Opinión | Pensionistas: La pata firme de una mesa corrupta

                                                                                                                                                                                                                      Por Luis Aneiros

España es un país de gobiernos pintorescos, con usos y costumbres rayanos en la excentricidad, como pueden ser los plasmas, las condecoraciones marianas o los globos sonda. Estos últimos son mecanismos de terror disfrazados de técnica demoscópica. El fin último no es pulsar la opinión de la sociedad sobre un tema en particular, sino provocar el pánico, y ver si el número de personas que no abandonan la nave es el suficiente como para que merezca la pena arriesgar el prestigio inexistente del gobierno, tomando alguna decisión impopular. Amenazamos y contamos a los que no gritan  ni corren…

El último globo sonda lanzado por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, con respecto a la posibilidad de aumentar el copago sanitario a los pensionistas que cobren más de 18.000 euros al año, fue de esos que hizo poner el grito en el cielo a toda la sociedad. De hecho, en 24 horas, la ministra cambió de versión al menos tres veces. Y es verdad que el copago para los pensionistas es una carga, y lo es también que 18.000 euros al año son poco más de 1.000 euros al mes, cantidad que para nuestros gobernantes debe de ser el sumun de la opulencia, ya que hacen todo lo humanamente posible para que los ciudadanos la consideren una cifra utópica y, por lo tanto, inalcanzable… Pero lo realmente preocupante es lo que se esconde detrás de ese tipo de intenciones, porque no estamos hablando de rentas elevadas ni de salarios mensuales de trabajadores en activo, ni de amas de casa o estudiantes… Estamos hablando de pensionistas, de jubilados… de nuestros mayores.

Una sociedad que no es consciente de quienes son nuestros mayores es una sociedad condenada a repetir constantemente el mismo error, en un bucle infinito de mezquindad y ceguera. Treinta y cinco, cuarenta… en algún caso hasta cincuenta años de trabajo. Y, si tenemos en cuenta los últimos cincuenta años de nuestro país, ese trabajo se ha realizado en numerosas ocasiones en condiciones muy duras y con salarios de miseria. No, señor ministro (cualquier señor ministro), no me refiero a las condiciones duras en las que su padre el embajador ha tenido que dar la mano a tantas y tantas personas, o en las que el padre del otro señor ministro (cualquier otro señor ministro) ha tenido que firmar tantos contratos con gobiernos extranjeros para sus empresas de construcción o de inversiones financieras. Me refiero a años de dejarse la espalda cargando pesos que muchos de nosotros no podemos concebir, o caminando kilómetros para poder ir al trabajo y a casa, o bajando a pozos donde cualquiera de los presentes no concibe la vida… Me refiero a albañiles, costureras, carpinteros, empleadas del hogar, comerciantes, carteros,  barrenderos,  marineros, agricultores, ganaderos… Personas que lo han dado todo por nosotros como trabajadores y como padres, la mayor parte del tiempo sin ser conscientes de lo que daban… y que ahora tienen que volver a darlo todo sin entender por qué, qué demonios ha  cambiado para que ya no se respete ni a los ancianos.

Durante sus años de trabajo, los ahora jubilados y pensionistas no cotizaban a ONGs ni a sus propios hijos. Cotizaban a la Seguridad Social, al Estado, y debe ser éste el que les devuelva lo cotizado. Una persona que llega a la edad de jubilación debería de poder sentir tranquilidad y agradecimiento a su alrededor, no la sensación de ser una carga para sus familias. La realidad es cruel, y la actual situación laboral y económica de muchos de nosotros hace imposible que podamos dedicarnos personalmente al cuidado de nuestros padres. Falta el tiempo y el dinero necesarios para poder atender sus necesidades, muchas veces de un carácter muy especial. Y en un país donde la pensión media (que no la mayoritaria) es de 900 euros, una plaza en una residencia privada cuesta de 1.100 a más de 2.000 euros al mes, y las posibilidades de acceder a una plaza pública son muy limitadas, con el añadido de una gran distancia de su núcleo familiar en muchos casos. Y capítulo aparte son los ancianos que viven solos y con menos de 400 euros al mes. Visitantes asiduos de comedores sociales y de instituciones de beneficencia como Cáritas, ven cómo el tiempo que viene será aún más duro que el pasado.

Y los usamos como salida a los problemas financieros del estado. Les decimos que gastan demasiado poco para sostener el país, que su aportación no es suficiente, y que sin duda recortarles o congelarles sus ya exiguos ingresos será más beneficioso que meter la mano en las grandes fortunas, los beneficios de la banca o los sueldos, crecientes cada año en un 20%, de nuestros alcaldes y concejales. Insisto: durante sus años de productividad laboral, los mayores cotizaron al estado, no a la beneficencia ni a las familias. El estado debe de garantizarles una vida tranquila y sin ningún tipo de carencias en lo básico, debe de asegurarse de que sientan que sus años de esfuerzo no fueron años tirados, y no tratarlos como la pata principal de una mesa que se tambalea porque las otras tres patas están corrompidas.

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