Por Joan Ramón Sanchis | Ilustración de SrPotatus
Posiblemente muchos no sepan que la sede social de Bankia está en Valencia; sin embargo, su sede operativa está en Madrid y sin duda es en la capital de España donde se toman las decisiones relevantes de este banco. La decisión de situar su sede social en Valencia fue motivada por la estructura que mantenía Bancaja en el momento de la fusión y por cuestiones de equilibrio político entre las diferentes cajas de ahorros que crearon Bankia. También Santander y BBVA tienen su sede social en un lugar distinto a su sede operativa.
Sirva este ejemplo para explicar lo que está sucediendo en Catalunya en estos momentos en relación con sus principales bancos. Banco Sabadell ha desplazado su sede social a Alicante, aprovechando la estructura de la CAM (caja de ahorros que fue adquirida por el Sabadell en 2012), y Caixabank ha trasladado la suya a Valencia aprovechando también la estructura del Banco de Valencia (que también fue adquirido en 2012). Caixabank representa el tercer banco de mayor dimensión del Estado español (por detrás del Santander y del BBVA) y el Sabadell ocupa la cuarta posición por detrás de Caixabank.
La primera pregunta que hemos de hacernos es si el cambio de sede social de estos dos bancos fuera de Catalunya va a a afectar en algo a su actividad comercial y a la economía catalana. Se ha de tener en cuenta que aunque la sede social del Banco Sabadell pasa a ubicarse en Alicante, la sede operativa se mantiene en San Cugat del Vallés y la sede corporativa, que es donde están ubicados sus servicios centrales, se mantiene en Barcelona. Lo mismo sucede con Caixabank, que aunque haya trasladado su sede social a Valencia y la sede social de su Fundación (Fundació La Caixa) a Palma de Mallorca, la sede operativa y corporativa se mantienen en Barcelona. Esto significa que las decisiones estratégicas, de negocio y operativas de ambos bancos se mantienen en Catalunya; por lo que el traslado fuera de ésta de sus sedes sociales no es algo más que una cuestión testimonial y de imagen.
La mayor parte del negocio de estos bancos catalanes va a seguir desarrollándose en Catalunya y, lo que es más importante, sus decisiones seguirán tomándose en la capital catalana. Por tanto, la decisión tomada no va a suponer ningún cambio desde el punto de vista económico y comercial para Catalunya. Tampoco es baladí analizar porqué se ha decidido ubicar sus sedes sociales en la Comunidad Valenciana y no en Madrid o cualquier otra comunidad autónoma. Las relaciones comerciales y económicas entre Catalunya y la C. Valenciana son estrechas e históricas, motivadas por factores políticos y culturales (una misma lengua materna, cultura mediterránea, proximidad geográfica) y económicos (actividades económicas complementarias). En 2016, los intercambios comerciales entre ambos territorios superaron los 11 mil millones de euros, el 17,3% de las ventas de las empresas catalanas se producen en la C. Valenciana (segundo mercado después de Aragón) y la C. Valenciana vende a Catalunya por valor de más de 4 mil millones de euros.
Pero entonces, si en la práctica no se va a producir ningún cambio, ¿porqué estos dos bancos catalanes han tomado esta decisión en estos momentos? La respuesta es muy obvia y en ningún caso tiene que ver, como pretenden algunos, con una huida de Catalunya o un espaldarazo al deseo de independencia de Catalunya. Se trata de una decisión de imagen, como señalan algunos, que puede servir para parar los movimientos especulativos que desde los mercados se han producido durante estos últimos días y, sobre todo, para garantizar la seguridad y estabilidad de sus clientes y accionistas, asegurando su posición dentro del Banco Central Europeo. No me cabe ninguna duda que una vez se estabilice la situación política en Catalunya, estos bancos revertirán su decisión y volveran a la posición anterior.
Mantenerse dentro de la disciplina y regulación del Banco Central Europeo es en estos momentos algo necesario para estos dos bancos, por su dimensión y estructura; aunque en un futuro próximo no necesariamente tenga que ser así. Y el cambio de sede social no afecta en nada, ni a sus clientes, ni a sus accionistas ni a sus empleados. Su estructura de depósitos y de créditos, su regulación fiscal y tributaria y su posición competitiva en los mercados y en los territorios va a continuar siendo la misma. El impuesto más importante que pagan estas empresas, que es el Impuesto sobre Sociedades, se paga al Estado español. Sin embargo, había que parar los movimientos especulativos surgidos tras el Referendum: los valores en Bolsa de las cotizaciones de ambos bancos han caído cerca de un 5% durante los días posteriores al 1-O, al igual que lo ha hecho la prima de riesgo española, que se ha incrementado en 10 puntos. Con la decisión tomada, se calman los ánimos y la situación vuelve a la normalidad económica. Por tanto, todo va a seguir igual a la espera de que se clarifique la situación política en Catalunya.
