Cifuentes y la moción de censura, ¿a los fantasmas del pasado?

Por Roberto Santos

Como ya sabéis, ayer el Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid registró su moción de censura contra el Gobierno de Cristina Cifuentes, porque según ha asegurado su secretario general autonómico, Ramón Espinar, “no pueden borrar su pasado”.

Que sepamos, ni PSOE ni Ciudadanos apoyaran esta iniciativa, aunque con la llegada de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE, puede que nos encontramos con algún cambio de rumbo. En cualquier caso, a día de hoy, la realidad es que no será apoyada por ninguno de estos dos partidos.

Espinar ha rechazado que esta sea una moción de censura contra gobiernos del pasado, que es lo que asegura la señora Cristina Cifuentes, y ha rematado afirmando que “esta es una moción de censura contra dirigentes políticos del presente que no pueden borrar su pasado”.

“Cristina Cifuentes no tiene legitimidad para firmar un solo contrato más en nombre de los madrileños y por eso proponemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea Lorena Ruiz Huerta”, ha añadido Espinar, haciendo una clara referencia a los informes de la UCO que la señalan directamente, así como a la corrupción incesante que no deja de aparecer en el PP de Madrid.

¿Por qué una moción contra Cristina Cifuentes no es cosa del pasado?

Tras conocer que tres informes de la UCO y un escrito del magistrado que instruye el sumario de la trama Púnica, Eloy Velasco, todos con fecha del pasado marzo, hallaron indicios de delito en la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, el cual es curiosamente, uno de los principales donantes para las campañas del PP regional, Podemos plantea justamente está moción de censura.

Vayamos por partes, la adjudicación de dicho contrato a tan valioso empresario, fue adjudicada por una mesa de contratación que presidía la señora Cristina Cifuentes que en ese momento, 2009, era la vicepresidenta del Parlamento regional.
La UCO, en sus conclusiones sostiene que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, debe ser investigada por los delitos de prevaricación continuada y cohecho, a lo que de momento tanto la fiscalía anticorrupción como el juez Velasco se han opuesto férreamente.

Los investigadores de la Guardia Civil, por su lado, consideran que debe ser investigada tras elaborar nada más y nada menos que tres informes: sobre la financiación ilegal del PP, sobre las adjudicaciones al grupo Cantoblanco de Arturo Fernández y un tercero que analiza las declaraciones de los tres funcionarios que acompañaron a Cifuentes en la mesa que examinó las puntuaciones de las ofertas en ese concurso. Dado que la señora Cifuentes es aforada, solo el Tribunal Supremo podría investigarla.

Pero vamos poco a poco, los dos primeros informes de la Guardia Civil recogen las irregularidades en dicha adjudicación y ponen el foco en la presencia de Cifuentes tanto en el comité de expertos como en la mesa que después daría el visto bueno final a la adjudicación. Tras interrogar a los tres funcionarios que firmaron el contrato junto a la ahora presidenta regional, la UCO decidió hacer un nuevo informe “ampliatorio” que sustentaba las afirmaciones de los dos anteriores.

Cifuentes no llegó a la vida política hace 3 días sino hace 35 años

En ese nuevo informe los investigadores de la Guardia Civil aseguran que Cifuentes y los otros tres funcionarios investigados llevaron a cabo “una pluralidad de acciones (…) que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida” a Cantoblanco. Los agentes acusan a uno de los expertos, Isaac Arturo Zubiri, de mentir y consideran que fue quien se encargó de la operativa, pero también creen que “el resto tuvieron que ser participes directos”. Hasta el punto de que según ellos en dicho informe, el conocimiento de la señora Cifuentes de las irregularidades del amaño “ha podido acreditarse de manera indubitada”. Resumiendo, consideran perfectamente acreditada la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid en está operación.

Pero la cosa se pone mejor, porque el pasado seis de marzo el magistrado de la Audiencia Nacional también dio por hecho que existían indicios de delito en el modo en que Arturo Fernández, a través de su conglomerado empresarial, se hizo con la cafetería de la Asamblea, la cual acabo abandonando más adelante por falta de negocio.

