Comienza el juicio contra el activista Lagarder en Sevilla

Roberto Santos

Mañana tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal, número 7 de Sevilla, la vista oral del activista Lagarder Danciu, en la causa abierta por la Policía Local de la capital hispalense, que le acusa de atentado contra la autoridad y desobediencia por tratar de impedir en la madrugada del 21 de octubre el desmantelamiento del Campamento Dignidad, que acogía a 33 personas sin techo.

Según la fiscalía, Lagarder, se habría opuesto a la actuación de la policía local de Sevilla, propinándole incluso varias patadas a uno de los agentes durante el desmantelamiento del campamento. Por todo ello el Ministerio Público le atribuye un delito de atentado a un agente de la autoridad y un delito de lesiones leves por el que le piden un año de cárcel, una multa de 360 euros y una indemnización de 150 euros más para el agente supuestamente agredido.

Para entender bien este caso y qué ha ocurrido aquí, tenemos que retroceder en el tiempo, concretamente al 17 de septiembre de 2015, que es cuando nace el Campamento Dignidad.

¿Qué era el Campamento Dignidad?

Según los últimos datos que he podido encontrar, pertenecientes a Cáritas, en España hay más de 40.000 personas sin techo, datos que prácticamente doblan a los oficiales del Instituto Nacional de Estadística, y eso sin tener en cuenta el millón y medio de familias que viven en nuestro país en infraviviendas, sin servicios mínimos ni ventilación adecuada.

Lagarder Danciu que ha vivido en Sevilla más de 10 años y ha trabajado como profesor especialista en adaptación curricular y como traductor jurado en juzgados, acabó perdiendo su empleo y como consecuencia de ello, siendo víctima de un desahucio. Desde hace un par de años, su primera residencia es la calle. Lo que le llevo a crear con un grupo de personas sin hogar, el 17 de Septiembre de 2015, el conocido como Campamento Dignidad, para protestar y exigir ser tomados en cuenta.

El campamento surgió a raíz del caso de una persona que prácticamente murió en la calle ese verano en la capital andaluza y cuya atención fue derivada a un hospital privado. Esto aglutinó a un grupo de personas que decidieron pasar a la acción. “Montamos duchas, tiendas de campaña. Se convirtió en una pequeña ciudad. Tardábamos media hora en explicar y enseñar todo el campamento a la gente que se acercaba”, explica Danciu.

Según el propio Lagarder: “Se trataba de un espacio de autogestión y presión social para exigir al ayuntamiento que asumiese su responsabilidad con los sin techo”. De hecho, las reivindicaciones eran claras “atención sanitaria básica para las personas sin hogar, plazas fijas para las personas convalecientes y con enfermedades crónicas que están en la calle, la cesión de un espacio de los muchos que hay abandonados en Sevilla para que lo gestionen las personas sin hogar y la auditoría pública del reparto del presupuesto municipal destinado a estas personas”.

El Campamento Dignidad sirvió para dar visibilidad a un colectivo que paradójicamente es absolutamente invisible en nuestra sociedad, gracias a esta acción colectiva de un grupo de sin techos, los medios de comunicación locales y nacionales, empezaron a hablar del tema y la sociedad a conocer un poco más de la problemática que enfrentan a diario.

Las reivindicaciones que hacían también sirvieron para despertar el interés de muchos ciudadanos, que empezaron a preguntarse, ¿por qué las personas sin hogar piden una auditoría del reparto del presupuesto municipal supuestamente destinado a ellos? ¿En qué condiciones se encuentra está gente? ¿Realmente funcionan los albergues? Despertando de repente conciencias, que hasta ese momento habían olvidado que este colectivo existe, porque por desgracia estamos tan acostumbrados a verlos, que ya ni les vemos, como si fuesen parte del mobiliario urbano.

¿Qué pasó con el Campamento Dignidad?

La madrugada del 21 de octubre, 70 policías locales irrumpieron en el Campamento Dignidad, cuando todos estaban durmiendo y sin previo aviso por parte de las autoridades de Sevilla de que esto pudiera producirse. La confusión y el miedo se apoderaron de los que allí se encontraban completamente dormidos, como cualquier otro día de los que estuvieron acampados.

“Estábamos durmiendo en las tiendas de campaña y la Policía llegó sobre las dos de la madrugada, acordonando el campamento. A mí me sacaron siete policías y me rodearon mientras desmantelaban el campamento” me explica Lagarder, mientras recuerda la “rabia y la impotencia” que sintió ante “la impunidad con la que estaban arrasando con todo”.

