Entendemos que ser miembro de una Comisión dentro del Congreso de los diputados que va a desarrollar en las próximas fechas una Ley Integral para la protección de los denunciantes de corrupción es incompatible con ser el Alcalde de una corporación municipal que sigue bloqueando la indemnización por el acoso laboral ejercido por el Ayuntamiento de Boadilla a la denunciante de corrupción Ana Garrido Ramos, impidiendo de esta forma la posibilidad de que esta denunciante recupere su estabilidad personal, económica y laboral.
Este bloqueo se viene produciendo estratégica y sistemáticamente desde hace años, mediante la presentación de recursos y petición de unificación de doctrina que por cierto fue rechazada prácticamente en su totalidad por el Tribunal Supremo.
No olvidemos que la Justicia ya se pronunció al respecto, condenando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte por acoso laboral contra Ana Garrido en Enero del 2014, siendo posteriormente ratificada dicha sentencia por el TSJM en septiembre del 2014, estando a día de hoy en manos del Tribunal Supremo a espera de resolución.
Hace dos semanas hicimos llegar desde la Plataforma por la Honestidad una carta (cuyo texto transcribimos en este comunicado) a Antonio González Terol, actual Alcalde de Boadilla del Monte y portavoz del Partido Popular en la Comisión por la calidad democrática y contra la corrupción del Congreso de los diputados, solicitando que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte retirase el segundo recurso interpuesto en el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJM que condena a este Ayuntamiento al pago a Ana Garrido Ramos de la indemnización por acoso laboral tras haber entregado más de 200 folios a la Fiscalía Anticorrupción por los hechos de los que fue testigo mientras desempeñaba su trabajo como funcionaria en el área de Juventud.
Tenemos constancia de que Antonio González Terol ha recibido nuestra carta y que la ha leído. La única respuesta que tenemos en estos momentos, lamentablemente es «que no le ha sentado bien».
Ante la gravedad del asunto, máxime teniendo en cuenta que Antonio González Terol es miembro de la Comisión contra la corrupción del Congreso de los diputados, comisión que va a elaborar la Ley Integral de protección para los denunciantes de corrupción en las próximas fechas, hacemos pública la carta enviada para que tanto la ciudadanía de Boadilla del Monte como la de todo el Estado español juzque por sí misma.
Cabe reseñar además que durante el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte el pasado 28 de octubre (a partir del minuto 01:07:40), Antonio González Terol expresó su voluntad de reconocer la labor realizada por los denunciantes de corrupción, sumándose así a la solicitud realizada por la mayoría de partidos de la oposición, incluyendo en su declaración de forma expresa a Ana Garrido Ramos, ex funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que denunció los hechos delictivos de los que fue testigo durante el mandato del anterior Alcalde, Arturo González Panero (‘el Albondiguilla’), hechos que se engloban dentro del entramado mafioso a nivel estatal conocido como ‘Trama Gürtel’.
Tras las palabras de González Terol al finalizar el citado pleno, la primera teniente de Alcalde, Susana Sánchez-Campos Guerrero, también del Partido Popular, enmendó al propio Alcalde solicitando que Ana Garrido Ramos no debía estar incluida en este reconocimiento. Es sorprendente que dentro de un partido como el Partido Popular, donde la disciplina jerárquica es la forma de organización habitual, en este caso haya sido una excepción, a no ser que esta actuación estuviera pactada antes de la votación del Pleno municipal.
Sorprende más aún si tenemos en cuenta que el Partido Popular de Boadilla debería considerarse el primer beneficiado por las denuncias de Ana Garrido, ya que se supone que ha limpiado de personas deshonestas esta agrupación municipal y ha parado la sangría que estaban sufriendo las arcas municipales debido a conductas presuntamente delictivas de miembros destacados de este partido.
El Ayuntamiento de Boadilla debería retirar el recurso (sufragado, por cierto, con fondos públicos mientras Ana tiene que costearse el pago de sus servicios jurídicos).
No se nos ocurre otra fórmula para que Ana pueda rehacer su vida aunque estamos abiertos a cualquier propuesta que resuelva definitivamente su situación, si realmente tiene interés en proteger a los denunciantes de corrupción y no convertir esto en una afrenta personal.
En caso de no hacerlo, consideramos que Antonio González Terol debe dejar su portavocía en la Comisión contra la corrupción del Congreso de los diputados por falta de coherencia.
¿Con que fin se incluye en la Comisión que va a estudiar la Ley Integral de protección para los denunciantes de corrupción a un Alcalde que no tiene ninguna pretensión de proteger a Ana Garrido como denunciante de corrupción; sino que parece ser el promotor o consentidor de los hechos que agravan su situación, ya que como alcalde del Consistorio está legitimado para proponer y decidir iniciativas respecto al caso que nos ocupa?
