Internacional | El comodín venezolano

Por @SeijoDani

De nuevo el interés mediático se adentran en las entrañas de Venezuela para con abundancia de focos internacionales y editoriales epopéyicos, trasladarnos por enésima vez un golpe de estado en el seno de la revolución bolivariana. Los mismos noticieros que en 2002 celebraron en sus páginas el golpe de estado contra Hugo Chávez y se encargaron de silenciar la violencia opositora en las denominadas guarimbas, hacen ahora su aparición en la agenda del país latinoamericano para arremeter en sus páginas contra una resolución del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que suspende temporalmente las atribuciones de la Asamblea Nacional. Curiosamente, quienes no hace demasiado tiempo hacían correr ríos de tinta acerca de la posible suspensión de la autonomía de Cataluña, se sitúan ahora del lado de una oposición anticonstitucionalista con la clara intención de atacar al gobierno venezolano, en una decisión cuya responsabilidad cabe recordar debe atribuirse al Tribunal Supremo de Justicia y no el Presidente Nicolás Maduro. Por suerte para ellos, nunca la incoherencia editorial había resultado tan barata.

En medio de una fuerte convulsión social y política, la escalada de violencia contra el gobierno iniciada por una oposición venezolana que incomprensiblemente ha visto en la representación parlamentaria, una patente de corso para el desacato a las directivas del resto de instituciones del estado, debe ser analizada en el contexto de un largo pulso ideológico iniciado durante los años de gobierno de Hugo Chávez por una oposición que únicamente basa su alternativa de gobierno en un rejunte de sectores dispares cuyo objetivo común no va muchos más allá del rechazo visceral al chavismo y a todo lo que este representa. Un objetivo perseguido con el continuo desprecio a las normas democráticas comunes, que ha encontrado una nueva forma de tensar la ya de por sí frágil convivencia social en Venezuela en un proceso por delito electoral iniciado por el TSJ contra tres representantes parlamentarios de la oposición. Desde un principio, la actuación del Parlamento Venezolano fue la de mantenerse al margen de la ley, negándose a aceptar las disposiciones judiciales que le impelían a actuar de acuerdo a las normas de la Constitución vigente. Llegando incluso a declararse en desacato con el objetivo de juramentar como diputados a los tres candidatos impugnados por corrupción política.

Agotadas las acciones del máximo tribunal de Justicia venezolano por hacer valer su autoridad, el organismo judicial decidió en última instancia anular las atribuciones de la Asamblea Nacional en medio de una situación política en el que el Poder Legislativo buscaba deponer al Jefe del Estado por vías claramente anticonstitucionales. Para ello, la Asamblea Nacional no duda en iniciar el 9 de enero de 2017 un “juicio político” al presidente Nicolás Maduro en el que todos los diputados de la oposición salvo los del partido de Henry Falcón, conscientes de la gravedad de los hechos, votaron a favor de un “Impeachment” en una actuación que no contempla la Constitución venezolana.

Ante la gravedad de las actuaciones de la oposición y en un último intento por hacer valer la constitución vigente, el oficialismo tomó la decisión de abstenerse de participar en las sesiones parlamentarias hasta que se retomase la senda democrática, pero lejos de rectificar sus postulados o intentar abrir vías al diálogo, la actuación de la oposición tensó aún más la cuerda al promover la decisión unilateral de pedir la activación contra Venezuela de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un movimiento que debe interpretarse como el paso previo para justificar una intervención militar externa en el país. Con ello, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) volvía a hacer uso de funciones constitucionales exclusivas del presidente venezolano en la búsqueda enfermiza de sus propios objetivos políticos. Objetivos que a tenor de sus actuaciones, parecen únicamente encaminados a incendiar las relaciones políticas entre los partidarios del gobierno y la oposición para intentar ganar en las calles un poder que únicamente deberían otorgar las urnas.

La suspensión de las atribuciones de la Asamblea Nacional, se enmarcan en una relación tensa entre los órganos judiciales y el parlamento venezolano que terminan alcanzando un punto insostenible de convivencia tras una decisión judicial que si bien se enmarca dentro de la absoluta legalidad y es tomada tras numerosas provocaciones por parte de la oposición parlamentaria, ciertamente puede abrir la puerta a consecuencias imprevisibles para la política venezolana. La adopción de la ley de Hidrocarburos, supone un simple mecanismo legal de mediación entre poderes representativos ante un conflicto de interpretación constitucional, que permite al Tribunal Superior de Justicia erigirse en árbitro para asumir las competencias de una Asamblea en situación jurídica de desacato, que impide con su actuación la firma de acuerdos comerciales de vital importancia para el desarrollo del país. Lejos de un intento de golpe de estado, lo único que está haciendo el tribunal supremo, es asumir unas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice por causa del desafío a la constitución ejercido desde de la oposición. Un resorte que sin duda el chavismo ha previsto fruto de la experiencia acumulada en anteriores intentonas golpistas desde la  guerra económica.

Cuando la Asamblea venezolana decidió desconocer el poder legítimo del Presidente, era plenamente consciente de que se estaba poniendo al margen de la Constitución al colocarse por voluntad propia en situación de desacato. Es solamente en ese punto y nunca antes, cuando ante la existencia de un conflicto constitucional entre poderes el Tribunal Supremo de Venezuela asume las competencias del Parlamento para hacer respetar la legalidad. La manipulación mediática y la desinformación, sin duda han vuelto ha realizar su trabajo en Venezuela trasladando una imagen claramente sesgada a la opinión pública internacional. Analizar lo ocurrido en el país latinoamericano como un golpe de Estado es un insulto a la inteligencia de los lectores, además de una forma clara de posicionarse en el bando los aliados de la oposición en un proceso que tiene como trasfondo una dura batalla ideológica por el control político de América Latina. Quienes hoy alzan sus plumas al vuelo contra el gobierno de Nicolás Maduro son los mismos que callaron o incluso llegaron a festejar en sus páginas lo sucedido en Honduras, Paraguay o Brasil.

Presionado por la comunidad internacional el TSJ venezolano ha decidido dar marcha atrás a su decisión dejando con ello impune el desafío de la oposición a la constitución del país, con lo que se demuestra que el verdadero peligro para Venezuela sigue encontrándose en una opinión pública internacional ciertamente desinformada sobre el trasfondo político del país y en una oposición parlamentaria dispuesta a utilizar un discurso favorable en los grandes medios para provocar progresivamente una política de conflicto. Solo el tiempo dirá si la desinformación puede vencer a la democracia en Venezuela.

 

Recuerda que como parte de la ley de memoria histórica y en recuerdo de la activista medioambiental Berta Cáceres,te agradeceríamos que dedicases un segundo a firmar esta petición para cambiar al recuerdo del fascismo de las calles de A Coruña,por el nombre de la activista medioambiental.

Desde Nueva Revolución te agradecemos tu colaboración.

https://www.change.org/p/xulio-ferreiro-calle-berta-c%C3%A1ceres-en-a-coru%C3%B1a

One thought on “Internacional | El comodín venezolano

  • 14/04/2017 at 1:46 am
    Permalink

    Compañero, Ud no tiene la más peregrina idea de lo que ocurre en Venezuela. Todo su texto está plagado de equivocaciones.

    Reply

Deja un comentario

Uso de cookies

Nueva Revolución utiliza cookies, no podemos evitarlo. Al seguir navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies