¡La impunidad ha muerto¡ ¡Viva la República!

Por Daniel Seijo | Ilustración de Iñaki y Frenchy

 

«El Rey es tan Jefe de Estado como soy yo. Sólo que yo he sido electo tres veces con el 63 por ciento. Somos iguales, Jefes de Estado igual. Somos tan Jefes de Estado el indio Evo Morales como el rey Juan Carlos de Borbón y yo»

Hugo Chávez

Seguramente, poco podría imaginarse; en aquel verano de 2010, el fiscal Pedro Horrach, que entre la amalgama de documentos que recibía en su despacho, que en mayor o menor medida guardaban relación con el caso Palma Arena, se encontraban ocho folios, remitidos por la fundación  Illesport, que iban a destapar el mayor caso de corrupción de la monarquía española. El caso del Instituto Nóos, de Diego Torres, de Iñaki Urdangarin. Pero especialmente, un caso que terminaría, con toda una infanta de España, sentada en el banquillo de los acusados.

Un caso de adjudicaciones amañadas, de trabajos ficticios, precios desproporcionados y un desmedido ánimo de lucro, que llevaría a Don Iñaki y al que por aquel entonces era su socio Diego Torres, ha embolsarse cerca 4,5 millones de euros, por un trabajo, en el que el peso de la participación del yerno del rey, resultaba clave, para garantizar un flujo de dinero constante, cuya procedencia principal era la de las administraciones gobernadas por el Partido Popular. Nóos, supuso un entramado fraudulento, en el que los 18 acusados, terminaron sucumbiendo ante la tentación de asociarse con la imagen de la casa real, pese a las escandalosas irregularidades necesarias para ello.

El salto a la palestra del caso Nóos, supuso para la casa real española, encarar, la investigación y el posterior juicio, que terminaría por debilitar para siempre, esa imagen cándida y campechana de una monarquía, que en medio de una crisis sin precedentes para sus súbditos, se posicionaba claramente del lado de los que de una forma u otra, se habían aprovechado para su beneficio económico, de un sistema, del que la corona siempre se había congratulado de ayudar a crear. Con Aizoon SL bajo sospecha (Una sociedad compartida al 50% por Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina) la justicia, ponía en la picota, a una monarquía, aparentemente, vinculada a un caso de corrupción política, en el que el peso de la institución, había sido utilizado como si de una mera marca comercial más se tratase.

Parece obvio, a tenor del elevado tren de vida de la pareja, que Doña Cristina, sí debió de reconocer en su día a día, claros indicios de la extraña actividad económica de su marido.

La investigación, logró demostrar, de manera clara, el funcionamiento del entramado de empresas y sociedades pantalla; que Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, habían levantado, con el objetivo de hacer desaparecer para la Hacienda pública, el dinero fruto de la corrupción en sus actividades. Ante la imposibilidad de negar los claros indicios que apuntaban a Iñaki Urdangarin, no se tardo demasiado desde la casa real, en tomar la decisión de convertir, al yerno del rey, en la última barrera de defensa de la monarquía. Una estrategia, en la que se invirtieron numerosos recursos, y cuyo único objetivo, era el de intentar evitar que la investigación, pudiese salpicar en mayor medida a la propia monarquía. No en vano, el caso Nóos, amenazaba en aquel momento, con afectar de manera directa a la hija del por aquel entonces rey de España. En un ambiente, en el que objetivo de todos los focos, se encontraba precisamente, en lograr demostrar, la posible implicación de la infanta Cristina, con los negocios de su marido. Algo, que a tenor de la sentencia final del caso, ha resultado; por un motivo o por otro, imposible para la acusación.

Con un sonoro murmullo político de fondo, y una fiscalía que en ocasiones ha bordeado una línea de actuación, más propia de la defensa de la infanta Cristina. La justicia, se ha mostrado incapaz, pese a los claros indicios, de demostrar la participación de Cristina de Borbón, como cooperadora necesaria en el delito fiscal cometido por su marido. Delito, que ha sido el único por el que doña Cristina, ha terminado sentada finalmente en el banquillo. No así, por los delitos de malversación, prevaricación o falsedades. Cabe recordar, que legalmente, la infanta, nunca ha tenido obligación alguna de denunciar a su marido, pese a que pudiese haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas realizadas por el mismo. No cabría por tanto, pese al revuelo informativo, exigir responsabilidades en ese sentido, más allá de las que se le pudieran reclamar moral y socialmente a un miembro de la familia real que dice representar al conjunto de los españoles.