Mientras me está relatando lo ocurrido, hace un alto en su relato para llamar mi atención sobre una empresa, “Grupo 5”, una empresa de gestión de servicios sociales con sede en Madrid y que actúa en localidades por todo el territorio español.

Grupo 5 ha sido objeto de críticas y acusaciones graves a partir de que el 2 de octubre de 2013 falleciera en el CAM el joven polaco Piotr Piskozub, caso en el que estaban imputados tres médicos y un enfermero del Hospital Universitario Virgen del Rocío, pero al que la Audiencia de Sevilla dio carpetazo definitivamente el pasado 29 de septiembre, apoyándose en el informe definitivo de la autopsia que concluyó que Piotr murió de neumonía y tuberculosis, según la sentencia “no advertimos en los imputados conducta imprudente evaluable en el campo de la infracción penal porque la muerte de Pietr Piskozub se hubiera producido igualmente en las horas siguientes a la atención hospitalaria en el Servicio de Urgencias, aun cuando se hubiera diagnosticado su enfermedad y este hubiera quedado ingresado en el centro médico”.

Pero ojo, porque la misma concluye, que “si bien la actuación de los imputados no fue del todo correcta, pues se omitió la realización de pruebas necesarias para llegar a un diagnóstico acertado, produciéndose, por tanto, la infracción del deber de cuidado, no existe, sin embargo, relación de causalidad con el resultado final, es decir, el fallecimiento del paciente”. Resumiendo, los acusados fueron absueltos, pero el tribunal considera que la actuación médica en el Hospital Universitario Virgen del Rocio, “no fue del todo correcta”.

Los miembros del Campamento Dignidad acusaban además a Grupo 5, de impedir diariamente a personas sin hogar pernoctar en el CNBE habiendo camas libres, a la vez que criticaban falta de transparencia en los criterios de selección, primacía de intereses empresariales sobre la función social del servicio, trato vejatorio por parte del personal, mala calidad de comidas e instalaciones, escaso control por parte del Ayuntamiento y deficiencias en materia de seguridad al hilo del reciente suicidio de una persona sin hogar en el CNBE Virgen de los Reyes y que miembros del Campamento Dignidad denunciaron en el Parlamento de Andalucía.

Para Lagarder es una absoluta vergüenza porque “está todo privatizado, mucha gente se ha suicidado y hasta tirado por la ventana, de los propios albergues y no hay ninguna responsabilidad sobre esto”.

Desde Grupo 5 han desmentido todas las acusaciones que formulaba el Campamento Dignidad y aclaran: Grupo 5 opta a contratos públicos por concurrencia competitiva, que son servicios fiscalizados por organismos públicos sometidos a control y transparencia. El nuestro es un trabajo altamente especializado que requiere una capacitación profesional determinada y todos nuestros trabajadores son profesionales con formación acreditada y experiencia. Estamos sometidos al control continuo del Ayuntamiento de Sevilla, los menús están regulados por Sanidad. En toda la historia de gestión de servicios públicos de Grupo 5 nunca ha tenido una sanción”

Pero volvamos a la noche del 21 de octubre. Lagarder me asegura que la actuación policial de esa noche fue toda una sorpresa ya que “estábamos en negociaciones con el Ayuntamiento de Sevilla, habíamos tenido tres contactos con el responsable de servicios sociales, por lo que nadie se esperaba que fueran a venir a desmantelar el Campamento”.

¿Cómo es posible que en plena negociación con el Ayuntamiento se decida desmantelar el campamento? Y lo más llamativo de todo, ¿por qué hacerlo de madrugada?

Según el Ayuntamiento de Sevilla, en un comunicado emitido tras el desmantelamiento del Campamento Dignidad, explicó que la medida se llevó a cabo ante el inicio de la temporada de invierno y que, con carácter previo, se habían reservado en el albergue municipal plazas suficientes para garantizar alojamiento hasta el mes de febrero”. Además, algunos miembros del consistorio aseguraban que el Campamento se estaba consolidando y empezaba a dar “problemas de seguridad y salubridad que podían afectar a las personas allí ubicadas”.

Y justificaron el horario de la actuación policial, porque consideraron que “era el mejor horario para evitar incidentes”.

El campamento llevaba 33 días, Danciu me explica que habían conseguido una gran autogestión, “montamos duchas, tiendas de campaña. Se convirtió en una pequeña ciudad”. Una pequeña ciudad que ese 21 de octubre a las 2 de la madrugada fue absolutamente arrasada por 70 agentes de la policía local bajo las ordenes del Ayuntamiento de Sevilla, capitaneado por el socialista Juan Espadas. “Quedé horrorizado con esa imagen de tanto despliegue policial, era franquismo puro y duro”, relata Lagarder.

