Opinión | Independientes no, pero libres sí

Por Luis Aneiros

Hace tiempo que esto no se trata de independencia o no. Lo que está en juego es ya la supervivencia de un sistema democrático que, a trancas y barrancas, garantizaba hasta ahora una convivencia más o menos tranquila. Todos teníamos claro que las reglas del juego beneficiaban a unos, porque las reglas del juego se hacen para que esos unos salgan siempre beneficiados, pero los demás manteníamos el derecho a la crítica y a la manifestación pública de nuestras disconformidades. Mientras se mantuviera una actitud pacífica, los ciudadanos podíamos tener aspiraciones e intentar alcanzarlas. Algunas han sido muchas veces verdaderas utopías inalcanzables, pero seguían siendo las metas de algunos grupos sociales, y qué duda cabe de que, por el camino, se han llegado a lograr mejoras en muchos campos. Y si no, que se lo digan al colectivo LGTB que, aún lejos de sentirse plenamente reconocidos y respetados, han podido ver cómo su estatus pasaba de la clandestinidad punible al reconocimiento de ciertos derechos, al menos los más elementales y básicos.

La independencia es una justa aspiración de un sector de la sociedad catalana, como lo es de la vasca o de la gallega. Y la unidad de España es también una justa aspiración, y personalmente la comparto siempre que no suponga el recorte de un derecho tan básico como el de manifestar la voluntad del pueblo. Una mayoría de catalanes desea un referéndum, y eso es un dato incontestable que debe llevar a la reflexión y al debate, pero jamás a la confrontación por la fuerza. Los políticos detenidos por su participación en la preparación de la consulta representan los deseos de la mayor parte de la sociedad catalana y, por tanto, deben de ser tratados como tales representantes. Considerar delito un acto político que responde a los deseos de muchos miles de personas es sólo propio de regímenes dictatoriales, y debe de considerarse a dichas personas como presos políticos, ya que no cometieron ningún tipo de delito que no se enmarque exclusivamente en el ámbito de la política. Hablar de sedición es sólo una justificación que no se tiene en pie de ninguna manera sensata. Esas detenciones, junto con las demás acciones policiales llevadas a cabo estos días en imprentas, empresas de transporte e instituciones públicas, son la desesperada solución que el gobierno central encuentra al inexistente problema catalán. Inexistente al menos en la magnitud en la que nos lo quiere presentar el gobierno de Mariano Rajoy que, ante la no obediencia ciega a las amenazas, sólo sabe imponer la fuerza de las armas.

Si la ley ampara al gobierno en detenciones y registros cuyo fin es impedir la libre manifestación de la voluntad popular, es aún peor porque eso querrá decir que vivimos en un marco que no garantiza las libertades reales

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no están para reprimir los deseos de la mayoría, ni para encarcelar a los contrincantes políticos, sino para garantizar la convivencia tranquila y en paz. Y esa tranquilidad y esa paz sólo están siendo alteradas por la irrupción de la policía y la guardia civil en la vida catalana, en un despliegue de poder político y judicial sin precedentes en nuestro país. ¿Qué se puede hacer contra un gobierno que utiliza a las fuerzas del orden comandadas por las personas idóneas, y que cuenta con el apoyo de los miembros del poder judicial necesarios? Franco hablaba de paz y de Dios mientras asesinaba disidentes, y Rajoy habla de respeto a la legalidad mientras su partido llena los banquillos de los juzgados por multitud de casos de corrupción. Y la famosa lentitud de la justicia desaparece milagrosamente en cuanto se ponen sobre la mesa asuntos que ponen al gobierno en apuros.

Cuando las instituciones son herramienta de represión de ideas, se habla de totalitarismo. Y no caben medias tintas ni debates artificiales plagados de leyes, apartados y puntos. Si lo que el gobierno está haciendo en Cataluña está fuera de la ley, alguien tendrá que responder por ello. Pero, si la ley ampara al gobierno en detenciones y registros cuyo fin es impedir la libre manifestación de la voluntad popular, es aún peor porque eso querrá decir que vivimos en un marco que no garantiza las libertades reales. La definición de “democracia” es clara:

“Poder ejercido por los ciudadanos”, “la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes”, “practica la igualdad de derechos individuales” son afirmaciones que no se ven reflejadas en la vida social y política española, y menos aún en lo sucedido estos días en Cataluña, donde se vive un verdadero estado de excepción no declarado tras la intervención de competencias de la Generalitat por parte del gobierno central, en una aplicación camuflada del artículo 155 de la Constitución.

Cada acto del gobierno y cada palabra de los miembros del PP hacen crecer el número de catalanes que, al menos, desean un referéndum sobre su independencia de España. Y las últimas encuestas prevén una importante victoria del SI en el caso de celebrarse la consulta. Y la independencia de Cataluña no beneficiaría a nadie, pero eso no parece importarle a Mariano Rajoy, que desea pasar a la posteridad como el gobernante que impidió la ruptura de la nación, y sacarse así la espina que le quedó al no poder apuntarse el tanto del fin de ETA. Pero el ansia de notoriedad histórica no es buena, y menos aun cuando se busca utilizando medios equivocados y dramáticos. Y el señor Mariano Rajoy tiene como ejemplo a su antecesor en el gobierno y en el partido, el señor José María Aznar, cuyas ganas desmedidas de hacer historia sólo trajeron dolor.

¿Qué hará el gobierno el día 1 de octubre si algún ciudadano sale a ejercer su derecho al voto con la papeleta en la mano? ¿Arrancársela a porrazos? ¿Y qué hará el pueblo catalán si el día 1 de octubre no tiene donde manifestar su voluntad? ¿Resignarse? ¿En serio cree que eso es lo que pasará, señor Mariano Rajoy?

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