Evaluación de las iniciativas sobre la protección de los DD.HH. de los denunciantes de corrupción en España

Por Pedro Arancón @Pedro_Arancon, portavoz de la Plataforma por la Honestidad


Ha pasado casi un mes desde nuestra reunión el 18 de octubre en el Congreso de los diputados con casi todos los partidos políticos del arco parlamentario.

Desde ese día se ha avanzado en la protección a los denunciantes de corrupción en varias comunidades autónomas; en la Comunidad Valenciana y en Asturias.

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Nos congratulamos por ello y estamos agradecidos a todos los partidos políticos y demás agentes sociales que han formado parte de una u otra forma en las proposiciones, si bien es nuestra obligación manifestar nuestra preocupación por una de nuestras reivindicaciones que bajo nuestro punto de vista es fundamental para que la regulación sobre la protección a los denunciantes de corrupción sea efectiva y que no parece que se esté teniendo muy en cuenta: la independencia no solo respecto del poder ejecutivo sino también respecto del poder legislativo que debe tener el ente que administre estas leyes, tal como se muestra en la proposición que les presentamos a casi todos los partidos con representación en el Congreso de los diputados durante el pasado mes de mayo.

Sin ello creemos que esta regulación nunca será efectiva ni animará a mas personas a denunciar casos de corrupción.

En cuanto a su regulación a nivel estatal, el pasado 18 de octubre el presidente de la Comisión de lucha contra la corrupción, Toni Cantó, se comprometió públicamente con la Plataforma por la Honestidad a que esta materia se incluiría en una subcomisión que se crearía a tal efecto. También se comprometió a que seríamos invitados para realizar nuestras aportaciones em la citada Subcomisión.

La práctica totalidad de los partidos con representación parlamentaria en el Congreso de los diputados mostraron ese día su voluntad de regular la protección a los denunciantes de forma urgente, con lo cual damos por hecho que esta materia se estudiará en la Comisión de lucha contra la corrupción.

Sin embargo, a día de hoy nos vemos en la necesidad de mostrar nuestra preocupación públicamente ya que según nuestras noticias en la reunión del pasado viernes 4 de noviembre de la citada Comisión contra la corrupción se ha decidido que las materias que se tratarán en la citada Subcomisión serán decididas por consenso, consenso en el que participará el Partido Popular, partido imputado por corrupción como saben.

Confiamos en que el resto de partidos del arco parlamentario (que conforman una amplia mayoría) sean consecuentes con los compromisos adquiridos con esta plataforma, que ampara a denunciantes de corrupción como Ana Garrido Ramos, Luis Gonzalo Segura y Roberto Macías y no permitan a este partido vetar el desarrollo y aprobación urgente de esta Ley, una Ley que versa sobre los Derechos Humanos de las personas, de los denunciantes de corrupción.

Creemos además que una Ley de protección para los denunciantes de corrupción en cuya confección participase el Partido Popular no sería una Ley efectiva, al ser un partido imputado precisamente por corrupción, por lo que expresamos nuestro deseo de que este partido no participe en su redacción para que no dinamite o desfigure esta proposición de Ley.

Nos mantenemos expectantes sobre la decisión que se tome al respecto y anunciamos la convocatoria de una nueva reunión con los partidos políticos en el Congreso de los diputados una vez la Comisión contra la corrupción tome una decisión al respecto.

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