A las 2 de la madrugada, los agentes irrumpieron en el campamento, despertando de forma abrupta a los sin techo que allí dormían, otorgándoles solo 15 minutos para recoger sus pertenencias sin permitir la retirada de objetos que no pudiesen ser llevados por sus manos. El resto de sus pertenencias fueron tiradas a la basura sin ningún tipo de contemplación.

Al activista Lagarder Danciu, responsable del campamento se lo llevaron detenido por desorden público, “me sacaron de la tienda de campaña, me tiraron al suelo, me esposaron y me llevaron detenido al calabozo”, fue puesto en libertad sin cargos 4 horas después. En la comisaria no se le asignó abogado y no se le ofreció asistencia sanitaria tampoco, según relata el propio Danciu.

Tras el desalojo, Participa Sevilla e Izquierda Unida, criticaron al Ayuntamiento por esa actuación, que llego al pleno municipal celebrado el 30 de octubre, en el que PSOE y PP, rechazaron admitir a tramite una moción de urgencia presentada por Participa Sevilla para condenar el desalojo del campamento, además se vivieron auténticos momentos de tensión cuando Danciu fue expulsado del pleno por llamar “fascista” al alcalde, Juan Espadas.

Por su parte, Lagarder denuncia que esta acción de Izquierda Unida y Participa Sevilla, llegó tarde y unicamente buscando el titular, ya que ambos son socios de gobierno junto con el PSOE en la alcaldía de Sevilla. “Ellos estaban muy cabreados conmigo, porque nunca les deje venir a hacerse la foto con el Campamento Dignidad a sus espaldas, si no pueden hacer su propaganda no te apoyan. Ahora están deseosos de que me echen, pero la gente debería recordar que fue justamente Izquierda Unida, junto con el PSOE, quien sacó una ordenanza, que penalizaba con una multa de 300 euros el buscar alimentos en la basura. Luego llegó el PP y aumentó la cuantía de la multa a 750 euros, y salen los de Izquierda Unida echándose las manos a la cabeza…, hipocresía mucha, pero apoyo cero y por eso el Campamento Dignidad acabó fracasando”.

Días después de ese pleno municipal, es cuando le llega la demanda, por la que mañana se abre juicio oral, al activista Lagarder Danciu. Es decir, tras ser liberado a las 4 horas sin cargos de ningún tipo y tras acudir a un pleno del Ayuntamiento y llamar fascista al alcalde, es cuando se interpone la demanda por resistencia a la autoridad y agresiones leves a uno de los agentes.

Para Lagarder,“la policía local de Sevilla, ha perdido toda su credibilidad, esta envuelta en un escándalo de corrupción alucinante”. Y es que desde 2010, la Policía Local de Sevilla se ha visto salpicada por tres principales investigaciones. La más importante y la más reciente está relacionada con el presunto amaño de dos oposiciones convocadas en 2013 para la provisión de 56 y 47 plazas de policía local. En esta causa están procesadas 45 personas, de las cuales 37 son policías locales, 32 de los cuales son los agentes que superaron las oposiciones mencionadas en medio de denuncias por la supuesta filtración del examen- y otros cinco formaban parte del tribunal. En este grupo destaca el superintendente de la Policía Local, Juan José García, así como un inspector jubilado, un subinspector, un oficial y un policía de la junta de personal. Ahí es nada.

En cualquier caso, mañana lo que se juzgara en el Juzgado número 7 de lo Penal de Sevilla, es si realmente existió resistencia a la autoridad y si Danciu causó realmente lesiones de carácter leve al agente de la policía local que lo ha denunciado por ello.

Para saber más sobre el juicio que comienza mañana, me he puesto en contacto también con el abogado de Lagarder, Horacio Pavón, el cual se muestra cauto ante el juicio, pero considera que “tienen posibilidades”, aunque reconoce que será complicado” y es que no podemos olvidar que la declaración de un agente de la autoridad en ejercicio, tiene presunción de veracidad y vale más que la de un ciudadano normal.

En cualquier caso, Horacio se encuentra preparado para el juicio y aunque no me ha querido desvelar nada de la línea de defensa y se ha mostrado cauto, también me ha transmitido cierta seguridad y confianza, que me llevan a pensar, que mal que les pese a muchos, aún tendremos Lagarder para rato.

Deja un comentario

Uso de cookies

Nueva Revolución utiliza cookies, no podemos evitarlo. Al seguir navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies