Ley Mordaza, el congreso debate un nuevo texto para modificarla

Por Roberto Santos

La Ley Mordaza puede pasar a ser historia está misma semana, ya que el Congreso abordará hoy, por fin, el debate de un nuevo texto, presentado por el PSOE y otro presentado por el PNV, para suprimir algunos de los artículos más polémicos de la normativa que el PP consiguió aprobar gracias a su mayoría absoluta y que siempre ha estado envuelta en polémica por su carácter restrictivo en un país que se considera democrático.

El texto registrado por el PSOE busca dejar en el olvido una ley que estos últimos años ha considerado sancionable la mera participación en una manifestación otorgándole además unos poderes prácticamente ilimitados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Pero vayamos por partes, ¿por qué la ley aprobada por el PP ha sido tan polémica?

Devoluciones en caliente

Sin duda uno de los puntos más polémicos y sangrantes de está ley por su contenido y por el momento en que se aprobó. En su disposición final primera, la ley regula las denominadas “devoluciones en caliente”, la práctica de la Guardia Civil que consiste en devolver a los inmigrantes al otro lado de la frontera cuando ya han pisado suelo español.

En estás deportaciones exprés, a los inmigrantes no se les pregunta ni su nombre, no son identificados de ninguna manera. Tampoco tienen opción a asistencia letrada y eso, entre otras cosas, impide que puedan pedir asilo político en caso de que su vida corra peligro, lo que además es un derecho amparado y reconocido por las principales normativas sobre Derechos Humanos.

La norma dice exactamente que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

No debemos olvidar que esta regulación llegó justo después de que 15 inmigrantes muriesen tratando de llegar a España, en el Tarajal, cuando agentes de la Guardia Civil dispararon pelotas de goma contra algunos de ellos, cuando intentaban alcanzar la playa a nado, cuando intentaban alcanzar una vida mejor.

Multas a Manifestantes

La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana se gestó tras un periodo de intensas movilizaciones contra los incesantes recortes sociales del Gobierno de Mariano Rajoy, como por ejemplo, el famoso Rodea el Congreso. El PP se aseguró en el texto de sancionar duramente a quienes decidieran manifestarse sin permiso, negarse a disolver una manifestación o provocase “altercados” y que van de los 600 hasta los 600.000 euros.

Además, la ley también castiga a quienes graben a la Policía y difundan esas imágenes por poner en peligro la integridad del agente o instalaciones protegidas, lo que a su vez impide captar imágenes que puedan servir para demostrar y denunciar posibles abusos policiales, de los que hasta ese momento, pudimos ver unos cuantos vídeos y titulares en su momento.

Por otro lado, tratar de parar un desahucio se puede castigar con hasta 30.000 euros. Las multas más altas se reservan para las protestas en las denominadas infraestructuras críticas, como centrales nucleares. La ley contempla multas de hasta 410.000 euros para los convocantes de una manifestación de este tipo.

Además, esta ley también penaliza otras conductas como el consumo de alcohol en la vía pública, o el de drogas. La reincidencia en el consumo de marihuana en la calle se puede castigar con hasta 30.000 euros.

Derecho a Huelga

Los sindicatos lo han denunciado desde el primer momento y no podía ser de otra manera, porque la ‘Ley Mordaza’ limita el derecho a la huelga y la libertad sindical. Aunque la ley no menciona directamente las huelgas, UGT y CCOO han apuntado a que varios artículos chocan con este derecho.

En este sentido, apuntan por ejemplo a las multas por ‘obstruir’ el desarrollo de las funciones de un empleado público, que con total claridad afecta a los piquetes, o la sanción por perturbar la seguridad ciudadana mediante la colocación de objetos, contenedores, mobiliario o neumáticos.

Los sindicatos también han denunciado que la indeterminación de la ley provoca que algunas actuaciones durante las protestas laborales se interpreten como desórdenes graves. Por ejemplo, “ocupar un inmueble en contra de la voluntad del propietario”: los sindicatos recuerdan que sus representantes podrían ser sancionados cuando su presencia se requiere en un centro de trabajo privado.

Abusos como consecuencia de la ley

La ley es tan restrictiva que prácticamente cualquier ciudadano puede acabar sufriéndola por motivos de lo más rocambolesco y no lo digo yo, sino la hemeroteca que ha documentado no pocos casos de personas sancionadas por auténticas estupideces.

Una mujer fue multada por llevar un bolso con la cara de un gato y las siglas A.C.A.B. con el mensaje “All Cats Are Beautiful” (Todos los gatos son bonitos). La Policía entendió que esas siglas significan “All Cops Are Bastards” (Todos los policías son unos bastardos).

Otro joven fue sancionado por llamar “escaqueados” a los policías de su pueblo, y en Alicante se multó con 800 euros a una mujer por sacar una foto a un vehículo policial que estaba mal aparcado.

Incluso ha habido multas de 600 euros por darle al “me gusta” en redes sociales a un video que se viralizo y en el que se podía ver a un agente de policía corriendo detrás de un supuesto delincuente.

Estas insólitas multas son consecuencia directa de que la ley castiga “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”, dejando a la interpretación de la Policía lo qué es una falta de respeto o no. Vamos, que te puedes llevar una multa en función de la susceptibilidad del agente en ese momento concreto.

Por todo ello, hoy el Congreso debatirá la aprobación de un nuevo texto que pretende acabar con la Ley Mordaza y devolvernos los derechos y libertades que está ley se llevó por delante en aras de la “seguridad ciudadana” y que fueron llevados, por la oposición en su día, al Constitucional, tras su aprobación a finales de 2015.

El nuevo texto presentado por el PSOE, propone derogar “la posibilidad de sancionar a los participantes en manifestaciones”, “las sanciones por manifestarse ante el Parlamento” o la generalización de “los registros personales en lugares públicos”.

Esta propuesta del PSOE ha sido muy bien recibida por Podemos, que no ha dudado en aplaudir la iniciativa y posicionarse a favor, como señaló la semana pasada la portavoz Irene Montero, tras la reunión de la Junta de Portavoces: “Nuestra posición es favorable a la derogación y esta es una buena oportunidad para trabajar”.

Por su parte, el nuevo ministro de Interior, José Ignacio Zoido, ya ofreció en su momento, consciente de la debilidad parlamentaria del PP, un pacto para retocar la Ley y en ese sentido ya ha movido ficha junto al PNV, que también presentará una nueva ley y que parece que puede ser una versión más suavizada de la aprobada por el PP en su momento pero que en ningún caso será una enmienda a la totalidad.

El texto del PNV propone establecer un “procedimiento legal y efectivo” de devoluciones en frontera, respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional. Además, plantea que deje de ser una infracción grave (con hasta 30.000 euros de multa) el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o que deje de considerarse grave manifestarse ante el Congreso y el Senado, entre otras.

No debemos olvidar tampoco, que en noviembre del año pasado, el Congreso aprobó una moción del PSOE que instaba al Gobierno a tumbar la Ley Mordaza. Y en este sentido parece que el Congreso empezará a caminar hoy mismo, aunque es más que probable que el texto que finalmente se apruebe sea el del PNV, que cuenta con el beneplácito del ministro Zoido y por tanto del PP y muy probablemente con el apoyo de Ciudadanos.

En cualquier caso, desde el PSOE afirman que el debate parlamentario no tendrá ningún efecto en los recursos ya planteados ante el Constitucional y por lo tanto no retirarán sus recursos.

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