CETA, la muerte de la socialdemocracia

Por Jaime Nieto

Está semana se aprobó en la Eurocámara el tratado de libre comercio e inversiones entre la UE y Canadá (CETA) con el apoyo de los diputados españoles del PP, Ciudadanos, nacionalistas de derechas y también del PSOE (puedes consultar sus nombres aquí). En un anterior artículo, señalábamos cómo la aprobación del tratado ahondaría en la ruptura de las dos Europas, un desequilibrio regional analizado desde lo estrictamente comercial. Sin embargo, las heridas más profundas vendrán de la mano de la liberalización de las inversiones que traen consigo estos tratados.

Y es que, efectivamente, el CETA no es solo un tratado comercial, sino también un tratado de inversiones. Este regalo envenenado solo lo pudimos conocer tras la liberación por parte de Greenpeace de los documentos que la Eurocámara y el Parlamento canadiense escondían a la ciudadanía. ¿En qué consiste? En teoría, protegen las inversiones realizadas por empresas (trasnacionales) en el territorio de la contraparte ante cambios en la legislación. Como siempre, ilustrémoslo con un ejemplo. En 2011, tras la catástrofe de Fukushima, el gobierno alemán anuncia el desmantelamiento de su industria nuclear para 2022. Vattenfall, energética sueca con centrales en Alemania, interpuso una denuncia contra el gobierno alemán por el perjuicio que para sus inversiones esto suponía. Antes, esa misma empresa, ya había doblado el brazo al todopoderoso gobierno alemán en una situación similar. Entendía la empresa nórdica que la nueva regulación ambiental alemana perjudicaba sus plantas de carbón y, finalmente, logró que se rebajara esta regulación con importantes consecuencias para la contaminación atmosférica y del agua (río Elba). Ambas se llevaron a cabo en virtud de tratados similares al de inversión que acompaña al CETA.

El PSOE y los partidos socialdemócratas europeos se han autoimpuesto un “techo de cristal” que frena cualquier intento de abandonar la vía socio-liberal.

Estos litigios, además, se dirimen en tribunales de arbitraje al margen del sistema judicial y del derecho internacional en lo que José A. Araujo ha dado en llamar “la privatización de la regulación” (en la revista Papeles, en un número significativamente dedicado a la corrupción). El CETA eleva a la máxima categoría normativa el tratado de libre inversión que viene con dos trampas adicionales. La condena del CETA va a durar 20 años por lo menos, ya que estos son los años que deben pasar desde que se derogue legalmente hasta que deje de estar en vigor, con la excusa de proteger las inversiones realizadas hasta el año de su derogación. Por otro lado, para sortear el momentáneo bloqueo al TTIP, las grandes corporaciones estadounidenses podrán utilizar sus filiales canadienses para servirse de él por la puerta de atrás. El CETA es un auténtico golpe contra la democracia y, en concreto, contra las políticas progresistas.

De esta manera, por ejemplo, la remunicipalización de servicios como el del ciclo del agua será imposible con un tratado de inversiones como el CETA (denominada “cláusula trinquete”). A partir de ahora, en todo sector en el que haya inversiones privadas será más difícil la intervención pública. Y esto incluye, y muy especialmente por su carácter, la educación y la sanidad. ¿Qué piensan en las delegaciones municipales de los partidos socialdemócratas sobre la aprobación del CETA? ¿Los gobiernos municipales en manos o apoyados por el PSOE con procesos de remunicipalización de servicios son conscientes de la “cláusula trinquete”? El desmantelamiento de la industria nuclear en aquellos países en los que haya inversiones canadienses (o estadounidenses a través de sus filiales) será ahora más complicado. Los países en los que los socialdemócratas aboguen por las energías limpias y renovables lo tendrán más difícil gracias a sus compañeros/as en Bruselas. La regulación en materia ambiental tendrá que adaptarse a las necesidades de las trasnacionales. Además de pulsos menos “mediáticos” como el llevado a cabo por Vattenfall contra Alemania, esto supone un espaldarazo a la entrada del fracking en Europa. Canadá es una de las mayores potencias en la extracción de petróleos de baja calidad a través del fracking y sus empresas son las más importantes del planeta. Con el CETA aprobado, ¿qué posibilidad de resistir tienen los municipios y regiones –en algunos casos con apoyo del PSOE en España- que se han declarado libres de fracking? ¿Las políticas medioambientales van a desaparecer de los programas socialdemócratas?

las heridas más profundas vendrán de la mano de la liberalización de las inversiones que traen consigo estos tratados.

La legislación laboral también queda arrinconada. Se podría llegar al extremo en el que una nueva reforma laboral favorable a las/os trabajadoras/es pueda ser interpretada como un ataque a la competitividad de las multinacionales situadas en nuestro territorio. Las grandes corporaciones trasnacionales llevarían el caso a estos dudosos tribunales de arbitraje donde la parte privada tiene todas las de ganar y la nueva norma podría ser echada para atrás. ¿Han pensado en esto los/as eurodiputados/as socialdemócratas que en sus respectivos programas incluyen una nueva legislación laboral?

Las contradicciones en las que lleva incurriendo la socialdemocracia desde que iniciara su giro socio-liberal con la Tercera Vía de Tony Blair entran en un callejón sin salida en la era de los grandes tratados de libre comercio e inversiones. Es cierto que la socialdemocracia reacciona tímidamente pero, ¿termina de cristalizar? Un partido demócrata (EE.UU.) en manos de Sanders en EE.UU., una victoria de Corbyn en Gran Bretaña, buenos resultados del gobierno portugués, una victoria de Hamon en Francia y (con muchos matices) Syriza y Podemos. Por desgracia, aunque esta vuelta a las raíces cobrara forma, con el CETA ya es demasiado tarde, pues estará en vigor al menos otros 20 años, con consecuencias devastadoras para las políticas de izquierdas. El PSOE y los partidos socialdemócratas europeos se han autoimpuesto un “techo de cristal” que frena cualquier intento de abandonar la vía socio-liberal. ¿Serán capaces de sobrevivir a sí mismos? ¿Será capaz la ciudadanía de organizar alternativas desde abajo que ocupen y amplíen este espacio político abandonado?

 

1 Comment

  1. Bien, se abordan varios temas complejos y difíciles, que necesitan una discusión profunda y soluciones inmediatas.
    1- El problema de jerarquía de leyes, y la fuente de autoridad definitiva.
    2- El problema de quien redacta las leyes.
    3- El problema de la valides temporal de una ley.

    Para tratar estos temas, primero hay que aclarar, cual es el propósito de la sociedad. Se necesita de un destino, para saber cual es el mejor camino a tomar. Sin una meta definida, clara, las discusiones sobre este tema, terminan naufragando en el mar de las posibilidades. https://nuevarevolucion.es/divulgacion-proposito-la-nueva-sociedad-definiciones/

    1- las leyes, norman las conductas de una sociedad, su jerarquía debería estar conforme al bienestar colectivo mayor.
    2- las leyes deben poder ser redactadas por cualquier persona o grupo sin mas limitaciones que su propia capacidad. No podemos dejar esto, solo en manos de abogados, congresistas o presidentes, como hacemos ahora. ¿quien las aprueba? es otro tema.
    3- este asunto es muy técnico, ¿una ley puede ser retroactiva?, habría que consultar a los afectados en cada sector, y ver si se puede hacer una generalidad.

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