Derechos | Más dinero, pero no más mejoras: El agujero negro de la sanidad española

Por Virginia Carbajo

La partida de los Presupuestos Generales del Estado en materia de Sanidad aumentará este año –si el Congreso lo aprueba- hasta llegar a los 4.093 millones de euros, un 2,3% más frente a los 4.000 que se destinaron en 2016.

Pese a que el gasto va aumentando lentamente, aún queda mucho para alcanzar los 4.263 millones que se le asignaron en 2011, ya en tiempo de crisis, y un año antes de que el Partido Popular llegara al poder. En este sentido, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiso recordar durante la presentación que  “se trata de un gasto complementario al que realizan las Comunidades Autónomas”.

Montoro traslada la responsabilidad de la poca subida a las CCAA, porque la partida que el Ejecutivo les asignará en materia de Sanidad, Educación y Servicios Sociales será de 5.387 millones de euros más que el año pasado, una cifra elevada en términos absolutos, pero que hay que destinar a tres campos esenciales que han sufrido un gran deterioro durante los años de crisis, y que aún están lejos de recuperarse a niveles de la década anterior.

¿Suficiente para cubrir las necesidades?

La inversión en Sanidad, a la que el ministro se refiere como “gasto”, supone un 1,2% del total de los PGE, lo que resulta destacable en la comparación con otras partidas, como Defensa, que aumenta en total un 32%, con más de 7.500 millones de euros (casi 2.000 millones en gasto armamentístico).

Lo presupuestado no deja de ser una estimación que está sometida a cambios. Sin ir más lejos, es habitual al cerrar el balance anual que los presupuestos en Defensa se hayan excedido. También pasa con la sanidad en la mayor parte de las autonomías; gastan más dinero del que al inicio del año habían planificado.

¿Significa eso que hay más inversión en recursos sanitarios? La respuesta es difusa. La cuestión es que se destina a dicha partida la cantidad que se estima necesaria para cubrir sus necesidades y, de facto, se invierte aún más dinero, pero, sin embargo, los recortes de personal, la precariedad de medios e instalaciones y el colapso de muchos servicios ha sido una constante durante los años de crisis, y los datos al cierre del balance no reflejan la mejora notable que supondría incrementar el gasto presupuestado.

Más negligencias y  listas de espera

La asociación El Defensor del Paciente ha hecho público que el pasado año se registraron 14.802 denuncias por negligencia, siendo la cifra más alta desde 2006, y con 372 casos más que en 2015. Entre los motivos más comunes de negligencia se encuentran la atención ineficiente o los retrasos en las ambulancias, que se podrían solucionar contratando una cantidad de personal capaz de abarcar a la población que debe atender el centro; y también las infecciones hospitalarias, que en muchas ocasiones se evitarían con más camas y mejores instalaciones que preserven la seguridad del paciente.

El ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad presentó el pasado 30 de marzo los datos sobre las listas de espera en 2016. La Comunidade que más tuvo que esperar fue Canarias y, en lista de espera específicamente quirúrgica, Cataluña.

En la atención primaria es donde Médicos de Cataluña considera que sufre el mayor colapso su sistema sanitario. Denuncian que este tipo de servicio ha visto reducido su presupuesto en un 25% desde 2007 y que únicamente en primera línea asistencial se ha despedido a 1.072 trabajadores.

Madrid en el punto de mira

La Comunidad que menos lista de espera atestigua es Asturias, seguida de Madrid, aunque, poniendo la mira sobre esta última, figura entre las que más lista de espera quirúrgica tienen, y no está exenta de otras contrariedades.

 La Intervención General de la Comunidad de Madrid ha realizado recientemente un informe sobre el hospital del Tajo y el Infanta Leonor, dos de los grandes proyectos de iniciativa de financiación privada de la administración de Esperanza Aguirre. El organismo ha observado varias deficiencias e irregularidades, como el hecho de que no exista un registro formal de gastos, ni un informe detallando los procesos de adjudicación que han seguido las diferentes contrataciones públicas, además de diversas inconclusiones en la facturación de algunos servicios.

La Administración Central se muestra optimista con los PGE de este año. Cristóbal Montoro, por su parte, aseveró en la presentación que traerán “una oferta de empleo público histórica”, “la mayor de la democracia”.

Las últimas veces que aseguraron creación de empleo se quedaron muy lejos del objetivo que anunciaron, está por ver si en este caso el empleo público consigue el objetivo propuesto y las cifras, dan la razón al discurso de recuperación económica.

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