Oportunismos post referéndum

Por Enric Bataller

Las infames imágenes de violencia policial gratuita en las calles de Cataluña que el mundo contempló horrorizado el 2 de octubre marcan, sin duda, un punto de no retorno en muchos aspectos sustanciales. Hablo de violencia gratuita porque, sin olvidar la condena a las agresiones puntuales que sufrieron algunos agentes, resulta ridícula la fuerza empleada contra multitudes de personas que lo único que querían era depositar su papeleta en una urna. Porque éste es el quid: Rajoy ha confundido un proceso político, todo lo criticable que se quiera, con un acto de desacato; y su respuesta ha sido, en pura lógica, la de romper el espinazo a quienes pensaba que le estaban desafiando mientras dejaba el necesario diálogo para no se sabe qué otra ocasión.

Una característica muy destacable del proceso catalán ha sido la de que, hasta el día de hoy, ha discurrido por los cauces de la estricta institucionalidad, con lo que se diferencia nítidamente de fenómenos similares ocurridos recientemente en otras latitudes, por ejemplo en Ucrania. Carles Puigdemont fue investido President de la Generalitat por la mayoría absoluta del Parlamento catalán, y sus actos han gozado en todo momento del refrendo mayoritario de ese mismo Parlament. Es posible que se forzase un tanto la escrupulosa formalidad en el debate de la Ley de Transitoriedad, abocada a un sumario procedimiento de urgencia que sin embargo existe igualmente en otras asambleas legislativas del Estado. Es cierto que la mayoría que sustenta a Puigdemont es corta, pero claramente superior a la que sustenta el Gobierno de Rajoy, que a mayor abundamiento controla la Mesa del Congreso contando sólo con 169 diputados en vez de los 176 que representan una mayoría absoluta, y sin que por ello las decisiones que ha venido adoptando Ana Pastor hayan sido objeto del mismo desprecio ni de la misma saña persecutoria que han despertado las adoptadas por Carme Forcadell.

Si añadimos que el Rey olvidó asumir, en su mensaje a la ciudadanía del 3 de octubre, el papel que le asigna la Constitución, que es el de árbitro y moderador del normal funcionamiento de las instituciones, vemos que las perspectivas para una solución pacífica van complicándose por momentos

Esa institucionalidad catalana debería ser valorada de manera muy positiva, porque refrena el caos y permitiría, si tuviera enfrente algún gobierno responsable, negociar y alcanzar pactos interesantes para todos. Esto lo saben perfectamente los amigos del “cuanto peor, mejor”, y debe ser por ello que ahora Ciudadanos se centra en solicitar la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución Española con el único y declarado propósito de convocar nuevas elecciones en Cataluña. Evidentemente buscan dejar fuera de juego a Puigdemont, convirtiéndolo en Presidente en funciones si no es que el Estado lo envía antes a la cárcel, y dejar también el territorio sin Poder Legislativo hasta la celebración de los comicios, creando así un interregno donde le sería más fácil al Estado central imponer soluciones de fuerza. Ello, unido a la machacona insistencia de sus líderes en la existencia de una fractura social que la realidad no atestigua, permitiría que se creasen artificialmente dos bandos, lo que conllevaría a la irremisible “ulsterización” del contencioso. Esto supondría además condicionar a priori las posibilidades de actuación de un nuevo gobierno de España, ya sin Rajoy, que pretendiese rehacer puentes con Cataluña, porque tal gobierno se vería obligado a anteponer el apoyo a los unionistas a cualquier otra consideración pacificadora.

Vemos aquí cómo se va cerrando el círculo de la imprudencia, la irresponsabilidad y el egoísmo políticos del Partido Popular y de C’s, que amenazan con convertir una sociedad, la catalana, globalmente crítica con el centralismo y ansiosa de pluralidad, en un espacio aquejado de vacío institucional y con enfrentamientos internos. Y todo ello además con graves daños colaterales para la imagen de la democracia en el conjunto del Estado español. Si añadimos que el Rey olvidó asumir, en su mensaje a la ciudadanía del 3 de octubre, el papel que le asigna la Constitución, que es el de árbitro y moderador del normal funcionamiento de las instituciones, vemos que las perspectivas para una solución pacífica van complicándose por momentos.

Me gustaría pensar que la situación podrá reconducirse en breve. Para ello sería necesario que las formaciones políticas actualmente instaladas en la sensatez y la voluntad de diálogo encontremos la vía para articular una alternativa rápida que neutralice las pulsiones destructivas de la convivencia que ahora padecemos. Si no, los escenarios pueden ser impredecibles.

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