Derechos | Ni gente sin casa, ni casas sin gente

Por Daniel Seijo 

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Artículo 47 de la Constitución Española

Un artículo, el 47 de nuestra constitución,  más ornamental que efectivo, dedicado en mayor medida a la grandilocuencia de las democracias que quieren aparentar serlo, más que al cumplimiento de un mandato real con los ciudadanos que generación tras generación ayudaron a cimentar esas mismas democracias. Un compromiso constitucional muy alejado de la realidad de los más de tres millones de parados que todavía hoy en España buscan empleo, las más de 700.000 familias que carecen de ningún tipo de ingreso o de ese 27,9% de ciudadanos que a día de hoy, se encuentran en serio riesgo de sufrir los efectos de la pobreza y la exclusión social en nuestro país. En definitiva, un artículo, el 47 de nuestra constitución que no debemos tomar en consideración, simplemente un texto orientativo, pomposo, nada formal o de obligado cumplimiento para nuestros políticos, muy al contrario que esos otros enunciados mucho más notables como el 135, artículo este sí, con el que nuestros particulares judas electos, se encargaron de encadenar las palabras en el ratificadas y los efectos que de ellas se extraían, a nuestras vidas para siempre.

Vivimos en un sistema de gobierno capaz de pisotear y pasar por alto los puntos que en su carta magna defienden a la ciudadanía, mientras la injusticia y la corrupción hacen de nuestros derechos, de nuestro derecho a la vivienda particularmente, un negocio para unos cuantos privilegiados por las particulares reglas de juego de nuestra democraciaUn negocio tiránico y sin alma, en donde instituciones públicas y grandes compañías, caminan en numerosas ocasiones de la mano ante un ciudadano abandonado en plena calle a su suerte. Nada parece importar a nuestra democracia el drama de los desahucios, el dolor de quien abandona su casa por un simple balance empresarial, por una aparente realidad del mercado. Viviendas que en más de una ocasión permanecen vacías ante la incomprensión y la indignación de quienes cuando presenciamos un desahucio, nos sentimos a su vez expulsados de un sistema que no puede representarnos. Resulta imposible sentirse representado ante la realidad de unos gobernantes y una democracia del pillaje y el oportunismo, una democracia en donde incluso las voces débiles pero reclamantes de nuestra justicia, caen en saco roto ante la inmensidad del negocio. Un negocio manchado de la sangre, el dolor y el sufrimiento del pueblo, pero un negocio lucrativo al fin y al cabo supongo.

Vivimos en un sistema de gobierno, capaz de pisotear y pasar por alto los puntos que en su carta magna defienden a la ciudadanía, mientras la injusticia y la corrupción hacen de nuestros derechos, de nuestro derecho a la vivienda particularmente, un negocio para unos cuantos privilegiados por las particulares reglas de juego de nuestra democracia

Existen alternativas al modelo de la vivienda en nuestro país, como la de ejercer el derecho y la obligación en la ciudadanía a la resistencia por todos los medios ante la involución de una democracia que prefiere ver a sus hijos e hijas en la calle, antes de revelarse contra quien quiere mostrarnos al oprimido como el verdadero delincuente. Cita el artículo 47 de nuestra constitución a los poderes públicos como responsables de promover el derecho y las condiciones necesarias para una vivienda digna, unos poderes públicos que hoy más que nunca, ante la incapacidad de las instituciones para garantizar nuestros derechos más básicos, se encuentran representados en los propios ciudadanos. Frente al silencio institucional ante el drama de los desahucios y frente a un sistema dispuesto a mercantilizar sin compasión alguna nuestros derechos constitucionales, resulta necesaria la movilización social para exigir una gestión pública de la vivienda que garantice y facilite el acceso a la misma al conjunto de la ciudadanía. Mientras esto no suceda, cualquier forma de resistencia debería ser considerada legítima frente a quienes expulsan a un ciudadano de su vivienda por meros intereses comerciales.

Ninguna vivienda vacía, ningún ciudadano sin hogar. Ante la especulación inmobiliaria

¡¡Ocupa y resiste!!

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