Sin duda, se pondría en peligro que se presentase al Pleno del Congreso de los diputados una Ley efectiva contra esta lacra que supone el acoso a las personas que denuncian los hechos delictivos de los que han sido testigos en las instituciones.
Entendemos que como una muestra de coherencia, en calidad de Portavoz del Grupo Popular en la Comisión que velará por la protección a los denunciantes de Corrupción; el señor González Terol debe retirar el recurso del Tribunal Supremo para acabar con el calvario de la denunciante Ana Garrido Ramos, o dar una muestra de su interés real por la protección de dicha denunciante.
En caso de no hacerlo es evidente que no asume con responsabilidad su cargo, y por tanto, solicitamos su dimisión como Portavoz del grupo popular en la Comisión contra la corrupción, antes de que comiencen los trabajos sobre la Ley Integral de protección para los denunciantes de corrupción.
Texto íntegro de la carta enviada a Antonio González Terol desde la Plataforma por la Honestidad:
Estimado Alcalde de Boadilla del Monte: en primer lugar, y dado que se nos ha trasladado su malestar por no haberles invitado a la reunión del pasado 18 de octubre en el Congreso de los diputados, indicarle que no lo hicimos ya que les hemos invitado en varias ocasiones a mantener reuniones para presentarles nuestra proposición de Ley, que como saben presentamos a todos los partidos en el Congreso de los diputados durante los meses de abril y mayo del presente año. Dado que en esa ocasión y pese a nuestras reiteradas solicitudes nunca obtuvimos respuesta, no hemos querido insistir ya que hemos dado por hecho que no les interesa esta materia.
El motivo de esta carta que le hacemos llegar desde la Plataforma por la Honestidad, asociación impulsora de una Ley Integral de protección para los denunciantes de corrupción a nivel estatal y que vela por su protección, valoramos positivamente tras la visualización del pleno celebrado en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte del pasado 28 de octubre, que haya expresado usted su voluntad de reconocer la labor realizada por los denunciantes de corrupción, sumándose así a la solicitud realizada por todos los partidos de la oposición, incluyendo en su declaración de forma expresa a Ana Garrido Ramos, ex funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que denunció los hechos delictivos de los que fue testigo durante el mandato del anterior Alcalde, Arturo González Panero.
No obstante, expresamos nuestra sorpresa por el hecho de que, tras sus palabras al finalizar el citado pleno, la primera teniente de Alcalde, Susana Sánchez-Campos Guerrero, también del Partido Popular, enmendó sus propias palabras, solicitando que Ana Garrido Ramos no debía estar incluida en este reconocimiento a los denunciantes de corrupción, lo cual evidentemente ha generado el rechazo de la propuesta, ya que tienen ustedes mayoría absoluta en el Consistorio.
Creemos que el Partido Popular de Boadilla debería considerarse el primer beneficiado por las denuncias de Ana Garrido, ya que se supone que ha limpiado de personas deshonestas esta agrupación municipal y ha parado la sangría que estaban sufriendo las arcas municipales debido a conductas presuntamente delictivas de miembros destacados de este partido.
Dada la predisposición mostrada por usted durante el pleno, nos reafirmamos en que es necesario e ineludible que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte retire el segundo recurso interpuesto en el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJM que condena a este Ayuntamiento al pago a Ana Garrido Ramos de la indemnización por acoso laboral, sufrido durante el mandato de Arturo González Panero; y tras su dimisión, después de haber entregado más de 200 folios a la Fiscalía Anticorrupción por los hechos de los que fue testigo mientras desempeñaba su trabajo como funcionaria en el área de Juventud.
Ha mostrado usted su predisposición en la Comisión contra la corrupción, de la cual forma usted parte como portavoz del Partido Popular, para trabajar sobre una Ley de protección para los denunciantes de corrupción a nivel estatal. La ciudadanía no entendería que, antes de comenzar esos trabajos, el Ayuntamiento de Boadilla no retirara el citado recurso contra Ana Garrido interpuesto en el Tribunal Supremo. Esa sería sin duda la prueba de que tienen ustedes voluntad real de proteger a estas personas, por lo que le hacemos llegar esta solicitud.
Por nuestra parte haremos pública su decisión, ya sea en favor de Ana o en su contra antes del comiezo de los trabajos de la Subcomisión que tratará esta materia.
Atentamente.
Pedro Arancón, portavoz y presidente de la Plataforma por la Honestidad 
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