Con la absolución de Cristina de Borbón y la condena a Iñaki Urdangarin a un total de 6 años y 3 meses, la monarquía se encuentra ante la necesidad de hacer del marido de la infanta, un caso ejemplarizante, que evite; si todavía resulta posible, la sensación de la existencia de un justicia de dos sensibilidades, y dos velocidades en España.

Parece obvio, a tenor del elevado tren de vida de la pareja, que Doña Cristina, sí debió de reconocer en su día a día, claros indicios de la extraña actividad económica de su marido. Del mismo modo, que la capacidad de la infanta para disponer de los fondos de Aizoon, en donde se depositaban los beneficios fraudulentos de don Iñaki, apuntan de una manera clara, a una cierta responsabilidad en toda la trama, por parte de la hermana del actual rey. Una responsabilidad, que los correos destapados por  Diego Torres, extienden a su vez a nuevos ámbitos de la corona, dejando entrever, un claro conocimiento por parte del entorno de casa real, acerca de las actividades de Iñaki Urdangarin. Conocimiento, que desmonta totalmente, la fachada de una monarquía sorprendida por los tejemanejes del que hasta aquel entonces parecía el yerno ideal. La figura de Carlos García Revenga, secretario de las infantas, supone sin duda, uno de los vínculos claros entre la casa real y don Iñaki Urdangarin. El propio rey emérito, se vería salpicado por los mensajes destapados por Diego Torres, en donde las conversaciones con Corinna Sayn-Wittgenstein; supuesta amante del don Juan Carlos, parecen apuntar de manera directa a la aparente participación del rey en los negocios de don Iñaki Urdangarín, al menos como la figura, que nunca impidió que su nombre, y la reputación de la corona, fuese puesta al servicio de todo el entramado corrupto.

Con la absolución de Cristina de Borbón y la condena a Iñaki Urdangarin a un total de 6 años y 3 meses, la monarquía se encuentra ante la necesidad de hacer del marido de la infanta, un caso ejemplarizante, que evite; si todavía resulta posible, la sensación de la existencia de un justicia de dos sensibilidades, y dos velocidades en España.

Más allá de las sentencias judiciales y las responsabilidades penales, el proceso del caso Nóos, ha terminado destapando una dura realidad, para todos aquellos, que hasta hoy, creían en el sentido de una monarquía al servicio de los españoles. Las presiones ejercidas, en el entorno judicial y mediático, con la clara intencionalidad de alejar en la medida de lo posible a la infanta de las responsabilidades judiciales, han evidenciado a una corona muy alejada de los modelos de transparencia que desde la población se han venido exigiendo, ante el hartazgo de una corrupción ya endémica en el país. La corona, ha terminado de mostrarse al pueblo, como una institución, incapaz de reconocer sus propios errores. Un ente independiente del devenir democrático de nuestro país, incapaz de acomodarse a los cambios sociales pertinentes, al encontrarse totalmente inmersa en la firme tarea de apuntalar su propia supervivencia. Quién sabe, si por inoperancia o por mera impotencia, ante los posibles escándalos que una lupa parlamentaria podría hacer saltar a la opinión pública. La actuación de la casa real, ha continuado en una línea aislacionista, intentando dirimir en un proceso interno de reprimendas reales, lo que debería haberse convertido, en una clara oportunidad, para demostrar que ni tan siquiera la corona debe escaparse al ejercicio de la justicia.

El caso Nóos, nos deja a una infanta, absuelta por su supuesta ignorancia personal y política, y a todo un cuñado del actual rey de España, condenado por corrupción. Todo ello, parece gestar una extraña sensación propia del inicio del fin de un ciclo. ¡La impunidad ha muerto¡ ¡Viva la República!

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