Opinión | Dinerocracia

Por Luis Aneiros

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que las cláusulas suelo de nuestras hipotecas son ilegales y abusivas, y que los bancos que las hayan incluido en sus contratos de créditos hipotecarios, estarán obligados a devolver lo indebidamente cobrado por ese concepto. Todos nos congratulamos por ello, todos hemos encontrado un cierto sentido a esto de Europa al fin, todos hemos pensado que existe al menos un organismo que haga justicia… y todos hemos pecado de ingenuos, por utilizar un calificativo que no ofenda demasiado.

Olvidamos quién nos gobierna, quién está en los lugares de las últimas decisiones, quién echa mano de la autonomía nacional cuando conviene, a pesar de no usar dicha autonomía para otros temas que también llegan de Europa, pero que no parecen tener tanta importancia, como por ejemplo los límites de déficit y las duras decisiones de recortes que conllevan. El Tribunal habrá dicho lo que le ha parecido, pero a todos se nos ha olvidado un elemento muy importante que permanece siempre escondido detrás de muchas de las decisiones de nuestro gobierno: los bancos financian las campañas electorales que llevan a los partidos a los gobiernos centrales o autonómicos, a las diputaciones y a los ayuntamientos.

La descarada e indisimulada complicidad del gobierno con la banca en este tema, como en tantos otros, y el humillante silencio de los partidos de la oposición, son producto del chantaje al que los magnates de la banca someten a todos los que antes han pasado por sus despachos para pedir la financiación necesaria para afrontar los gastos de una campaña electoral (con la excepción de Unidos Podemos, gracias a su concepto de financiación sin intervención de los bancos). Produce vergüenza ajena escuchar a los portavoces de los partidos decir que no deben nada a nadie porque han devuelto cada céntimo que les han prestado. Por supuesto que lo han devuelto, pero el problema no consiste en devolver lo prestado, sino en la posibilidad futura de otro crédito. ¿De qué sirve la voluntad de devolver lo pedido si quien tiene que poner el dinero pone condiciones previas al préstamo? ¿Qué banco financiaría la campaña del PP si el gobierno salido de este partido hiciera cumplir a rajatabla la sentencia del Tribunal de Justicia europeo? ¿Qué entidad pondría sobre la mesa los millones que necesita el PSOE si ejerciera de verdadera oposición y perjudicase a los usureros intereses de alguno de los más poderosos bancos de Europa? Y no hablemos del futuro de Ciudadanos, que sin el dinero necesario para evitarlo desaparecerá de la fila de los importantes, cuando el PP se lo sacuda de la manga de su chaqueta.

España tiene hoy un gobierno del dinero, por el dinero y para el dinero. Dinerocracia sería sin duda un término muy infantil, pero ajustado a la realidad. Cada decisión que se toma en el Consejo de Ministros está sujeta al gasto que conlleve y/o al beneficio que genere a sus protegidos, por encima de cualquier otro interés, dejando siempre al pueblo en los lugares de cola de sus prioridades. Y las condiciones que se reflejan en el decreto ley que regula la devolución del dinero de las abusivas cláusulas suelo de las hipotecas lo demuestran. Todo quedará, en resumen, al criterio de los “condenados” por el tribunal europeo. Los bancos decidirán cómo, cuándo y a quién. Y, lo que es todavía más escandaloso, no existe ningún tipo de penalización legal para quienes han incumplido la normativa europea y engañado a millones de españoles. Y, mientras tanto, los directivos de Nova Caixa Galicia que se autoconcedieron indemnizaciones millonarias fraudulentas, son condenados a dos años de prisión, el mismo castigo al que pueden condenar a cualquier español por robar 100 euros en un supermercado, o por escribir comentarios o chistes de mal gusto sobre algún político franquista fallecido de manera violenta.

La ingenuidad ya no cabe en nuestro país. Sabemos que nuestros ahorros y nuestras hipotecas pagan la llegada de los políticos a los puestos de poder. Sabemos que no podemos confiar en nuestro gobierno ni siquiera cuando lo ordena una institución como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, sobre todo, sabemos que es nuestra culpa. Nuestra única y lamentable culpa.

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