Catalunya, el ocaso de los dioses

Por Daniel Seijo | Ilustración ElKoko

Cuando el 2 de junio de 2014, Juan Carlos I manifestó su disposición a renunciar a la corona para entregársela a su hijo Felipe, el por entonces jefe de Estado era plenamente consciente de que su tiempo había acabado, muy probablemente también podía presentir en ello el fin de toda una época.

Tras un largo letargo la abdicación del monarca directamente legitimado por la dictadura, suponía una firme señal de que los españoles tímidamente comenzaban a perder el miedo a una transición llevada a cabo bajo la firme amenaza de los ruidos de sable del ejercito y el miedo palpable de una ciudadanía, que era plenamente consciente de que la muerte del dictador en su cama para nada significaba que se hubiese eliminado de un plumazo la amenaza de todo un tejido de poder, que en esencia permanecía inalterable.

La detención de altos cargos de la Generalitat, los operativos para intervenir material censal, la suspensión de actos a favor del derecho a decidir y el acoso sistemático a ciertos medios de comunicación con el objetivo de dificultar el ejercicio de la libertad informativa sobre el referéndum, nos recuerda una vez más las graves carencias de un sistema heredado de una dictadura fascista. Una herencia envenenada en forma de juramente al propio dictador y a todas sus leyes, concretamente el sucesor de la monarquía surgida del 18 de julio, Juan Carlos I, juro ‘lealtad a su excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino’.

Tan solo la presión popular y la convocatoria inmediata de nuevas elecciones a nivel estatal, pueden permitir encarar un proceso de reforma constitucional que entre otros muchos cambios, permita una consulta popular pactada en Catalunya capaz de poner fin a un choque de trenes que ni una derecha autoritaria, ni una izquierda temerosa parecen capaces de evitar

El “surgimiento” de la institución monárquica permitía cerrar las puertas al la legitimidad republicana, al mismo tiempo que la implementación de una particular concepción de la libertad de expresión y de prensa, apoyada por un eficiente órgano policial y judicial, lograba soterrar las voces más discordantes con el modelo económico y social del estado. A su vez, la implementación del modelo autonómico como base territorial, pretendía postergar, sino soterrar para siempre, los sentimientos nacionales que directamente cuestionaban la firme unidad de España. El sistema resultante de la transición española dejaba todo atado y bien atado, para la élite franquista tras la muerte en cama del dictador.

Un decorado democrático que ha tardado nada menos que treinta y ocho años en desplomarse. Al igual que no fue Botsuana, ni sus escarceos amorosos, ni tan siquiera la corrupción la que acabo con el reinado del ciudadano Juan Carlos, el pulso entre Catalunya y España por el referéndum  del 1 de octubre no será lo que derrumbe la monarquía constitucional española, aunque con toda probabilidad contribuya de manera definitiva a ello. El auge independentista en Catalunya supone la captura a gran formato de un proceso con numerosos precedentes políticos que hoy tras las continuas provocaciones del Partido Popular, ejercidas de forma partidistas y con escasa responsabilidad de estado, finalmente encara con una amplia mayoría social un proceso de ruptura con la rigidez constitucional del estado.

El Procés Constituent de Catalunya supone sin duda el síntoma más evidente de un estado inflexible y autoritario con la diversidad de sus territorios y sus ciudadanos. Ayer dijeron no al referéndum por la República, se negaron a modificar una ley de partidos claramente desproporcionada e impidieron cualquier posibilidad de un modelo económico alternativo al liberal cuando sin consulta popular alguna modificaron el artículo 135 de nuestra Constitución, pero hoy sin sonrojarse, piden diálogo y respeto a esa misma Carta Magna en cuyo nombre el Partido Popular interviene las cuentas catalanas y suspende de facto la autonomía en Catalunya.

El discurso del Estado Español es el de que solo el control del uso la fuerza otorga finalmente legitimidad a una nación, un discurso apoyado en la imagen de las unidades antidisturbios embarcando en puertos españoles rumbo a Catalunya con la firme intención de reprimir a un pueblo que únicamente reclama su derecho a votar. Los mismos que defendieron el golpe de estado contra la legitimidad republicana, se empeñan hoy en defender a capa y espada el inmovilismo de una constitución que simplemente necesita de una reforma para garantizar el derecho a decidir de un pueblo. Un derecho  que a todas luces parece ser lo que realmente preocupa a quienes nos gobiernan.

El sucesor de la monarquía surgida del 18 de julio, Juan Carlos I, juro ‘lealtad a su excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino’

A día de hoy la retirada de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, no supondría cambio alguno en un proceso que inteligentemente el Govern ha sabido delegar justo a tiempo en las calles y plazas de Catalunya. No se pueden respetar los procedimientos estipulados ante a un Estado que decide hacer uso de la Guardia Civil, en lugar de convocar a un comité  de juristas y sociólogos para solucionar una profunda crisis estructural.

Hoy es tiempo de alternativa, tiempo de cambio y también es tiempo de ruptura. Tan solo la presión popular y la convocatoria inmediata de nuevas elecciones a nivel estatal, pueden permitir encarar un proceso de reforma (sino reconstrucción) constitucional que entre otros muchos cambios, permita una consulta popular pactada en Catalunya capaz de poner fin a un choque de trenes que ni una derecha autoritaria, ni una izquierda temerosa parecen capaces de evitar.

“Las ideas no necesitan ni de las armas, en la medida en que sean capaces de conquistar a las grandes masas”. 

Fidel Castro

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