¿Existe alguna posibilidad de que estos bancos abandonen definitivamente Catalunya? La probabilidad de que suceda esto es muy baja, aunque lógicamente se trata de un decisión que ha de tomar la Junta de Accionista de unas empresas que son privadas. Catalunya es y seguirá siendo una economía próspera, altamente innovadora, con una fuerte capacidad exportadora y con una sólida estructural empresarial; lo que supone un mercado muy rentable para los bancos. Nada de esto va a cambiar con la independencia, como ya apuntaba en mi artículo sobre las razones económicas a favor/en contra de la independencia de Catalunya. Las opiniones catastrofistas que sitúan a una república independiente catalana fuera de la Unión Europea, con una moneda distinta al euro y hacia un «abismo económico» no tienen ningún fundamento. Estas opiniones están basadas, en parte, en la caída de las cotizaciones de los bancos catalanes tras el Referendum y en su subida después de anunciar el cambio de sede social. ¿Porqué no aplican el mismo criterio en las oscilaciones sufridas por la prima de riesgo de España?
Analistas internacionales lo interpretan por la imagen de represión y violencia policial mostrada por el Estado español ante el deseo de ejercer su derecho al voto por parte del pueblo catalán. Un Estado que reprime y que es incapaz de negociar y de dialogar amparado en una legislación inamovible y anacrónica no es de fiar. Así lo han comprobado y lo han hecho público numerosos medios de comunicación internacionales que han seguido el proceso del Referendum con gran interés. De hecho, existe incluso una campaña internacional de boicot a España como protesta por la represión cometida por el Estado español contra los derechos y libertades del pueblo catalán (#boycottSpain). Sin duda, los medios de comunicación españoles no dicen nada al respecto.
Otras empresas no financieras catalanas también han trasladado sus sedes sociales a otros territorios españoles, principalmente a Madrid: Aguas de Barcelona, Oryzon, Eurona, Proclinic, Ballenoil, etc. Son decisiones de empresas privadas que sin duda hay que respetar y que probablemente obedecen a la incertidumbre producida. La inestabilidad política no es buena para las empresas y éstas responden con decisiones conservadoras que buscan reducir el riesgo económico. Incluso, pueden estar motivadas por la estrategia del miedo llevada a cabo por el Ejectuvo español que incluso incita a ello mediante la aprobación urgente de un real decreto ley que permite que sea el consejo de administración y no la Junta de accionistas de una empresa, quien decida cambiar su sede social a otra ciudad. No hay duda de que existe una campaña institucional por parte de España que pretende ahogar económicamente a Catalunya para justificar así su posición. Lo que no ven es que estas medidas pueden volverse en su contra. De lo que no hay ninguna duda es que las inversiones extranjeras en Catalunya siguen batiendo records y en el primer semestre de 2017 crecieron un 20,6%, lo que equivale a 1.572 millones de euros (el 13,5% del total de las inversiones extranjeras recibidas por el Estado español), según datos del Ministerio de Economía del Reino de España.
Una posición de enfrentamiento sin posibilidades de diálogo (sin condiciones previas de ningún tipo) produce un efecto negativo para todos, lo que puede derivar en consecuencias económicas también negativas para ambas partes. Las estrategias del miedo y de la imposición tampoco parecen que sean positivas para nadie y pueden volverse en contra de quienes las plantean. Para acabar con la incertidumbre económica y los movimientos especulativos de los mercados se hace necesario un pacto basado en el diálogo sincero y abierto entre las partes. Eso es lo que están reclamando las empresas en este momento y de ahí sus movimientos a corto plazo. Sería un error grave pensar que estos traslados de las sedes sociales de las empresas catalanas son una respuesta contra el independentismo catalán, cuando simplemente obedecen a movimientos tácticos temporales que buscan reducir la incertidumbre y la especulación de los mercados.
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