Economía | Autonomías: ¿Café para todos?

Por Jaime Nieto

Financiación autonómica: más descentralización e impuestos justos para un sistema sostenible.

El pasado 17 de enero se reunió la Conferencia de Presidentes Autonómicos (CPA), foro creado por el Gobierno de Zapatero para abordar de manera coordinada la financiación autonómica. Este sistema es complejo, reflejo de la indeterminación de un modelo territorial descentralizado pero que no llega a ser federal. Para comprender el sistema, comencemos con una simplificación: si trazáramos una línea horizontal y en un extremo situáramos un modelo en el que la Administración Central (AC) legisla, recauda y distribuye los impuestos y, en el otro extremo, otro en el que fueran las Comunidades Autónomas (CCAA) las que realizaran estas funciones, el sistema realmente existente se situaría a medio camino.

En la práctica, esto se traduce en que la AC cede a las CCAA capacidad normativa y recaudatoria de determinados impuestos de maneras diferentes. Por ejemplo, las CCAA recaudan (capacidad recaudatoria) el 50% del IRPF generado en su territorio y el 100% del Impuesto de Patrimonio (IP). Del mismo modo, las CCAA pueden legislar (capacidad normativa) la escala progresiva del IRPF aplicable al tramo autonómico, mientras que con el IP se puede decidir directamente el tipo impositivo. Una vez los impuestos se han recaudado, si esto resulta insuficiente para financiar los gastos autonómicos (lo que ocurre en la mayoría de los casos), el fondo de suficiencia de la AC reparte la financiación entre las CCAA a través de transferencias. Y este sistema de reparto es el que se debate en las CPAs.

¿Por qué Madrid es el “listo” de la clase?

En las CPAs, las presidentas de Madrid son una especie de Lisa Simpson (o, peor aún, Martin Prince), el típico “listillo/a” de la clase que no solo lo hace todo bien, sino que les dice a los demás cómo tienen que hacerlo. Madrid presume de bajos impuestos y de suficiencia recaudatoria, pues no necesita acudir al mencionado fondo de suficiencia que, de hecho, suele financiar. ¿Cómo es posible? La respuesta está, además de las economías de localización (por ser la capital administrativa del país), en las economías de escala y en su densidad de población. Por ejemplo: un colegio castellano-leonés, en una población de 600 habitantes, debe contratar un profesor/a aunque haya 12 alumnos/as; mientras, en una localidad madrileña mayor se contrata un profesor/a para cada 30 alumnos/as. Con el mismo gasto se provee del mismo servicio a una población mayor. Además, mientras Castilla y León requiere 14 hospitales públicos para atender a una población de 2.5 millones de habitantes muy dispersos en más de 2.000 municipios, Madrid puede atender a una población de 6 millones con tan solo 20 hospitales debido a que esta se encuentra muy concentrada en el territorio. Madrid necesita menor recaudación por habitante para servir a su ciudadanía y, por eso, puede permitirse el lujo de fijar el tipo impositivo del IP y del Impuesto de Sucesiones en 0%. No es que Aguirre y Cifuentes sean más liberales, simplemente pueden permitírselo, aunque pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema. Todo lo que dejan de recaudar para inflar su burbuja ideológica aprovechando las circunstancias de su región, podría revertir no solo en proporcionar unos servicios de mayor calidad a la ciudadanía madrileña, sino en aumentar lo destinado a otras CCAA más pobres.

Un sistema desestructurado

El proceso autonómico se ha construido empezando la casa por el tejado. La transferencia de competencias y, por lo tanto, la asunción de gastos, ha ido produciéndose con unos mecanismos de autonomía financiera (la capacidad normativa y recaudatoria) que no permiten cumplir el principio de suficiencia. El federalismo fiscal defiende la idea de que los servicios públicos se proveen de manera más eficiente cuanto más cercana sea la administración que los provee a los ciudadanos/as que los reciben. Si además lo acompañamos de medidas como los presupuestos participativos, se trata de una práctica que ensancha la democracia. Además, propugna la corresponsabilidad fiscal: es decir, que toda administración subcentral (las CCAA, por ejemplo) que incurre en gastos debe, para poder afrontarlos de manera eficaz, ser soberana para decidir cómo los financia. Sin embargo, con una capacidad normativa y un poder de recaudación mermados, las CCAA se han visto abocadas a vivir de las transferencias de la AC y del endeudamiento como fuentes de financiación, con las consecuencias que acarrea esta última modalidad. En resumen, las CCAA al presupuestar, conocen cuáles son sus gastos, pero la incertidumbre con respecto a los ingresos es total con lo que la toma de decisiones se complica. Así, podemos ver (Cuadro 1) cómo el peso que tienen las CCAA en la deuda pública del Estado es cada vez mayor no tanto por despilfarro, relato oficial, sino por un sistema de financiación desestructurado. El Estado Central está trasladando deuda a las administraciones autonómicas.

