Opinión | En España las cosas son así

Por Luis Aneiros  | Ilustración de ElKoko 

Es evidente e indiscutible que cualquier sociedad debe regirse por unas normas. La fe en el ser humano no puede llegar al extremo de creer que es capaz de regirse a sí mismo, sin unas limitaciones que nos afecten a todos por igual, y sin unas pautas de comportamiento que se definan como válidas para la convivencia. Los actuales sistemas políticos suelen definir esas normas como “leyes”, y en ellas se procura incluir todas las variables posibles, para así regular de la forma más lógica y equitativa la vida en común de los ciudadanos de cada país. Lo habitual, a su vez, es que cada estado adecúe sus leyes a su propio status, e incluso dentro de un mismo estado, se puede dar (y de hecho se da) el que distintas regiones o autonomías tengan leyes adaptadas a sus circunstancias y características particulares, tanto por cuestiones económicas como sociales, o incluso geográficas.

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Lo que ya es más complicado de entender es que las leyes sean moneda de cambio coyuntural, objeto de trueque entre políticos y partidos, y gomas que se pueden estirar o encoger según el momento o la conveniencia. No es comprensible que en un país como España haya todavía cuestiones tan importantes como la corrupción sin concretar y delimitar en las responsabilidades que se les pueda exigir a nuestros políticos. ¿De verdad tenemos que asistir al surrealista espectáculo de unas negociaciones entre dos partidos, en las que se define el significado de la palabra “corrupción” y su figura legal? ¿Tenemos que creernos, desde nuestro desconocimiento de todo el andamio jurídico que nos sustenta, que los distintos delitos que se engloban en el término “corrupción” no están claramente definidos ya? ¿Vamos a ser testigos de cómo cada legislatura la susodicha palabreja y su significado van a mutar en función de las necesidades de los partidos que pacten?

Si necesitan ayuda, creo que cualquier español de bien podría proporcionársela. En política, corrupto es todo aquél que utilice su cargo público y el dinero público para crear un beneficio no público. Y punto. Todo matiz es excusa. Toda explicación es necesidad de esconder. Toda excepción es falsa. Y todo juego de primeros, terceros, en activo, dimitidos o cesados, es la manera de desviar la atención del asunto principal, que es simplemente el hecho de que España y sus instituciones se sustentan sobre una base corrupta desde hace decenas, posiblemente centenares, de años. Y de que “poder”, en nuestro país, es sinónimo de “absoluto poder”. Desde puestos tan sencillos como el de encargado de las compras de un cuartel, hasta las más altas instancias del gobierno y del estado, tener un cargo público supone disfrutar de beneficios ajenos a dicho cargo. Y no es necesario que el propio titular lo busque. La sociedad está totalmente inmersa en esa mentalidad, y ya somos los ciudadanos los que incluso provocamos ciertas situaciones. Al de las compras del cuartel se le ingresa una cantidad en su cuenta o se le regala un ordenador a cambio de un cierto pedido a una cierta marca. Al concejal se le hace una visita recordándole los años de compañero de pupitre para buscar una licencia o una adjudicación. Y el gobernante y el jefe del estado tienen familiares que saben hacer valer su parentesco para sacar réditos, con la dificultad de creernos que no sabían nada. La corrupción tiene nombres diversos para adecuarlos al interés de cada caso. “Enchufe” o “amiguismo” parecen quitar importancia y gravedad al asunto. “Negocios” o “compensaciones” les dan a la corrupción un aire de empresa que lo hace natural en esas alturas. Y lo último, “meter la pata”, ya es el colmo del cinismo político. ¿Qué va a ser lo próximo, perdonárselo porque actuó de buena fe?

La corrupción no puede ser interpretada por dos partidos nada más. Afecta a todos, políticos y ciudadanos, y más en el tiempo en que nos ha tocado vivir.

Todos los españoles vemos lo que ocurre, pero muchos traducen lo que se ve a lo que quieren ver. No se pone en duda, como se debería, la legitimidad de un acuerdo sobre corrupción entre el PP y Ciudadanos. Y no sólo porque la legitimidad del PP para hablar de ese asunto se resiente ante un mínimo análisis de su decencia pasada y presente. Es que, además, no es de recibo que a un acuerdo sobre corrupción no se haya invitado a los demás partidos del Parlamento. Ya sé que Rajoy y Rivera lo han enmarcado en sus acuerdos particulares de investidura, y esa es la trampa. La corrupción no puede ser interpretada por dos partidos nada más. Afecta a todos, políticos y ciudadanos, y más en el tiempo en que nos ha tocado vivir, en el que es una verdadera plaga gestada desde hace mucho, y con las consecuencias económicas y sociales que ahora vamos conociendo. Permitir que la salida a la corrupción sea cosa de dos (y según de que dos…), es dar pie a nuevas interpretaciones futuras, a nuevos conceptos, a nuevas necesidades partidistas. Es un asunto que debería de enmarcarse dentro de ese gran pacto nacional que se necesita en nuestro país, en el que se tienen que sentar también las bases futuras de asuntos como la sanidad, la educación o la justicia. Son términos que nunca deberían de ser variables porque afectan a la esencia de un país y sus gentes. Tenemos que poder identificar siempre a un corrupto, sin que sean sus compañeros de partido o sus contrincantes los encargados de abrirnos y cerrarnos los ojos a conveniencia. Y, sobre todo, tenemos que aprender que un corrupto no vale, no puede servirnos ni ayudarnos a solucionar nuestros problemas, que es para lo que están nuestros representantes. Un corrupto debe de ser desplazado de todo puesto, independientemente de las consecuencias penales que tenga que sufrir. Y nuestros votos deberían de ser la mano que le desplaza, no la que le da palmaditas cómplices, como comprendiendo que, en España, las cosas son así.

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