Derechos | El capitalismo cultural

Por Susana Gómez Nuño

La economización de la cultura ha conducido, inevitablemente, a la industrialización del patrimonio cultural. En este proceso, los museos han sufrido una transformación constituyéndose como productores masivos de arte, al tiempo que su valor como bienes públicos ha quedado indefectiblemente mermado. Esta nueva forma “económica” de entender el arte y los museos va de la mano de políticas culturales que favorecen la integración del capitalismo en un arte cada vez más alejado de su tarea educacional y de sus funciones sociales, ambas vinculadas al desarrollo del juicio estético y la difusión de valores humanos.

Así pues, se hace obvio que los museos y el patrimonio cultural ligados a la industria cultural pierden su valor como entidades al servicio de la comunidad y como herramientas de inclusión social, a la vez que se distancian de la sociedad, en tanto se subyugan al neoliberalismo, convirtiéndose en corporaciones al servicio de las élites, en las que el patrimonio queda restringido y controlado por las mismas. Para paliar estos aspectos negativos que el fantasma de la autarquía hace cada vez más tangibles, se precisa un modelo de museo cercano a la sociedad, que haga viables los proyectos de difusión y conocimiento de la cultura sin las afectaciones especulativas y monopolistas de la industria cultural.

Hablar de museos implica hacer referencia a las diferentes políticas culturales que, aplicadas por el Estado y por diversas entidades privadas, tienen como objetivo incentivar y promover el desarrollo de la cultura. Estos organismos se erigen como gestores del patrimonio cultural y son responsables de instituciones culturales como museos y otros espacios de arte, que se establecen como un presunto espacio neutro o esfera pública, para, posteriormente, pasar a formar parte de la industria cultural, donde prima la economización de la cultura en detrimento de la creatividad y la libertad del consumidor cultural.

Así pues, las políticas culturales tendrán una doble función como facilitadoras de las diferentes estructuras que conservan y financian la cultura y el patrimonio cultural, entendido como el conjunto de bienes con un valor cultural que son preservados y dados a conocer a la población a través de las generaciones, y como reguladoras de los gustos culturales de los ciudadanos. En este punto, es conveniente aludir a las teorías de George Yúdice y Toby Miller, los cuales, otorgaban a la primera función una vertiente política y consideraban la construcción del gusto un elemento biopolítico. Ambos autores conciben la cultura como un elemento de construcción del Estado que se transformará en un modo de legislar el gusto y la estética, proceso que se inicia con la legislación del idioma, elemento cohesionador que compone identidades colectivas y que forma parte del patrimonio cultural inmaterial.

La estética es un mecanismo de legitimación de un poder no impositivo, ya que, una vez derrocado el absolutismo, los gobiernos necesitan desarrollar maneras de ejercer el poder que no fueran coercitivas. Terry Eagleton

El Estado será el estamento legitimado para que el público tenga acceso a la cultura mediante la habilitación de espacios adecuados para ello, que serán concebidos como esferas públicas o espacios supuestamente neutros. No obstante, algunos autores, como Habermas, opinan que esa esfera fue un espacio marcado por la política y critica el ideal de belleza considerándolo eurocéntrico, masculino y burgués. Por su parte, Raymond Williams cuestiona la noción del buen gusto y Pierre Bourdieu considera la construcción del gusto como un instrumento de control de la ciudadanía y de preservación del orden social.

El cambio de paradigma que trae la nueva conceptualización de la cultura como recurso supondrá cambios a la hora de medir su impacto social. Así pues, la economización de la cultura provocará que se mida por sus efectos extrínsecos, no como algo en lo que es necesario invertir, sino como una herramienta que proporcionará soluciones a los problemas sociales, económicos o políticos. Podemos hablar, por tanto, de una nueva metodología basada en indicadores económicos que podrán proporcionarnos datos para medir el impacto social de la cultura entendida como un factor de desarrollo social y económico.