El el auto en que decretó la imputación de Arturo Fernández, el extesorero del PP de Madrid durante dos décadas, Bartolomé Beltrán y del consejero de transportes entre 2008 y 2011, José Ignacio Echevarría, Velasco señaló que existen “sólidos indicios de irregularidades penalmente relevantes” en el modo en que se adjudicó la cafetería de la Asamblea al grupo Cantoblanco.

El instructor de la causa sostiene en su escrito: “Aparecen evidencias de que, a través de la cuenta corriente de citada fundación, determinados empresarios y organismos empresariales, ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleados para sufragar gastos electorales no declarados como tales; detectándose en relación con los referidos hechos, sólidos indicios que acreditarían cómo algunos de esos empresarios, con el más sintomático ejemplo de Arturo Fernández, fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas”.

Por todo esto, cabría esperar una investigación a fondo, pero como ya os he dicho, tanto el juez que pronto abandonara el caso para irse a un puesto de nueva creación, como los fiscales anticorrupción, no se encuentran por la labor.

Cifuentes y su carrera política.

Por otro lado, es un poco naïf por parte de Cifuentes querer desvincularse de lo que ha ocurrido en su partido, más que nada, porque ella no llegó a la vida política hace 3 días sino hace 35 años cuando se afilió con solo 17 años a las Nuevas Generaciones de lo que en aquel momento se llamaba, Alianza Popular y que años después pasaría a llamarse, Partido Popular.

Desde entonces Cifuentes ha sido y formado parte de ese partido al que hoy le sale corrupción por todos los costados y no ha sido precisamente una mera militante. En 1989 se presentó a las elecciones al parlamento europeo en el puesto 57 de la candidatura de Alianza Popular.

Desde 1991 hasta enero de 2012, ha sido diputada de la Asamblea de Madrid. Durante todos esos años ha ocupado una auténtica ristra de cargos, entre ellos, los de vicepresidenta primera, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de comisiones como Presidencia, Justicia e Interior; Educación, Vigilancia de las Contrataciones, Cultura y Control del Ente Público Radio Televisión Madrid.

¿Cómo puede decir que es una moción de censura a gobiernos del pasado como si ella no hubiera formado parte de todos esos gobiernos?

Es miembro del Comité de Dirección, del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Regional del PP de Madrid y presidenta del Comité de Derechos y Garantías y entre 2004 y 2008, se hizo cargo de la Secretaría Ejecutiva de Política Territorial del Partido Popular de Madrid.

Además, en todos estos años también le ha dado tiempo a formar parte del Consejo Regional de Patrimonio Histórico y en la Comisión Permanente del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, el Consejo Taurino de la Comunidad de Madrid y el Consejo General de Caja Madrid, que no hace falta que os cuente con acabó esa caja y lo que nos ha costado a todos.

En enero de 2012 fue nombrada Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, donde destacó por su dureza y contundencia contra los ciudadanos que se manifestaban contra la gestión del PP y sus recortes indiscriminados. En esos años, estas fueron algunas de sus actuaciones más comentadas, y está otra, y eso son solo algunos ejemplos.
Y el resto de la historia ya os la sabéis, se convierte en candidata del PP para la Comunidad de Madrid y finalmente, gracias al apoyo de Ciudadanos, consigue hacerse con la presidencia de una comunidad autónoma y que hoy vive avergonzada por los innumerables casos de corrupción que han llevado a personas que trabajaron codo con codo con la señora Cifuentes a prisión, como Ignacio González.

¿Cómo puede decir que es una moción de censura a gobiernos del pasado como si ella no hubiera formado parte de todos esos gobiernos? ¿A dónde miraba ella mientras todas las tramas de corrupción se desarrollaban a su alrededor? ¿Acaso vivió todos esos años en una burbuja? Quizás se pasó todo ese tiempo haciéndose la rubia, pero sea como sea, ella es la única que tiene respuesta a todas esas preguntas.

Sabemos que la moción no va a prosperar, básicamente porque si el PSOE decide finalmente hacerla y unirse a Podemos será bajo la premisa de que sea su candidato, Gabilondo, quien tome el puesto de una cada vez más cuestionada Cristina Cifuentes, que durante un tiempo ha jugado también a erigirse como una heroína dentro de su partido luchando sola contra la corrupción y por la regeneración democrática de este país, hasta que unos informes de la UCO han dilapidado por completo esa imagen que por otro lado ya era demasiado endeble de por sí.

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