, para evitar que esto siga ocurriendo. Diciéndolo de otro modo, les sale a cuenta.

¿Cuales son los beneficios del sector?

Las tres grandes compañías eléctricas que operan en España, (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) han obtenido importantes beneficios entre los años 2008 y 2015, entendiendo 2008 como año del inicio de la crisis económica, que ascienden a la nada despreciable cifra de 56.624 millones de Euros, o lo que es lo mismo, un beneficio neto diario de 20 millones de euros.

Si os hablo de los beneficios de las eléctricas no es para hacer demagogia sobre ello, simplemente para poner en valor el dato objetivo de que en los útlimos años, incluidos los de crisis económica, los han obtenido y de forma importante.

Como de forma importante se ha encarecido el recibo de la luz, en el mismo periodo de tiempo, el incremento del mismo fue de más del 52%, el doble que la media en la Unión Europea.

¿Cuánto le cuestan a las eléctricas los cortes de suministro?

Según el economista Isidoro Tapia, podríamos asumir que el coste de los cortes de suministro sobre las empresas eléctricas puede estar en torno a los 45 millones de euros al año. Cifra que contrasta con lo que obtienen diariamente de beneficio neto.

¿Acaso no se pueden permitir ese coste y no cortarle la luz a nadie? Parece evidente que si, pero claramente no lo hacen.

¿Soluciones?

Hasta ahora lo único que podría servir de ayuda a las personas con problemas para pagar el recibo de la luz, es el llamado bono social.

El bono social es un descuento, actualmente del 25% en la factura eléctrica (en su momento era de hasta el 40%), que fue introducido en el año 2009 por Gobierno y empresas eléctricas, por el cual las eléctricas se comprometieron a financiarlo, estimando en ese momento que su importe anual sería de 500 millones de Euros, a cambio de la colocación con garantía del Estado de la deuda acumulada en sistema eléctrico a través del fondo FADE. Sorprende que la única forma de que estás empresas hagan algo sea siempre a cambio de algo por parte del Estado, detalle que no deberíamos perder de vista.

Pues bien, nunca se llego a esa cantidad de 500 millones de euros y de hecho el numero de beneficiarios no ha dejado de descender en los últimos años.

La Ley 24/2013, en su artículo 45, establece el bono social para los consumidores vulnerables. ¿A quién beneficia?

El bono social es de aplicación en los hogares que cumplan dos requisitos iniciales: menos de 10 kW contratados y que estén en PVPC (antigua TUR). Además, deben cumplir al menos una (cualquiera) de las siguientes condiciones:

• Hogares “habituales” con menos de 3 kW de potencia contratada. En la práctica, con los escalones de potencia regulados actualmente, esta potencia debe ser de 2,3 kW.
• Pensionistas de más de 60 años, que reciban pensión mínima.
• Familias numerosas. ¡Ojo! Que con tres hijos y dos padres ya se cumple. Y con menos miembros también en ciertos casos. Es necesario sacarse el “Carné de Familia numerosa”. Este trámite, así como las condiciones, las puedes encontrar en la web del PROP.
• Familias con todos sus miembros en desempleo. Esta situación es lamentablemente bastante común hoy en día.

Aparte de esto, ahora también se exige no exceder un máximo de ingresos anuales por familia, marcado por el gobierno en:

• Para una persona, el 120% del salario mínimo interprofesional (10.841€), para la segunda el 70% (7.588€), y para la tercera y siguientes el 50% (5.420€).

Quizás el hecho de que sea tan complicado de entender y a la vez tan desconocido, hace que muchas familias que podrían optar a ello no lo hagan.

Ayer mismo el nuevo Ministro de Industria, que no es tan nuevo, Alvaro Nadal anunció que hará pagar a todas las compañías eléctricas el bono social y que para ello el Gobierno va a redactar “en semanas” un real decreto ley.

¿Es esto suficiente? Obviamente no, porque aún habrá gente que tampoco pueda hacer frente al bono social y también porque es solo una parte. Estos días estamos hablando mucho del bono social y muy poco de eficiencia energética, de poner en valor las renovables y de llamar a las cosas por su nombre.

El Gobierno debería reconocer y definir oficialmente la pobreza energética, así como el concepto de consumidor vulnerable y establecer planes contra la pobreza energética en función de la renta y las posibilidades reales del consumidor para hacer frente a las facturas.

Se deberían también aplicar medidas de eficiencia energética a los hogares afectados por la pobreza energética, y en realidad a todos los hogares en general, y asegurar el suministro en momentos críticos, no olvidemos que el impago continuado de recibos lleva al corte del suministro eléctrico, salvo casos especiales como hospitales que lo tienen garantizado. Entre los casos especiales no hay ninguno que contemple el ámbito doméstico.  Los casos de necesidad vital de suministro eléctrico en el hogar (enfermedades respiratorias crónicas o tratamientos de diálisis) deberían ser considerados servicios esenciales y se deberían establecer medidas para evitar la desconexión en estas circunstancias. Asimismo, también se podría prohibir la desconexión durante los meses de más frío, como se hace en otros países.

También deberíamos incentivar el autoconsumo, la instalación de placas fotovoltaicas o térmicas en viviendas, por ejemplo, puede ayudar a disminuir la dependencia y la vulnerabilidad del consumidor energético, ya que las familias estarían menos expuestas a las subidas en los precios de la energía. Ahora bien, no olvidemos que el Gobierno de Rajoy ha hecho todo lo posible contra el autoconsumo, llegando a crear un impuesto al Sol.

Y por último y algo además que el Gobierno podría hacer mañana mismo, bajar el IVA del 21%, teniendo en cuenta que la energía es un bien básico y necesario para el bienestar y la salud, al IVA reducido del 10% y en los casos de exclusión social al superreducido del 4%.

El resto de soluciones pasarían por acabar con la precariedad laboral y salarial y la disminución del número de parados, pero eso de momento parece una utopía con este Gobierno. Bueno, y lo anterior también.

Aún así esperemos que la muerte de la Señora Rosa sirva para algo más que un montón de buenas palabras a la luz de los titulares de tan triste historia y que no se acaben quedando en la sombra del olvido según avance el tiempo. El problema existe y muchas de las soluciones son solo cuestión de voluntad política. El invierno ya está en la puerta y es una auténtica vergüenza que en nuestro país haya millones de personas pensando en como afrontar los recibos, en como calentar a sus hijos, sin saber qué hacer para obtener ayuda y con la vergüenza ademas de no poder hacer frente a algo tan básico como la electricidad. Sería bueno que todos ellos supieran que no están solos y que se les ayudase, sería bueno que las compañías tuviesen un mínimo de empatía con esta gente y sería bueno que el Gobierno y los diferentes grupos políticos se pongan manos a la obra para acabar con esta terrible situación.