Cultura | Sobre el anticlericalismo en la Segunda República

Por Romina Martínez

    “Sois ministros de un Rey que no puede ser destronado, porque no subió al trono por votos de los hombres sino por derecho propio, por título de herencia y de conquista. Ni los hombres le pusieron la corona ni los hombres se la quitarán.”
Manuel Irurita, obispo de Barcelona.

La Segunda República Española sigue suscitando todo tipo de opiniones, siendo especialmente comentado uno de los problemas a los que tuvo que enfrentarse este régimen político. La llamada “cuestión religiosa” fue uno de los frentes abiertos más importantes e influyentes a la hora de exasperar los ánimos y desencadenar la crisis que, con el tiempo, conduciría al conflicto fratricida. Incluso actualmente este punto sigue siendo uno de los que mayores debates genera, especialmente a raíz de sucesivas investigaciones que intentan arrojar luz a un asunto tan complejo como éste. Porque aunque la historiografía se ha renovado y algunos estudios han ayudado a mantener una cierta objetividad, las posturas inflexibles han entorpecido este propósito.

Lo cierto es que no son pocos historiadores los que inciden en que una de las causas que arruinó por completo el proyecto republicano fue la violencia a la que se vieron sometidos tanto la Iglesia como los fieles, además del desorden social existente. Por el contrario, otros investigadores consideran que ese anticlericalismo que impregnó algunos sectores republicanos fue la consecuencia directa y natural del sabotaje perpetrado al nuevo régimen por algunos integrantes del clero español y los partidos católicos. Es posible que en ambas afirmaciones se encuentre la verdad, aunque habría que hacer una serie de matizaciones al respecto. Conviene recordar, por ejemplo, que el desorden público que existió durante esos años fue creado tanto por radicales de izquierdas como por los de ideología conservadora. También debería hacerse referencia al decisivo papel que jugaron algunos sectores católicos en ese mencionado caos, ya que es una realidad que la actitud mantenida por algunos de sus integrantes fue una de las causas que agravaron la situación hasta desembocar en la Guerra Civil.

Si nos retrotraemos hasta ese período, resulta fácil llegar a la conclusión de que una amplia mayoría del catolicismo español no se encontraba en disposición de aceptar lo que, por definición, era una república laica. Y es que si bien durante el siglo XIX había habido una cierta evolución religiosa en la mayoría de estados europeos, en España los sectores católicos seguían mostrándose favorables a mantener inalterada la unión entre monarquía y religión. Al producirse el cambio de régimen en 1931, y conocedores de que habían accedido al episcopado individuos de difícil trato y profundas convicciones religiosas durante la dictadura de Primo de Rivera, la Santa Sede decidió recalcar la necesidad de que todo el clero español dejara a un lado sus afinidades ideológicas y mostrara obediencia a las autoridades. Puede afirmarse sin duda que en Roma se vio con desconfianza la proclamación de una república que pronto adquirió unos tintes anticlericales alarmantes, pero la indiferencia ante los sucesos políticos era una constante desde el pontificado de León XIII, quien además había establecido que en el caso de que los derechos y libertades de los católicos no fueran respetados por las autoridades civiles, se debía actuar siempre por las vías legales pertinentes.

Aunque la inmensa mayoría se comprometió a respetar y obedecer a los poderes constituidos, algunos ya mostraron entonces un recelo considerable. Y es que, con un sistema republicano que aún se encontraba “en pañales”, la caída en desgracia de la monarquía pasó a ser visto como la antesala a un episodio apocalíptico en la historia de España. Así, ya en 1931, encontramos cardenales que mostraron una abierta hostilidad en contra de la república. Pedro Segura, cardenal primado de Toledo, escribiría una carta pastoral en donde, además de expresar la obligación que tenían todos los fieles de España a realizar una cruzada de preces y sacrificios, ensalzaría imprudentemente la figura de Alfonso XIII y a la monarquía. La lógica irritación que causaron sus palabras le llevaría a exiliarse del país, obligado por las circunstancias y por un régimen que ya entonces iría mostrándose falto de reacción ante el creciente anticlericalismo. Este exilio, las presiones a las que fueron sometidos diversos obispos integristas que siguieron los pasos de Segura y la quema de conventos (y la consecuente destrucción de patrimonio artístico y litúrgico) acontecido en mayo de ese año fueron los argumentos esgrimidos por los detractores de la Segunda República para defender sus posturas.

La Santa Sede decidió recalcar la necesidad de que todo el clero español dejara a un lado sus afinidades ideológicas y mostrara obediencia a las autoridades

El extremismo presente se manifestaría aún más vehementemente cuando Manuel Azaña, presidente de gobierno, impulsara ciertas medidas destinadas a hacer de España un estado democrático y laico. Y es que Azaña no creía que España debía dejar de ser católica, pero sí pensaba que el peso que había tenido el catolicismo ya no tenía razón de ser en un nuevo sistema en donde los ciudadanos, creyentes o no, ya no se regían como antaño por la religión. Urgía pues, tomar todas las medidas necesarias para evidenciar ese nuevo ciclo a través de sendas leyes que procurarían poner distancia con dos de las instituciones de más larga tradición en España: la Iglesia y el Ejército. Aunque su línea de pensamiento encontró cierto apoyo por parte de algunos cardenales de talante más flexible (como el cardenal Gomá), también le granjearon numerosos detractores al ser malinterpretadas sus palabras e intenciones.

Las reacciones de los sectores más críticos con las políticas republicanas no se hicieron esperar. Gil Robles decidió emplear la vía legal y pacífica para defender sus ideas conservadoras y aglutinar bajo su liderazgo a los opositores, pero el desgaste del juego político y la irremediable polarización favorecería que participara posteriormente en la conspiración que acabaría desembocando en el golpe de Estado y en la Guerra Civil. Algunos eclesiásticos decidieron actuar por su cuenta e inculcaron a todo aquel que quisiera escucharles la idea de que los republicanos en su conjunto perseguían a la Iglesia, y que era posible, a juzgar por recientes ataques a monasterios e iglesias, que en futuros asaltos se iniciara una especie de Terror como el que había acabado con la vida de cientos de religiosos durante la Revolución Francesa. La extrema derecha, decidida a emprender acciones al margen del triunfo político de Gil Robles, se mostraría dispuesta a agudizar la inestabilidad imperante entorpeciendo cualquier presumible acuerdo para una solución pacífica y razonable al “problema religioso”.

Las persecuciones, las tropelías cometidas por los radicales y el clima adverso harían el resto. La Segunda República, herida de muerte entre unos y otros, sucumbiría definitivamente en 1939 después de tres años de duro conflicto que, llevándose por delante la vida de miles de civiles y combatientes, sería interpretada como una cruzada necesaria para salvar a España.

Bibliografía:

Álvarez Tardío, M. Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República Española, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002

Casanova, J. & Gil, C. Historia de España en el siglo XX, Barcelona, Ariel, 2009

Suñer Raguer, H. “La cuestión religiosa en la Segunda República”, Cuestión religiosa y democracia republicana en España (1931-1939). Universidad Pública de Navarra, 2007

Foto:

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