El Museo Guggenheim en Bilbao es un ilustrativo ejemplo de lo expuesto. Por un lado, la inauguración de este museo ha supuesto un efecto positivo respecto a los visitantes, que han generado cuantiosos beneficios económicos, y la imagen de la ciudad, que ha pasado a formar parte de la red de ciudades marca. No obstante, otros análisis son más críticos, puesto que la capacidad de atracción al museo ha decaído debido a la replicación de edificios del mismo arquitecto en otras ciudades; no ha tenido impacto económico en otros sectores, aparte del turismo; no se ha dinamizado la escena cultural local y se ha iniciado un proceso de gentrificación en un barrio céntrico.

En este contexto, los museos, así como el patrimonio cultural en general, adquirirán un doble papel. Por un lado se constituirán como elementos indispensables para atraer el turismo, que generará importantes ganancias, de forma que algunas ciudades serán consideradas, incluso, marcas internacionales, como Barcelona o Bilbao. Pero, por otra parte, se hace evidente la problemática que las políticas culturales al servicio de la producción de la marca y el turismo generan frente a unas necesidades diferentes de la ciudadanía, que quedan sin resolver. Además, la recuperación o regeneración de territorios para la cultura contribuye a la recalificación de los mismos, con la consiguiente subida de precios, lo cual puede ocasionar problemas como la gentrificación, ya mencionada en el caso de Bilbao, que favorece la llegada de clases acomodadas en detrimento de los habitantes originales de la zona que se ven obligados a buscar lugares donde vivir más acordes a sus posibilidades económicas.

La importancia del patrimonio cultural es indiscutible, sin embargo las ciudades necesitan diversificar su oferta para evitar el deterioro de esos lugares emblemáticos, así como cambiar el modelo de explotación de la riqueza cultural, que, como ya hemos comentado antes, acarrea consecuencias negativas para los entornos o comunidades relacionados. Se hace necesario, pues, establecer una serie de elementos diferenciadores como la introducción de tangibles (nuevos elementos urbanos y arquitectura de autor), intangibles (formas de vida, sociabilidad) y eventos sociales (festivales, conciertos) con el objetivo de acumular capital simbólico para su posterior explotación sostenible.

El objetivo inicial de culturizar y acercar el arte a todos los estamentos de la sociedad se transforma mediante el factor económico generando poderosas maquinarias, apoyadas por el Estado, que operan bajo el yugo capitalista.

Ya en sus inicios, la economización en la que se vio envuelta la cultura provocó una crítica feroz por parte de los académicos de la Escuela de Fránkfort, como Adorno, Horkheimer, Benjamin o Habermas, que censuraron duramente una cultura industrializada convertida en entretenimiento de masas que ocultaba una ideología diseñada para perpetuar el capitalismo imperante y manipular al consumidor. Años más tarde, autores como David Hesmondhalgh intentaron romper las connotaciones negativas de la industria cultural otorgándole un papel relevante vinculado al crecimiento económico. No obstante, este modelo, propio de las nuevas industrias culturales, seguía manteniendo la estructura empresarial en la que los elementos culturales continuaban subordinados a los beneficios económicos.

Así pues, el objetivo inicial de culturizar y acercar el arte a todos los estamentos de la sociedad se transforma mediante el factor económico generando poderosas maquinarias, apoyadas por el Estado, que operan bajo el yugo capitalista y que, en su afán por generar beneficios, ponen en marcha lucrativos planes de gestión y rentabilidad para una eficiente sostenibilidad económica de los museos. De esta forma, la acción política sobre la cultura se justifica por sus efectos económicos dejando al margen la democracia cultural para dar paso a una planificación economicista del patrimonio.

No se está poniendo en duda la legitimidad de obtener un rendimiento económico por parte de las instituciones culturales, el cual puede reinvertirse para mejorar los programas culturales, pero siempre sin perder de vista el objetivo social y didáctico de los mismos, y prescindiendo de los arraigados intereses políticos o empresariales que los subvencionan. Nos encontramos, pues, en una dicotomía en la que, por un lado, se demandan y defienden los museos que incentivan el arte y la igualitaria participación ciudadana, así como la independencia de contenidos, y, por otro, se mantiene el modelo actual donde prima el control del patrimonio supeditado a grupos corporativos, ideologías concretas, determinadas clases sociales y fines puramente económicos. Se hace necesario, pues, establecer el interés general como objetivo y un riguroso control democrático que garantice nuestro derecho a la cultura mediante la transparencia en la gestión de los recursos.

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