Fuente: elaboración propia a partir de Banco de España (http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1105.pdf).

Tras la Ley de Estabilidad Presupuestaria (que establece techos de gasto público y supedita el pago de la deuda frente a los servicios) y el cerrojazo al endeudamiento, solo queda el recurso a los recortes en el gasto público con las terribles consecuencias para el Estado del Bienestar que esto conlleva. Es necesario profundizar en la corresponsabilidad fiscal, acercando lo más posible la capacidad normativa y recaudatoria a la administración que ejecuta los gastos: las CCAA. Paralelamente, establecer un marco claro de financiación autonómica por parte de la AC es también fundamental para dar estabilidad al sistema. Deben rechazarse discursos como el de Cristina Cifuentes (y, antes, Esperanza Aguirre) que, barnizados como medida de alivio tributario a la ciudadanía, abundan en la desigualdad, empeoran la calidad de los servicios públicos y, además, son insolidarios con el resto de autonomías. Más descentralización, y no menos, es lo que necesita el modelo autonómico para ser sostenible y mantener unos servicios públicos fuertes y de calidad.

4 thoughts on “Economía | Autonomías: ¿Café para todos?

  • 10/02/2017 at 12:07 pm
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    Este es un problema difícil, que debe ser abordado de la forma mas sensible e inteligente posible, por lo tanto antes de comenzar un debate y a fin de logar un consenso favorable a todos, sugerimos usar esta metodología: https://www.youtube.com/watch?v=hcDZjj1G7wo.

    Ademas, si cambiamos el modelo economico financiero en las alcaldias, podriamos conseguir fuentes de ingreso adicionales, al como tener nuestro propio banco, medio de pago y centro de negocios: http://sbmlibre.com/ a la vez que fortalecemos el intercambio local, un ganar – ganar.

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  • 06/02/2017 at 2:34 pm
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    De veras quiero entenderlo, pero no consigo resolver esta duda: Mientras por un lado el artículo aboga por el federalismo fiscal que propugna la corresponsabilidad fiscal: es decir, que toda administración subcentral (las CCAA, por ejemplo) que incurre en gastos debe, para poder afrontarlos de manera eficaz, ser soberana para decidir cómo los financia, como solución a la financiacióna utonómica, pero por el otro se afea a la CAM que legisle como mejor le parezca y le interese ejerciendo dicha corresponsabilidad fiscal. ¿Si descentralizamos más todavía la capacidad recaudatoria y de gasto a las CCAA, cómo vamos a impedir que se produzcan desequilibrios como el que se denuncia aquí con la CAM? ¿O se propone que las CCAA sean soberanas para decidir cómo financian los gastos, pero si perjudica a otros entonces no? ¿Una Cataluña independiente va a mejorar esta situación aplicando políticas fiscales que beneficien a sus vecinos, ese ejemplo es menos válido que el de Madrid?

    En fin, no entiendo la verdad…

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    • 07/02/2017 at 12:27 pm
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      Muy interesante lo que planteas. Pero yo niego la mayor y quizá debería quedar mejor recogido en el artículo. En Madrid no existe corresponsabilidad fiscal, ya que la deuda aumenta en una proporción similar a la del resto de CCAA. En este contexto, reducen impuestos y empeoran sus servicios. Lo que sucede es que en el contexto de su situación particular y del mecanismo de financiación, detallados en el artículo, pueden permitírselo. El objetivo es imponer una legislación tributaria que soporte la ideología que defienden aunque esto contribuya a seguir aumentando la deuda y a dar un peor servicio a su ciudadanía. La capacidad normativa en materia tributaria es la condición necesaria para avanzar en la corresponsabilidad fiscal de las CCAA. Pero la condición suficiente es contar con instituciones responsables que pongan esto por delante de los objetivos personales de sus gobernantes.

      Un saludo y gracias por tu lectura y pregunta.

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      • 07/02/2017 at 8:39 pm
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        Gracias a tí por la respuesta.

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