Divulgación | Conflictos urbanos: fragmentación social y segmentación del espacio

Por Eloy Bermejo

En los últimos tiempos, la ciudad ha experimentado un aumento de las conflictividades urbanas, sobre todo en determinados ámbitos relacionados entre sí, como el incremento de las desigualdades sociales y de los desequilibrios territoriales, que ha propiciado entre otros, el estancamiento y la llegada de la precariedad y los recortes en los servicios públicos. En este sentido, uno de los mayores factores que actúan y fomentan la segregación social en la ciudad es el nivel de renta urbana. Dependiendo de la misma, las posibilidades de elección sobre el uso del espacio varían, siempre en favor de aquellos con niveles adquisitivos más elevados. La renta es utilizada a su vez, como instrumento de control sobre la movilidad residencial, lo que provoca desequilibrios territoriales con mayor impacto. Es evidente, que la crisis no solo ha dividido, sino que ha agudizado la distancia entre los barrios dependiendo de los recursos económicos disponibles. Este tipo de desigualdades son, no solo provocadas, sino aprovechadas por el capitalismo urbano (poderes locales y sus redes de connivencia) para generar espacios rentables de acumulación de capital, cuyos excedentes son absorbidos por esa máquina de crecimiento urbano ilimitado que es la coalición de élites globales y locales.  Es decir, hoy en día, la mayoría de nuestras ciudades son entornos generadores de desigualdad, bien a través de la transferencia de decisiones directas a clúster financieros o bien a través de ese mito que ha supuesto la asimilación entre crecimiento económico y políticas sociales, supeditando las segundas a la aplicación del primero.

Por otro lado, las limitaciones en el acceso al espacio público han arrojado un estrechamiento de la ciudad como espacio de derechos y han beneficiado al sector privado, el verdadero encargado de establecer y diseñar el modelo de ciudad. Todo esto, está interrelacionado también con el aspecto ecológico, muchas veces no identificado con este término, pero que pone sobre el tablero crecientes conflictos urbanos que tienen que ver con las demandas para la remunicipalización de servicios como el agua, la reapropiación de modelos urbanos de movilidad o la soberanía alimentaria.

Este conjunto de conflictos y de disputas, se han visto agudizadas durante los últimos años por el denominado como urbanismo de la austeridad. La posibilidad de irrumpir y romper esta alianza de las élites con la especulación sobre el territorio es lo que está abriendo las principales vías de organización de conflictos en la ciudad.

La ciudad como escenario de alianzas entre las diferentes reivindicaciones.

El modelo productivo español ha ido variando en los últimos años, la desindustrialización y la pérdida de tejido industrial en determinadas ciudades ha provocado que reemerjan pugnas y escenarios reivindicativos que no son en absoluto sustituyentes de la lucha obrera que se venía generando en las fábricas hasta el siglo pasado, sino complementarias, aunque no necesariamente alineadas por el momento.

De hecho, la defensa y la organización en el territorio no es una novedad, sino que fue parte del movimiento obrero anterior. Actualmente, las dinámicas de explotación han variado y se han atomizado por el territorio, logrando dislocar al hasta ahora conocido como sujeto obrero. La posibilidad de aunar en una única alianza los conflictos laborales y urbanos es el único camino que seguir para frenar el despliegue de las relaciones de capital en todas sus vertientes.

La ciudad es actualmente el escenario donde se desarrollan y crean las vidas productivas de consumo, precarias, hipotecadas y financiarizadas. Las élites económicas han conseguido extender sus tentáculos más allá de la venta de la fuerza de trabajo y son capaces de extraer plusvalías del total de la vida urbana. La solución pasa por aunar las luchas e intensificar el conflicto, aprovechando la capacidad de generar consensos sociales en torno al derecho a la ciudad, que funcione como un marco a través del cual puedan establecerse complicidades y bajo el cual puedan coordinarse las distintas demandas sociales entre ellas frente a la mercantilización de la vida y el trabajo en su conjunto.

La resignificación de los conflictos urbanos en los municipios del cambio

No queriendo caer en esa búsqueda por la inmediatez que acompaña estos tiempos de la modernidad occidental, donde existe una necesidad de vivir y sentir cambios contundentes a lo establecido, debemos establecer un alto en el camino y ver cómo se ha interrumpido el curso establecido hasta ahora y las posibles alternativas y caminos de futuro que se han abierto.

El modelo productivo español ha ido variando en los últimos años, la desindustrialización y la pérdida de tejido industrial en determinadas ciudades ha provocado que reemerjan pugnas y escenarios reivindicativos que no son en absoluto sustituyentes de la lucha obrera que se venía generando en las fábricas hasta el siglo pasado, sino complementarias, aunque no necesariamente alineadas por el momento.

Si bien es cierto que, con la llegada de las candidaturas municipalistas del cambio se ha reconocido la existencia de conflictos que antes se encontraban invisibilizados, y se ha situado en un primer plano la recuperación de la administración local como elemento esencial y necesario para garantizar los derechos de una mayoría social precarizada y excluida, las dificultades por llevar a cabo políticas que incidan verdaderamente en una ciudad fragmentada han provocado ciertas contradicciones.

La gentrificación que está apareciendo cada vez con más fuerza en las ciudades, donde se está produciendo un desplazamiento de población residente por sectores con mayor nivel adquisitivo, sobre todo turistas, por el incremento del valor del suelo, requiere de un verdadero control de la ciudad que impida que se revalorice. Las soluciones empleadas hoy en día tienden solamente a aliviar este proceso – que si bien es un paso muy importante – promoviendo un modelo urbano que tiene como centro el uso social en lugar de los estrictamente mercantiles. Esto provoca que la mejora en la calidad de vida de un determinado entorno urbano se traduce también en un aumento del precio del suelo. Más que poner freno a los efectos de la mercantilización, la necesidad se centra ahora en desmercantilizar la ciudad a base de intervenciones públicas como la sujeción de los precios máximos de venta y alquiler, la implementación de vivienda pública en proyectos privados, la aplicación de la captura de plusvalías en proyectos urbanos o la cesión de suelo al municipio en cada operación urbanística.

Este tipo de políticas van a necesitar de un consenso social que consiga explicar la necesidad de intervenir públicamente en un campo que se considera privado. Para ello, tal vez debemos pensar las instituciones más que como gestoras del conflicto, como organizadoras o, al menos, como ayudantes en esa organización, de lo contrario, el modelo urbano podrá ser compensado, pero no cambiado.

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